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Además de seguir la consigna oficial ante el caso Rato (“la ley es para todos”), en el PP, su grupo parlamentario y entre los candidatos que se examinan el 24 de mayo esperan del Gobierno que recupere la iniciativa política para salvar la campaña de las elecciones autonómicas y municipales. Y si se ha filtrado la investigación sobre el ex vicepresidente económico se preguntan por qué no salen datos sobre los ex altos cargos del PSOE que dicen que están en la lista de los 705 sospechosos de lo mismo y que obra en poder de la misma Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), organismo dependiente del Ministerio de Economía de donde habría salido el caso Rato.
El ex director del FMI ha dado a su antiguo partido tres disgustos en lo que va de legislatura: primero el agujero que obligó a nacionalizar Bankia, luego el caso de las tarjetas opacas por el que le pidieron la baja y ahora las conocidas acusaciones de delito fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El problema de la sombra de Rato que en la sede de Génova creían amortizado desde octubre pasado renace en plena precampaña electoral.
En el PP no saben si el asunto les viene peor porque el ex ministro sigue siendo para la opinión pública un referente del partido o porque el caso sepultará el lanzamiento de sus candidatos. Pero es considerado un desastre completo por mucho que cunda en algunos medios la teoría de que el Ejecutivo ha hecho saltar el escándalo para demostrar que no le tiembla la mano contra la corrupción ni siquiera cuando afecta a los suyos. Y para que no se repita la torpe y lenta reacción ante el caso Bárcenas.
Todos los sectores de la formación en el poder y todas las generaciones de sus dirigentes, desde los más nuevos a los antiguos colaboradores del ex vicepresidente, consideran que el episodio es letal para sus aspiraciones de remontar en intención de voto ante el 24 de mayo. Cosa distinta es que esta vez los portavoces del Gobierno, del partido y del grupo parlamentario hayancoordinado sus mensajes para intentar dar la vuelta a las consecuencias del caso. “Si el escándalo ha salido -dicen-, aunque no se sepa bien cómo y perjudique abiertamente al PP, presentémonos como ejemplo de eficacia frente al fraude y los mayores defensores de la ley ante la corrupción”.
No obstante, en fuentes del PP reconocen que la procesión va por dentro. Prevalece la teoría de que la filtración ha podido salir de Sepblac (dependiente del independiente ministro de Economía, Luis de Guindos), pero insisten en que este Gobierno no puede, no debe y no sabe manejar los tiempos de los jueces. Los principales dirigentes del partido y portavoces parlamentarios se enteraron del caso Rato por los medios de comunicación y en directo en sus despachos de Génova y del Congreso.
Las primeras reacciones fueron de incredulidad general, después vinieron las de indignación entre los supervivientes de su época con cargos en el grupo parlamentario al ver la pena de telediario que recibía su ex jefe y todavía amigo. No entendían que el presidente del Gobierno permitiera ese maltrato público a Rato. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se tuvo que encargar de dar algunas explicaciones y hasta ánimos a los más afectados. Ni el Gobierno había organizado cacería alguna contra el ex vicepresidente ni convenía a nadie salir en su defensa por el asunto en cuestión. El juez podía tener material de sobra para actuar por los tres delitos que se citan. Los receptores de los comentarios del ministro han guardado silencio y ninguno ha protestado en público por la actuación judicial.
Ante las repercusiones del caso Rato sobre la campaña electoral sí que hay una angustia añadida en el PP. Unos reclaman que Rajoy, el Gobierno, asuma esta vez el coste del desgaste, que concentre sobre los ministerios económicos el problema para ver si los candidatos que compiten en las elecciones se libran de responder por el escándalo. Otros añaden sin disimulo que sólo la aparición de un caso similar sobre ex dirigentes políticos de otro color (el del PSOE) podría servir para paliar los daños. “Si ha habido unafiltración sobre unos de los nuestros también puede haber otra de los socialistas”, comentan en fuentes del PP.
Entre los 705 ciudadanos que el Sepblac investiga se sabe que hay personalidades con militancia o vínculos políticos claros con partidos que han estado o están en el poder, central o autonómico. El argumento gubernamental en contra de airear esos casos antes de que los jueces entren en materia es que sería perjudicial para todos, además de descarado. A lo que replican en el PP que no lo debería de hacer directamente el Gobierno y que, de momento, quienes tienen un problema de imagen añadido en puertas de unas elecciones son los populares.
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