La Fiscalía Anticorrupción ha retomado estos días la investigación de los pagos realizados por la mercantil Duro Felguera a dirigentes venezolanos a cambio de la concesión de obras públicas en el país sudamericano. Después de que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) advirtiera hace un año al Ministerio Público de los abonos de Duro Felguera a través de Banco Madrid, la Fiscalía ha logrado hacer este mes los primeros interrogatorios.
En concreto, el Ministerio Público tomó declaración ayer al actual presidente de la constructora energética, Ángel Antonio del Valle Suárez, en relación con los mencionados pagos. Del Valle Suárez -que era consejero delegado de la empresa cuando se produjeron los hechos- admitió haber ordenado realizar los desembolsos, pero aseguró que se trataba de abonos por servicios legales.
La compañía entregó 46 millones de euros en 2009 a la mercantil venezolana Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre), propiedad del entonces viceministro de Energía chavista, Nervis Villalobos, por supuestos trabajos de asesoramiento que Anticorrupción sospecha que podrían esconder el pago de comisiones a cambio de la concesión de la construcción de una central energética.
El propio Villalobos ya fue interrogado por la Fiscalía a principios de mes y, en línea con lo que dijo ayer Del Valle Suárez, aseguró que los ingresos que recibió de parte de Duro Felguera se referían a facturaciones relacionadas con servicios legales. Tras Villalobos y antes de que ayer declarara el actual presidente, también fueron citados por el Ministerio Público el anterior máximo responsable de la constructora, Juan Carlos Torres Inclán -que abandonó el cargo en 2011-, y el que fuera director general de la División de Energía -principal área de negocio de Duro Felguera-, Francisco Martín Morales de Castilla, que también dejó el grupo en el mismo año.
La reactivación del caso coincide en el tiempo con el levantamiento del veto financiero a Banca Privada de Andorra (BPA) por parte de Estados Unidos
Los dos últimos, ya alejados de la compañía, se desmarcaron de las acusaciones. Admitieron que conocían la operación y la entrega de los 46 millones, pero añadieron que no tenían poder de decisión ni intervenían sobre la misma. Tras estas declaraciones, Anticorrupción decidirá si finalmente interpone una querella contra algunos, todos o ninguno de los declarantes o archiva las diligencias iniciadas hace un año, lo que podría derivar en la judicialización del caso.
La reactivación del caso coincide en el tiempo con el levantamiento del veto financiero a Banca Privada de Andorra (BPA) por parte de Estados Unidos. El pasado 19 de febrero, el FinCen, organismo dependiente del Tesoro de EEUU, emitió una nota en la que daba por finalizado el proceso de saneamiento de los pasivos de BPA y avalaba la segregación del balance sano en una nueva entidad denominada Vall Banc que llevó a cabo el Gobierno del Principado.
La decisión del Tesoro norteamericano permitirá a la entidad financiarse en dólares en el medio plazo y facilitará previsiblemente su venta. Fue precisamente el cierre de estas líneas de financiación lo que provocó hace un año el comunicado del FinCen, que sentenció a BPA y provocó un corralito en Andorra que derivó en el concurso de acreedores de Banco Madrid y en las diligencias judiciales puestas en marcha en torno a la filial española de BPA.
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