La industria asturiana paga por más de la mitad de sus emisiones de CO2 por la limitación de la UE
El nuevo recorte de las asignaciones gratuitas previsto por Bruselas a partir de 2021 puede restar competitividad a las empresas de la región
El objetivo de llegar a una economía neutra en carbono en 2050 requiere actuar en múltiples focos. Una de las medidas puestas sobre la mesa por la Unión Europea es el recorte de los derechos de emisión de CO2 que se asignan gratuitamente a ciertas empresas para desarrollar su actividad productiva. Con este ajuste a la baja, Bruselas pretende lograr que se reduzcan las emanaciones de gases de efecto invernadero, al menos, un 40% en 2030 con respecto a las registradas en 1990.
A partir del próximo año, la cantidad global de derechos de emisión se recortará a un ritmo más rápido que en el pasado. En concreto, un 2,2 % anual en lugar del 1,74 %. Esto supone un obstáculo más para la industria asturiana, que atraviesa una época complicada por las dificultades, de diversa índole, con las que se encuentra para poder competir en el mercado internacional. De hecho, las empresas de la región a las que afecta la ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero ya encaran problemas por las escasas asignaciones gratuitas que reciben.
Según el último informe publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica, correspondiente a 2018, las 27 instalaciones industriales asturianas afectadas por esta normativa tuvieron que comprar en el mercado de derechos de emisión tantos como los concedidos por el Gobierno de forma gratuita (se rige por reglas comunes a todos los Estados miembros). Estas cuotas sumaron 8,62 millones de toneladas de CO2 en dicho ejercicio, mientras que las emisiones verificadas ascendieron a 17,8 millones.
Dentro de este listado, se encuentran las industrias de mayor envergadura de las asentadas en el Principado. Es el caso de Arcelor, precisamente la compañía que más asignaciones recibe, con 6,7 millones de toneladas de C02. Pero la principal razón de esta amplia diferencia entre las asignaciones y las emisiones está en que las centrales térmicas, los ciclos combinados y las plantas de cogeneración -excepto la del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)- no reciben cuota gratuita de derechos. Y están, de hecho, entre las instalaciones más contaminantes.
Como muestra, la térmica de Aboño (Carreño), propiedad de EdP, cuyas emisiones alcanzaron los siete millones de toneladas de CO2. Mientras que la situada en Lada (Langreo), que pertenece a Iberdrola, arrojó a la atmósfera 1,2 millones. En cuanto a la de Soto de Ribera, también de EdP, sus emisiones fueron superiores a un millón entre el grupo 3 y el ciclo combinado. Respecto a la de Soto de la Barca (Tineo), de Naturgy, alcanzaron las 371.070 toneladas de CO2.
Ajuste en frontera
Con este panorama y el recrudecimiento previsto a partir del próximo año, la industria asturiana exige a la Comisión Europea que acelere la tramitación del arancel ambiental. Un ajuste en frontera que permitiría limitar los productos procedentes de países extracomunitarios que no pagan por sus emisiones, ya que no cuentan con normativas ambientales tan estrictas como la europea. Una petición que respaldan los gobiernos del Principado y central, pero que parece aún muy lejos de poder cumplirse.
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