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Covid-19: Los fondos europeos no llegarán a España si no se agilizan los trámites burocráticos Aunque las prisas nunca fueron buenas consejeras, los ritmos de toma de decisiones en la gobernanza multinivel española desesperan al más paciente Por Contrainformacion.es -octubre 27, 2020 FacebookMeneameWhatsAppTelegramEmailLinkedInCopy LinkCompartir Tras la pandemia de la covid-19, la crisis económica es la mayor emergencia social en lo que va de siglo. Un otoño de confinamientos y toques de queda vendrá seguido por el invierno del desempleo y la depresión. Las empresas están al borde del colapso, los autónomos al límite de sus fuerzas y toda la esperanza que resta confía en el maná de Bruselas, que invertirán las Administraciones públicas. ¿Serán capaces de hacerlo? Esta pregunta no es retórica, ni extraña, ni desconocida para quienes conocen bien los niveles de ejecución real de nuestras organizaciones públicas. Los requisitos procedimentales para adjudicar subvenciones y contratos consumen demasiado papel, están marcados por la “tramitología”, la desconfianza hacia los gestores y el objetivo de reducir el gasto. Así no habrá forma de reactivar la economía. Por supuesto, los controles son necesarios, pero debieran aligerarse. Aunque las prisas nunca fueron buenas consejeras, los ritmos de toma de decisiones en la gobernanza multinivel española desesperan al más paciente. Esta peculiaridad patria nos diferencia de la mayor parte de los países del mundo, así que puede ser una de las causas del deficiente desempeño en la respuesta la crisis por la covid-19. Las cosas de palacio Cualquier conocedor de la Administración sabe bien que el adagio las cosas de palacio van despacio describe con precisión lo que ocurre en las oficinas públicas: los tiempos de respuesta se agotan, es muy rara la respuesta antes de término, las ampliaciones de plazos son muy frecuentes y, todo ello sucede en meses o años, nunca en días o semanas, aunque la ley permite que se concreten en horas. El cómputo común de la normativa de procedimiento tiene un origen histórico poco conocido. Los romanos, hace dos mil años, regularon una duración de seis meses. Este régimen pervive en nuestras leyes hasta el día de hoy, cuando tantos procedimientos consumen tanto tiempo o más, no menos. Esto en pleno despliegue de la sociedad de la información y la Administración electrónica. Y en situación de emergencia.