PSOE y C's ahorrarían 4.870 millones anuales con su plan sobre diputaciones
- Sólo 27.500 de los 62.000 trabajadores han obtenido plaza por oposición
- Eliminarán sólo las 38 de Régimen Común, más 'baratas' que las forales
- Gran parte de sus ingresos proviene de porcentajes cedidos de impuestos
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Las diputaciones españolas, en el punto de mira tras el pacto de Gobierno entre PSOE y Ciudadanos que incluye su supresión parcial, costaron al erario público algo más de 22.309 millones en 2015, según datos de ingresos facilitados por el Ministerio de Hacienda a elEconomista. El plan de estos dos partidos, que pretenden eliminar únicamente las diputaciones de Régimen Común, ahorraría unos 4.870 millones anuales, según cálculos de este periódico.
La razón fundamental reside en que mantendrán en el mapa las Diputaciones forales de País Vasco y Navarra, cuya actividad está regulada por los conciertos económicos bilaterales que ambas comunidades mantienen en el Estado y que, por otra parte, son las más costosas -más de 13.800 millones-.
En concreto, nuestro país cuenta con 38 Diputaciones de Régimen Común, las pertenecientes a las provincias de Galicia, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Más allá, las Islas Canarias cuentan, cada una de ellas, con un Cabildo insular, y Baleares, con consejos insulares en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
El mapa se completa con las Diputaciones forales vascas y navarras, ya que otras cinco regiones (Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid y Murcia) carecen de estas entidades al ser uniprovinciales. En estos casos, los gobiernos autonómicos son los que asumen directamente las competencias atribuidas a las diputaciones.
Los ingresos de las mismas llegan a través de tres vías. Anualmente reciben un pequeño porcentaje de lo que se recauda a través de IRPF, IVA, Alcohol, Tabaco e Hidrocarburos, por lo que si la economía crece y se recauda más, mejoran su financiación. Después, el Estado les otorga una cantidad extra para atender servicios sanitarios y otra a través del llamado Fondo Complementario de Compensación.
Entidades muy polémicas
La cuestión de las diputaciones lleva levantando polémica varios años, sobre todo a raíz de escándalos tan sonados como el de Carlos Fabra, procesado por diversos delitos fiscales, de cohecho y de tráfico de influencias mientras ostentaba la presidencia de la Diputación de Castellón. O el de José Luis Baltar, al frente de la Diputación de Orense y acusado por la Justicia de contratar irregularmente a más de 100 personas.
Su papel, en principio ideado para prestar servicios sociales a municipios de tamaño reducido (transporte, sanidad, educación y otros), ha sido puesto en tela de juicio por diversas razones. La primera, por la poca claridad de sus competencias, habitualmente a caballo entre las de las comunidades autónomas y las de las entidades locales. La segunda, por su personal laboral.
A día de hoy, más de 62.100 personas trabajan para las diputaciones, pero solo 27.535 han obtenido plaza a través de oposiciones. El resto, más de 34.600, es personal contratado. Y ahí viene uno de los problemas más graves: los partidos políticos, que son quienes controlan las diputaciones a través de sus resultados electorales, tienen vía libre para contratar asesores, y no siempre lo han hecho en función de méritos, tal y como demostró el caso Baltar.
Los numerosos escándalos han llegado a provocar que tanto el PP, cuando era oposición al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, como el PSOE, en el momento en el que estaba al frente Alfredo Pérez Rubalcaba, llegaron a defender la supresión de estos organismos. Sin embargo, y cuando estos partidos alcanzaban el poder, modulaban su discurso y mantenían sin cambios el estatus competencial y de funcionamiento de las diputaciones.
Un coste elevado
El esquema presupuestario de las diputaciones arroja que las forales son las más costosas. Después vienen las ocho de Andalucía, que en conjunto reciben más de 1.128 millones, y las de Cataluña, con 950 millones. Pero en este caso no hay diferencias entre territorios, ya que los presupuestos se distribuyen en función de la población a la que atienden. Así, la de Barcelona, que presta servicios a algo más de 3,5 millones de personas, recibió a cuenta el año pasado algo más de 627 millones, el presupuesto más elevado entre sus pares. La cantidad media que recibieron durante el año 2015 ascendió a 128 millones.
Las retribuciones salariales de los diputados y los empleados de las Diputaciones también levanta polémica. Algunos diputados, de hecho, cobran más que el presidente del Gobierno, que según presupuestos percibe un salario algo por encima de los 78.000 euros anuales.
Otros 1.040 diputados en todo el territorio español
Si pensábamos que en España solo hay diputados en el Congreso, nos equivocábamos. Las 38 Diputaciones de Régimen Común cuentan con un total de 1.040 diputados (presidentes, vicepresidentes, vocales y otros cargos), elegidos por los partidos políticos en función de sus resultados electorales y con salarios, en la mayoría de los casos, superiores a los 53.000 euros brutos anuales.
Las Diputaciones de menor tamaño, que son las que atienden a menos de 500.000 personas, cuentan con 25 diputados. Esa cifra se va incrementando hasta los 51 diputados con los que cuenta esta institución en la provincia de Barcelona, que atiende a más de 3,5 millones de habitantes.
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