Los teléfonos de los bufetes fiscalistas echaban humo este jueves. A las miles de personas que tenían dinero oculto y que lo regularizaron aprovechando la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro en 2012 no les llegaba la camisa al cuerpo. "¿No me habías dicho que con la declaración especial no se nos podía investigar? Entonces, ¿cómo se explica lo de Rato?". Y los abogados que gestionaron el proceso se las veían y deseaban para tranquilizar a sus clientes con el argumento generalizado de que "Rato es Rato, es un político y un banquero, y han ido a por él. A ti no te conoce nadie, así que puedes estar tranquilo".
Este fue uno de los puntos más polémicos de la amnistía fiscal, que hizo quemucha gente rechazara acogerse a ella o, cuando menos, que se lo pensara hasta el último minuto; de hecho, el grueso de las regularizaciones se presentaron en los últimos días del plazo, e incluso se consideró la posibilidad de ampliarlo. Como es sabido, el Gobierno se negó a instrumentar esta regularización extraordinaria mediante una ley o real decreto, y lo hizo mediante una mera orden ministerial que aprobaba simplemente un modelo de declaración, lo cual dejaba un montón de cuestiones abiertas.
Algunas de ellas quedaron resueltas por consultas a la Dirección General de Tributos, como la garantía de que no habría que pagar por el dinero procedente de ejercicios prescritos, siguiendo el precedente de los incluidos en la lista Falciani durante la etapa socialista. Sin embargo, Hacienda se resistió a prometer –por la presión de los inspectores y los técnicos de Hacienda– queacogerse a la amnistía suponía una excusa absolutoria que impidiera que se investigara al contribuyente.
Finalmente, se llegó a una solución intermedia: los bienes regularizados no serían objeto de una investigación por delito fiscal, pero sí se podría iniciar un proceso penal por delito de blanqueo de capitales, siempre que el delito antecedente (es decir, por el que se ha obtenido el dinero blanqueado) no fuera el delito fiscal. Este planteamiento ha sido utilizado por Jordi Pujol para solicitar que se retire su imputación por este último tipo penal.
Rato sí es acusado de delito fiscal
Pero no pasaba de ser algo informal. En el caso de Rodrigo Rato, la investigación abierta por el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales) se refería exclusivamente a blanqueo, siguiendo esta lógica. Sin embargo, el titular del juzgado número 35 de Madrid, Enrique de la Hoz, le acusa también de alzamiento de bienes y de delito fiscal, lo que ha contribuido a ese pánico entre el resto de los amnistiados. Tampoco contribuye a su tranquilidad la confusión sobre quién ha ordenado la operación (Sepblac, Hacienda, fiscalía...) y sobre el motivo de las acusaciones, ya que nadie sabe cuál es el supuesto origen delictivo del patrimonio del expresidente de Bankia.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
El Ministerio de Hacienda siempre ha sostenido que no se trataba de una amnistía fiscal porque no eximía de ser investigado por posibles delitos y, además, obligaba a tributar a partir de ahora en España por el rendimiento del patrimonio aflorado. Finalmente, se complementaba con una declaración obligatoria de bienes en el extranjero que amenazaba con fuertes sanciones si se ocultaba algo y Hacienda lo descubría, con el fin de incentivar que los evasores se acogieran a la regularización extraordinaria. Según fuentes del departamento de Cristóbal Montoro, "ahora queda claro que, de amnistía, nada de nada".
"Quiebra de la seguridad jurídica"
"Es una nueva quiebra del principio de seguridad jurídica", se quejan desde un despacho especializado en fiscalidad. "No puedes decirle a la gente que regularice sin miedo porque no la van a investigar, y después incumplirlo a la primera de cambio. Pero este Gobierno ya ha tomado varias medidas que crean inseguridad, e incluso retroactivas, en materia fiscal". Otra fuente del sector añade que "Montoro, cuando quiere, habla de contribuyentes concretos, como Monedero o los actores, y eso asusta todavía más a nuestros clientes".
En principio, Hacienda y el Sepblac sólo están investigando a 705 de los aproximadamente 30.000 evasores que se acogieron a la amnistía, porque se trata de los llamados PEP (public exposed person), es decir, funcionarios o cargos públicos que no deberían tener elevados patrimonios ocultos en el extranjero, o bien están incursos en procedimientos penales, como es el caso de Rato. Pero el resto están mucho más intranquilos después de lo sucedido ayer en Madrid. Como decía un experto anoche, "no va a haber más amnistías fiscales en España porque nadie se va a apuntar".
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