La sentencia del caso Gürtel no solo deja 29 condenas que suman 351 años de prisión, sino que conlleva además para una veintena de los procesados una serie de sanciones económicas que buscan resarcir el daño causado. Los condenados tendrán que rascarse el bolsillo. Las multas ascienden a 105,6 millones de euros y las responsabilidades civiles suman otros 6,2 millones. Además, hay que añadir una tercera cantidad. La sentencia también exige que se decomise a los acusados dinero y bienes por valor de 11,8 millones por las comisiones y regalos que recibieron gracias al amaño de adjudicaciones públicas. La Audiencia Nacional quiere esa cantidad para repartirla entre las administraciones víctimas de los delitos: la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Estepona.
En total, 123,7 millones de euros que dan una idea de la época dorada que vivió la trama en los años juzgados (1999-2005). Y eso que todavía queda una segunda parte por enjuiciar (2006-2009) y la pieza de los 'papeles de Bárcenas'. Ahora habrá que ver si los condenados pueden hacer frente a sus condenas económicas. Para hacernos una idea de los tejemanejes de la trama, la sentencia deja claro que el cabecilla de la misma, Francisco Correa, "percibió por contratos públicos adjudicados a sus empresas la cantidad aproximada de 8.400.000 euros". Además, Correa ingresó "2.850.000 euros en concepto de comisiones por su intermediación en favor de empresas ajenas a su grupo". Todo en contratos amañados. Es decir, que por cada 220.588 euros que Correa se llevó irregularmente ha sido condenado a un año de cárcel.
La sentencia incluye 23 multas económicas que suman 105,6 millones de euros. Casi la mitad de esa cantidad, 50,4 millones, deberá ser abonada por el matrimonio que forman el extesorero Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias (44.816.000 euros él y 5.600.000 euros ella). Para pagar la pareja tendrá que recurrir al dinero que tiene bloqueado judicialmente en el extranjero y a sus propiedades, como la lujosa vivienda de Baqueira Beret (Lleida) que ambos compraron en 2008 por 941.000 euros. El sumario del caso revela que entre los años 2000 y 2013 Bárcenas e Iglesias manejaron 41,46 millones de euros en diversas cuentas abiertas en bancos suizos y españoles.
Los últimos datos aportados por la Fiscalía suiza remitidos en marzo de 2017 a la Audiencia Nacional señalan que el dinero allí bloqueado sigue rentando a la pareja. Los 19,4 millones bloqueados inicialmente habían crecido gracias a los intereses a los 20,7 millones en diciembre de 2016, un aumento del 6%. Otro de los extesoreros de AP, Ángel Sanchis, y su hijo han sido condenados a dos multas que suman 12 millones euros por blanqueo de capitales y ayudar a Bárcenas a aflorar su patrimonio.
La multa puesta a Francisco Correa no es tan alta como la de Bárcenas. Tendrá que pagar 6,1 millones de euros. Y su mano derecha, Pablo Crespo, 2,79 millones de euros. Ambos también tienen dinero bloqueado en el extranjero. Correa suma 22,8 millones de euros en varias cuentas suizas y Crespo solo 1,8 millones de euros. El dinero también les ha rentado. El patrimonio bancario del cabecilla de la trama se ha visto incrementado en cinco millones de euros entre 2009 y 2016 y el de Crespo en 500.000 euros. El primero ha empezado a resarcir algunas cantidades.
En septiembre de 2016 Correa pidió a las autoridades suizas que liberaran 2,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil pocos días antes de que comenzara el juicio sobre la primera época de la trama, que le ha supuesto una condena de 51 años de prisión. En total Correa ya se ha mostrado dispuesto a pagar cinco millones de euros para hacer frente a las responsabilidades civiles en cuatro piezas en las que está imputado. Su exmujer, Carmen Rodríguez, tendrá que pagar 1,5 millones. Las multas también han sido altas para sus colaboradores en la trama, según la sentencia una "empresa criminal". El que fuera su contable, José Luis Izquierdo, tendrá que abonar 3,7 millones de euros y el asesor que le creó todo el entramado empresarial en el extranjero, Luis de Miguel, 6,4 millones de euros.
Los exalcaldes madrileños que se concertaron con Correa para amañar contratos públicos también han salido mal parados en las sanciones económicas. Guillermo Ortega, que dirigió el Ayuntamiento de Majadahonda, tendrá que pagar 9,4 millones de euros. Y el de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, 1,3 millones de euros. Su exmujer, la exministra Ana Mato, ha sido condenada como partícipe a título lucrativo y tendrá que abonar 27.857,53 euros por disfrutar de regalos de la trama. Otro de los condenados es el ex viceconsejero madrileño Alberto López Viejo, una de las 'ranas' de Esperanza Aguirre. Pagará 3,2 millones y su mujer otro millón de euros.
La sentencia también incluye un apartado de responsabilidad civil al margen de las multas económicas. Aquí los condenados se reparten 6.280.116 euros. Por último, la Sala de lo Penal que ha enjuiciado el caso ordena que se decomise otros 11,8 millones de euros que obtuvieron los condenados en algunas prácticas delictivas, de manera que esos fondos pasarían a las arcas del Estado que luego sería repartido entre las administraciones víctimas del delito. Contra la sentencia de la Audiencia Nacional cabe recurso ante el Supremo, por lo que hasta que no haya un dictamen firme la administración judicial no podrá tocar el dinero y los bienes de los procesados, salvo que estos lo autoricen.
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