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¿Somos un Estado fallido? Antonio PapellPor Antonio Papell El pesimismo es una lacra que ha frenado con frecuencia el progreso. “¿Quién no juzga que el mundo se derrumba y que tenemos encima el día del juicio final…?”, clamaba Montaigne en 1580. Y Cioran, observador, anotó el síndrome de la negatividad con estas palabras: “Con razón, en todas las épocas han creído los hombres asistir a la desaparición de las últimas huellas del paraíso terrenal”. Hoy nos encontramos, ciertamente, en momentos difíciles, que auguran malos presagios y que nos ensombrecen a todos: salíamos de una profunda crisis que aún no había permitido reparar los vestigios más dolorosos de injusticia y de desigualdad que sembró a su paso y acabamos de entrar en otra insólita crisis sanitaria que no tiene parangón en el último siglo de la humanidad, que ha producido ya una gran carnicería y que arrecia cada vez que parece que queda bajo el control de unos científicos incapaces de hallar una terapia que nos libre de la más rústica y elemental de las amenazas, una rebelión insidiosa de la propia naturaleza. En nuestro país, la pandemia se ha abatido en momentos particularmente delicados, cuando el régimen de 1978 se demudaba a partir de 2016, abandonaba los carriles del bipartidismo imperfecto, daba paso a formaciones muy excéntricas y planteaba serios problemas de gobernabilidad. De hecho, la pandemia se ha cernido en nuestro caso sobre un país tremendamente crispado, con grandes fracturas sociales y políticas, de forma que ha sido muy costoso arbitrar medidas de protección y de prudencia por la rivalidad entre las facciones, en absoluto dispuestas a formar creativos consensos que hubieran ayudado a combatir al enemigo, microscópico en este caso. El pasado domingo, Xavier Mas de Xaxás ha publicado en la prensa catalana un inquietante y extenso trabajo titulado “Europa ve a una España fracasada. La prensa internacional destaca el declive del Estado debido a la polarización política y la estructura territorial”. El reportaje en cuestión recoge literalmente numerosas opiniones editoriales de las principales cabeceras europeas e internacionales, todas ellas recentísimas, cuya tesis podría resumirse en la opinión del corresponsal del Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno de los medios más respetados de Europa, que señalaba la “gran crisis” de España, de difícil solución: “La segunda ola del coronavirus pone de manifiesto el fracaso del Estado. No hay consenso alguno entre los partidos”. Y poco antes, The Economist había detectado una de las componentes esenciales del “amplio fracaso nacional” español: “la descentralización ha sido negativa para combatir la pandemia”. Y Le Monde recalcaba: “La verdad es que han fallado los sistemas de control de un verdadero estado federal”. El Financial Times resumía a su modo la encrucijada: “En España, gestionar la crisis ha sido complicado por la polarización política y el sistema descentralizado”. A modo de ver de este cronista, no se ha hecho aquí dentro suficiente hincapié en el manifiesto fracaso que ha registrado nuestro estado de las autonomías, en parte por sus propias disfunciones estructurales, y en parte también por el localismo de sus liderazgos territoriales, incapaces de mirar a media distancia y a medio plazo, como mínimo. El espectáculo de unos opositores y de unos territorios reivindicando airados sus competencias cuando las instituciones centrales habían adoptado medidas de excepción y recurrido a la figura improvisada de la conferencia de presidentes para tratar de armonizar el conjunto, fue denigrante. Como lo ha sido la impericia de unas comunidades en buena parte mal gobernadas que no han querido ni sabido establecer los mecanismos que podían haber frenado el resurgimiento de la pandemia a fuerza de fortalecer la asistencia primaria y de crear rápidamente generosas redes de rastreo. The Economist no lo ha podido decir más claro: “España es el peor de la clase”, el país occidental que peor ha gestionado la pandemia. Esto se debe, en gran parte, a la gran debilidad del Estado, que “no ha impuesto a las comunidades la obligatoriedad de reforzar la asistencia primaria y rastrear a los contagiados”. Los trabajos de alcance académico tampoco son amables con nuestro país: El diario suizo Neue Zürcher Zeitung ha publicado recientemente un artículo en el que señala la posibilidad de que España esté en vías de ser considerado un Estado fallido. Friedrich Leopold Sell, profesor de economía de la Universidad Bundeswehr de Múnich y jefe del consejo científico del instituto Halle de Investigación Económica, ha explicado que se habla de «Estado fallido» cuando “ninguno de los tres poderes de un Estado constitucional democrático cumplen lo que la Constitución y el pueblo esperan de ellos” y se ha mostrado muy escéptico con el Gobierno español: “No está bien preparado para gestionar el fondo europeo de ayuda y tiene otros fines distintos a los de modernizar la economía”. El dibujo que nos hacen desde fuera es, pues, atroz, e incluso otros países con problemas similares han cargado la mano contra nuestra falta de organización debida a la rivalidad política interna. La Stampa, por ejemplo, escribía que “en Italia también tenemos la sanidad descentralizada. Las regiones son responsables de la gestión del virus y esto es fuente de graves problemas. Pero en Italia no sufrimos el pulso político-territorial que España sufre constantemente”. En otras palabras, la visión italiana atribuye la polarización política suscitada por las fuerzas centrífugas al problema territorial, y probablemente acierte: lo que realmente ha cambiado en lo que llevamos de este siglo ha sido la emergencia y el desbordamiento del conflicto catalán, que ha exacerbado la política, ha desatentado a los poderes públicos y ha generado agravios de toda índole. En realidad, hay un bucle evidente: el activo separatismo catalán ha sacado a la luz la inconsistencia de nuestro modelo de descentralización, cuya debilidad ha impedido resolver, ni siquiera encauzar, el problema catalán. Pero dicho esto, hay que decir bien alto que es totalmente desmesurada la idea de que el español es un estado fallido. Con la pasada crisis 2008-2014, España retrocedió en el ránking de países, y de estar entre las diez primeras economías del mundo por PIB, se considera que hoy ocupa el decimoquinto lugar. Pero sigue siendo la cuarta economía europea, a un tiro de piedra de la tercera, y los datos macroeconómicos, incluidos los niveles de riqueza y de renta, el contexto que nos acoge y nos referencia, las infraestructuras con que contamos, las instituciones intermedias y culturales, etc., hacen de nuestro Estado una potencia intermedia envidiable, que se encuentra sin duda en le grupo de cabeza de la civilización. Así lo piensa, por ejemplo, Carlos Elordi, quien niega enfáticamente que seamos un estado fallido… “pero —añade— la institución clave del Estado, la monarquía, está en crisis abierta, el poder judicial también, el Parlamento está bloqueado, la organización territorial es un desastre, dos regiones importantes tienen mayorías independentistas y, según el FMI, nuestro país sufre la mayor crisis económica entre los avanzados”. Y añade el periodista, con toda la razón: “Pero lo peor de todo es que no existe indicio alguno de que cualquiera de esos problemas pueda empezar a resolverse en un futuro”. Hay, en definitiva, síntomas inquietantes que nadie debería desconocer si no se quiere que esta decadencia momentánea pase ser un declive estructural y definitivo. Como ha escrito una ilustre periodista recientemente, “España no es un Estado fallido, España no es un Estado autoritario, ni nos acechan las fuerzas del mal. España es lo que han decidido los españoles en las urnas y así será hasta que no se vuelva a votar. Estamos atravesando una crisis muy profunda y desconocida y lo que hay que hacer es política, ponerse a trabajar”. El fin de la pandemia debería ser la señal de salida de esta nueva e inaplazable etapa de laboriosidad y creatividad. Este país se recuperará más pronto que tarde, acompañado por sus socios europeos, que también padecen en mayor o menor grado la penalidad de la pandemia. Pero es claro que estamos luchando con armas desiguales por la falta de competitividad, por la inmadurez política, por la ineficiencia en todos sentidos: el Estado de las Autonomías, que ha tenido un papel relevante en la recomposición sociocultural del país, adolece de carencias que impiden equipararlo a un modelo federal, con todos los equilibrios internos que ello comporta. No deberíamos demorar la gran reforma pendiente si de verdad queremos edificar un estado modelo y ágil, sin los lastres del actual. Y hay todavía mucho más que hacer: nuestro sistema educativo, incluso el universitario, necesita una modernización urgente que sostenga la evolución del sistema productivo mediante la expansión de la digitalización y de la descarbonización; la inversión en I+D, pública y privada, debe crecer hasta equipararse a la de los países tecnológicamente más avanzados; tenemos que reforzar e incrementar el sector industrial hasta que sobrepase generosamente el 20% del PIB, al tiempo que se revisa el monocultivo turístico, tan sensible a la adversidad y generador de subempleo masivo; hemos de acopiar el valor necesario para proceder a una reforma política que mejore la representación y eleve la calidad de la propia clase política… Este país ha dado pruebas de sus capacidades, y en épocas objetivamente más difíciles que las actuales, como cuando acometimos la Transición en medio de una gran crisis económica. No hay razón para pensar que no seremos capaces ahora, en paz y en democracia, de responder a los retos actuales.