Miguel Alba @miguelalbacar
- Ya será después de vacaciones. No por ser un propósito de agosto. Sino porque la parálisis política mantiene adormecida cualquier decisión. Desde las más básicas hasta las trascendentales. En el grupo de estas últimas revolotea una pregunta que asusta a los políticos porque se enfoca en una importante base de votantes. Los jubilados. Un grupo que decanta un buen puñado de escaños. ¿Qué hacemos con las pensiones para que sean sostenibles? Un asunto que hay que elevar al debate político cuanto antes por mucho que para nuestros políticos se haya convertido, desde hace décadas, en territorio tabú.
Las alarmas suenan desde hace tiempo. El tiempo de los agoreros del sistema, de los apocalípticos, pasó. Ya no es una cuestión de los detractores de una escuela económica y sus contrarios. Es un tema de cifras, remachado en el colapso de los ingresos de la Seguridad Social. Sus cuentas enseñan, en estos primeros seis meses de 2016, un déficit anual (calculado entre julio de 2015 y hace apenas un mes) superior a los 17.000 millones. Un dato más que preocupante si tenemos en cuenta que este agujero se ha generado con una dinámica de crecimiento económica real del 3,2%.
La espiral seguirá en esta senda continuista, al menos, mientras continúe la situación de interinidad de este Gobierno. Un plazo al que nadie se atreve a ponerle fecha de caducidad. Y mientras tanto, uno de nuestros mayores nudos gordianos, la sostenibilidad del sistema público de pensiones, seguirá enclaustrado entre debates teóricos mientras los políticos se parapetarán en cualquier tipo de excusa para no abrir el melón.
Tanto es así, que el próximo año los jubilados gozarán de una revalorización del 0,25% en sus pensiones, el mínimo legal, salvo que medie una decisión política en otro sentido. La salud de las cuentas de la Seguridad Social obliga a lo contrario. A una reducción de las pensiones del 3,11% para el próximo ejercicio, según los cálculos efectuados por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia. Este grupo de expertos ha anticipado el cálculo de la revalorización de las pensiones en 2017, el mecanismo que desde 2014 sustituyó a la actualización según el índice de precios al consumo (IPC). La fórmula tiene en cuenta distintos parámetros del sistema: evolución de los ingresos, aumento del número de pensiones, efecto sustitución (relación entre altas y bajas de pensiones) y, por último, la corrección del déficit. El resultado viene siendo determinante para la subida de las pensiones de cada año.
El análisis de este equipo universitario muestra una vez más la insostenibilidad del actual sistema de pensiones. No sólo el resultado de esta fórmula es negativo sino que, además, la situación se ha deteriorado con respecto al pasado ejercicio. Sus cálculos muestran que el índice de revalorización para 2017, según los datos anticipados de la Seguridad Social en este primer semestre, es del -3,11% frente al -2,52% de 2015. El mensaje es claro. Las pensiones deberían reducirse en esa proporción para ajustar paulatinamente los gastos con los ingresos del sistema. Un tema del que ya hemos hablado en alguna ocasión en esta columna. El ajuste necesitaría de una década de rebaja en las pensiones públicas y del cambio en los hábitos de quiénes estamos cotizando en busca de la tranquilidad futura mediante el ahorro privado.
La visión cortoplacista seguirá incrementando el agujero de las pensiones públicas. Según la Airef, el 'pepito grillo' de Montoro, el Fondo de Reserva podría agotarse en 2017 si no se adoptan medidas. Sólo en 2016, se han utilizado más de 8.700 millones para el pago de la extra de pensionistas y otros gastos que no se cubren por la vía de los ingresos. El debate de las pensiones no acepta más demora. Una discusión que debe llevar implícita una nueva reforma fiscal que favorezca el ahorro privado de los planes de pensiones. Otra empresa demasiado ambiciosa cuando medio país está ávido de gobierno y la otra mitad mira el calendario en busca de la fecha de las terceras elecciones.
La sostenibilidad del sistema público de pensiones seguirá enclaustrado en debates teóricos mientras los políticos se parapetarán en cualquier tipo de excusa para no abrir el melónDos son las explicaciones que argumenta la comunidad económica para justificar este desajuste de ingresos. Por un lado, la caída de las cotizaciones correspondientes a los desempleados que dejaron de recibir prestaciones al encontrar trabajo o agotarlas. La disminución de la cotización media por ocupado es la segunda vía. Pese al crecimiento de afiliados a la Seguridad Social, los ingresos no se ajustan a las previsiones efectuadas por el Gobierno debido a la peor calidad del nuevo empleo. Sus bases de cotización son menores porque los salarios también son menores.
La espiral seguirá en esta senda continuista, al menos, mientras continúe la situación de interinidad de este Gobierno. Un plazo al que nadie se atreve a ponerle fecha de caducidad. Y mientras tanto, uno de nuestros mayores nudos gordianos, la sostenibilidad del sistema público de pensiones, seguirá enclaustrado entre debates teóricos mientras los políticos se parapetarán en cualquier tipo de excusa para no abrir el melón.
Tanto es así, que el próximo año los jubilados gozarán de una revalorización del 0,25% en sus pensiones, el mínimo legal, salvo que medie una decisión política en otro sentido. La salud de las cuentas de la Seguridad Social obliga a lo contrario. A una reducción de las pensiones del 3,11% para el próximo ejercicio, según los cálculos efectuados por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia. Este grupo de expertos ha anticipado el cálculo de la revalorización de las pensiones en 2017, el mecanismo que desde 2014 sustituyó a la actualización según el índice de precios al consumo (IPC). La fórmula tiene en cuenta distintos parámetros del sistema: evolución de los ingresos, aumento del número de pensiones, efecto sustitución (relación entre altas y bajas de pensiones) y, por último, la corrección del déficit. El resultado viene siendo determinante para la subida de las pensiones de cada año.
El análisis de este equipo universitario muestra una vez más la insostenibilidad del actual sistema de pensiones. No sólo el resultado de esta fórmula es negativo sino que, además, la situación se ha deteriorado con respecto al pasado ejercicio. Sus cálculos muestran que el índice de revalorización para 2017, según los datos anticipados de la Seguridad Social en este primer semestre, es del -3,11% frente al -2,52% de 2015. El mensaje es claro. Las pensiones deberían reducirse en esa proporción para ajustar paulatinamente los gastos con los ingresos del sistema. Un tema del que ya hemos hablado en alguna ocasión en esta columna. El ajuste necesitaría de una década de rebaja en las pensiones públicas y del cambio en los hábitos de quiénes estamos cotizando en busca de la tranquilidad futura mediante el ahorro privado.
Pese a las (negras) evidencias, las pensiones continuarán en terreno positivo por el proteccionismo que otorga el propio sistemaPese a las (negras) evidencias, las pensiones continuarán en terreno positivo por el proteccionismo que otorga el propio sistema. El mecanismo de revalorización tiene un tope que garantiza una subida mínima del 0,25% y también un techo máximo que impide que las pensiones se revaloricen por encima de una tasa equivalente al IPC más 0,25 puntos. De esta manera, pese a que los datos (y la delicada salud de la Seguridad Social) invitan a lo contrario, los pensionistas tienen asegurada una subida nominal del 0,25%. Una buena noticia para los pensionistas pero también para los políticos que cuentan con una justificación en la misma norma para no castigar a una importante base de votantes.
La visión cortoplacista seguirá incrementando el agujero de las pensiones públicas. Según la Airef, el 'pepito grillo' de Montoro, el Fondo de Reserva podría agotarse en 2017 si no se adoptan medidas. Sólo en 2016, se han utilizado más de 8.700 millones para el pago de la extra de pensionistas y otros gastos que no se cubren por la vía de los ingresos. El debate de las pensiones no acepta más demora. Una discusión que debe llevar implícita una nueva reforma fiscal que favorezca el ahorro privado de los planes de pensiones. Otra empresa demasiado ambiciosa cuando medio país está ávido de gobierno y la otra mitad mira el calendario en busca de la fecha de las terceras elecciones.
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