Economistas frente a la crísis ...

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, POLÍTICA DE VIVIENDA Y MODELO DE DESARROLLO

Por Mónica Melle, Profesora Titular de Economía Financiera de la UCM y miembro deEconomistas Frente a la Crisis EFC.

¿Qué modelo de crecimiento queremos para nuestro país? Los Gobiernos autonómicos, y también los municipales, juegan un papel determinante en el diseño de ese modelo, a través de sus competencias en materia de ordenación del territorio.

 ¿Queremos un modelo sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental? La ordenación del territorio condiciona el modelo de crecimiento y desarrollo. Es posible desarrollar un urbanismo proactivo con la estrategia de reindustrialización.

 Sin embargo, durante los últimos 20 años, el modelo de la economía española se ha basado principalmente en un acceso fácil, e incluso temerario, al crédito inmobiliario, sobre todo destinado a promotores y a la compra de suelo, y en el estímulo especulativo de las actividades asociadas a la promoción inmobiliaria y a la construcción.

 Un crecimiento auspiciado por la creciente desregulación y por las sucesivas leyes de suelo que se han ido aprobando. Una política neoliberal que se ha sumado al abandono de la política industrial, a la opacidad en las políticas municipales de ordenación del territorio y a la extensión de la compra de vivienda frente al fomento del alquiler.

 Lo que nos ha conducido a un modelo productivo muy poco diversificado, orientado básicamente al sector servicios, desequilibrado sectorialmente (el sector industrial ha ido perdiendo peso de forma continuada), y muy vulnerable a condiciones adversas. De hecho está sufriendo en mayor medida las devastadoras consecuencias de esta crisis, principalmente en términos de aumento de las desigualdades, con unas cifras insoportables de paro y con una dramática precarización del empleo.

 ¿Y qué tipo de empleos queremos? Porque la ordenación del territorio condiciona el modelo de crecimiento, y a la vez la calidad del empleo y las condiciones de vida de los ciudadanos.

 ¿Queremos generar empleos de calidad, estables y sostenidos en el tiempo?

Se debe entonces propiciar un cambio de modelo productivo y mejorar la competitividad de la economía, que depende más de factores intangibles, como la I+D+i y la formación, y no de los costes laborales a la baja. También son factores clave las infraestructuras logísticas, de comunicaciones y de telecomunicaciones, que garanticen la accesibilidad en todo el territorio a través de una red viaria integrada, que impulsen los futuros ejes ferroviarios que nuestro país pueda necesitar, que proporcionen unas infraestructuras logísticas de referencia y calidad, y que vertebren a los ciudadanos y a las empresas, sea cual sea su localización, a través de una red de telecomunicaciones de banda ancha, que convierta nuestro territorio en smart lands.

 En definitiva, no bastan las políticas de demanda. Son precisas políticas de oferta que subsanen las ineficiencias del mercado. Nuestro tejido empresarial es esencialmente de pequeñas y medianas empresas. Según el Directorio Central de Empresas del INE, de 1.120.000 empresas españolas, tan sólo 10.790 tienen más de 100 trabajadores. Si se quiere facilitar el acceso de nuestras PYMES a la I+D+i, que por su reducido tamaño es muy difícil que puedan contar con departamentos propios de Investigación y Desarrollo, habrá que planificar e impulsar infraestructuras científico-tecnológicas en el territorio. Sin embargo, hoy muchos de los parques tecnológicos son eriales prácticamente abandonados.

 La ordenación del territorio también condiciona el acceso a la vivienda. La crisis económica ha afectado de forma directa, profunda y compleja, al acceso a la vivienda y también al mantenimiento de la misma. El paro y la reducción de salarios hacen muy difícil afrontar al pago de las hipotecas o de las rentas del alquiler.

 Estamos viviendo el drama de los desahucios. Según datos del Colegio de Registradores, en 2012 se produjeron 30.034 desahucios de primeras viviendas. Según el Banco de España, las “entregas de viviendas” habituales fueron 39.051 en 2012 y 38.961 en 2013. De ellas, 17.907 fueron “entregas voluntarias” (de las cuales, 13.178 fueron daciones en pago) y “entregas judiciales” las otras 21.054 (de las cuales, 1.668 eran viviendas ocupadas). Pero todos estos son datos de ejecuciones hipotecarias, a las que habría que sumar los lanzamientos en juicios arrendaticios.

 En España existe una sobreoferta de viviendas, y en paralelo hay personas que no pueden vivir bajo un techo. Se están sufriendo a la vez drásticos recortes de la financiación pública de las políticas de vivienda, prácticamente se ha congelado la oferta de vivienda protegida. Esta congelación de la oferta social y, en particular, de la oferta pública tendrá consecuencias nefastas cuando se reactive el mercado inmobiliario.

 La Comunidades tienen competencias exclusivas sobre urbanismo y vivienda. La solución al problema de los desahucios no debería afrontarse aislada y fragmentariamente, sino mediante Leyes autonómicas reguladoras del Derecho a la Vivienda, que den desarrollo integral al derecho constitucional consagrado en el artículo 47 de la Constitución. Leyes que busquen un desarrollo social y ambientalmente sostenible, con medidas de articulación o coordinación entre la planificación del suelo y la planificación de vivienda (como hace ya la Ley de Andalucía), para impulsar una oferta de vivienda social sostenida y sostenible, preferentemente en régimen temporal (alquiler o derecho de superficie).

 En colaboración con los Ayuntamientos y con entidades privadas y del tercer sector, es posible además crear un parque regional de alojamientos sociales, integrado por viviendas protegidas públicas en alquiler, alojamientos colectivos de la red asistencial, viviendas o alojamientos concertados con entidades sin ánimo de lucro, etc.

Es también preciso fomentar la conservación y rehabilitación, con criterios de accesibilidad universal y eficiencia energética, de los edificios residenciales, combatir la degradación de los antiguos y el mobbing o acoso inmobiliario (como hace la Ley de Cataluña).

 Las Comunidades Autónomas deben además impulsar medidas que garanticen el disfrute una vivienda o alojamiento digno a todas las personas y en particular a los colectivos más vulnerables o en mayor riesgo de exclusión, como son los desahuciados. Mediante leyes que garanticen el disfrute efectivo de un alojamiento digno y adecuado en un plazo máximo de un mes a todas las personas que así lo soliciten y se encuentren en una situación de necesidad o en peligro inminente de padecerla.

 Garantizar el derecho a una vivienda digna no sólo a los desahuciados y a los sin techo, también a las víctimas de violencia de género que deban abandonar provisional pero urgentemente su vivienda, etc. (existen precedentes en el Reino Unido -homelessness acts- y en Francia -Loi DALO-).

Sin olvidar a nuestros jóvenes, muchos de ellos forzados a emigrar, que representan el presente y futuro de nuestro país. Las Administraciones Públicas deben garantizarles su derecho a una vivienda digna que les permita hacer realidad su derecho a iniciar una vida por su cuenta. Esta es en definitiva la parte humana y más importante del desarrollo sostenido y sostenible.

Este artículo fue publicado en el nº 11 de la revista “Argumentos Socialistas”. Se publica en esta web con autorización de la autora.