Terreno embarrado....

FERNANDO GAREA 11/10/2020 05:00 - ACTUALIZADO: 11/10/2020 09:10Adelantado en La radicalización y la polarización se disparan en un terreno de juego político embarrado, con crecimiento peligroso de la antipolítica y el consiguiente riesgo de desafección de los ciudadanos. Antes del enfrentamiento que ha acabado con la declaración del estado de alarma en Madrid tampoco había muchas opciones de pactos transversales en el Congreso, pero con este episodio la política española ahonda la brecha entre los dos bloques del Parlamento. Ya eran líneas paralelas y ahora son líneas cada vez más divergentes y sin opción de encontrarse. Izquierda y derecha se han enfrentado en la Comunidad de Madrid y están mucho más lejos que cuando se inició la pandemia y, además, con más agravios mutuos acumulados y mayor deterioro institucional. Empezaron con un estado de alarma con apoyo crítico del PP en sus primeras prórrogas y ahora el Gobierno de Pedro Sánchez se considera en la obligación de decretarlo solo para la Comunidad de Madrid ante la negativa de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a llegar a un acuerdo, empeñada en hacer política de confrontación. La decisión provocó mucha dudas en el seno del Gobierno, termor en el Consejo de Ministros sobre sus efectos y cómo presentarlo polñiticamente y con la idea de buscar una fórmula para no tener que prorrogarlo en 15 días. El caos de Madrid traslada el desconcierto y la polarización al resto de España ISABEL MORILLO El pulso político lleva a gobiernos de PP y Cs como el andaluz a cerrar filas con Ayuso, mientras barones socialistas como Ximo Puig piden calma y cuestionan la estrategia popular Si alguien creía que era posible algún acercamiento para que, por ejemplo, el PP aceptara negociar la renovación de instituciones constitucionales tras la moción de cesura de Vox, que abandone toda esperanza. Mucho menos para pactar nada relacionado con la pandemia o los fondos europeos y reconstruir la estabilidad que se precisa para negociar con Bruselas. Pablo Casado no se reserva ningún punto de contacto que le diferencie de Vox como partido de Estado y Pedro Sánchez fomenta la polarización como estrategia política rentable, refugiado en su bloque de investidura. La primera consecuencia parlamentaria es la sobrecarga de debates en el Pleno del Congreso que, a priori, apuntan a duros enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición en las próximas semanas. El calendario político previo pasaba por los pasos previos a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, con la firma del acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el debate sin votación del techo de gasto en el Congreso, la aprobación en Consejo de Ministros de las cuentas y su primera votación, la de totalidad, en el Pleno, para finales de octubre o principios de noviembre. También estaba prevista la moción de censura de Vox. El martes 13 la presidenta del Congreso, Maritxel Batet, anunciará las fechas de la moción, previsiblemente, para la semana del 20 de octubre. Todo ello en el barro de las iniciativas del PP sobre las críticas de ministros de Unidas Podemos al rey y la exigencia de responsabilidades a Pablo Iglesias por el caso Dina. De hecho, el martes se debatirá en el pleno una moción del PP para reprobar a Iglesias por sus críticas al rey y pedir la dimisión de Alberto Garzón, ministro de Consumo. La llegada de la exposición razonada del juez Manuel García Castellón para que el Tribunal Supremo investigue al vicepresidente garantiza la bronca. La mayoría de la investidura rechazará la reprobación, que solo tendría valor simbólico, y apoyará a los ministros que criticaron al rey, pero el debate mezclará caso Dina, monarquía, la gestión de la pandemia, el caso Kitchen…todos los artefactos de confrontación. El resultado de esa votación podrá interpretarse como que a la mayoría del Congreso no le parece mal que el vicepresidente del Gobierno arremeta contra el rey, lo que debería preocupar, sobre todo, al propio rey. Sirve también como foto fija de la enorme crisis institucional. Y también se mezclará en todo ello el barro que saldrá de la comisión de investigación sobre Kitchen, que se constituirá también a partir del 20. En esa comisión, el bloque de la investidura busca someter al PP al castigo del desfile de los implicados y busca situar el caso en el primer plano de la agenda. El PP, según fuentes de su grupo parlamentario, intentará, a su vez, embarrarla en lo posible a cuenta de los casos que afectan al PSOE o a Unidas Podemos. Como ya hizo la diputada Ana Vázquez en el debate sobre su constitución. Y se está a la espera de que Sánchez decida si acepta que comparezcan Pablo Casado y Mariano Rajoy. El caso Dina da un balón de oxígeno a Casado en vísperas de arrancar la comisión Kitchen PALOMA ESTEBAN La nueva situación judicial de Iglesias da aire al PP de Casado, que ve menos legitimado al Gobierno para hablar de corrupción y atacar a su partido "mientras mantenga al vicepresidente" A esos hitos, hay que unir ahora la comparecencia que Pedro Sánchez tendrá que hacer en el Congreso para defender la declaración del estado de alarma. No requiere votación, pero la posición de Casado y de Vox garantiza otro duro encontronazo. Habrá votación en el cas no deseado por el Gobierno de que se decida prolongar la alarma después de 15 días, para lo que el Ejecutivo duda si contaría con los votos de los partidos de la investidura que apoyaron las anteriores prórrogas. No obstante, al tratarse de una decisión que afecta al Gobierno de una comunidad autónoma se complica el pronóstico sobre el sentido del hipotético voto de partidos que como PNV o ERC defienden el autogobierno vasco y catalán. Y no está claro el voto de Ciudadanos si se piden las prórrogas. El partido de Inés Arrimadas apoyó todas las ampliaciones anteriores con acuerdos con el Gobierno de Sánchez pero, al tiempo, forma parte del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid que está enfrentado al presidente, y su vicepresidente, Ignacio Aguado, se opuso siempre a la declaración del estado de alarma. Ciudadanos queda en una situación difícil porque mientras negocia con Sánchez los Presupuestos y tendrá que pasar por el aro de compartir su voto favorable con ERC. En tiempos de polarización los equidistantes sufren. El resumen del octubre político será el incremento hasta el infinito de la polarización. Vox ya ha anunciado que saldrá a la calle contra el estado de alarma en Madrid, como preludio de movilización de sus bases antes de su moción de censura. De hecho, lo único positivo para Casado es que el trago que supone para él la moción de censura quedará algo aliviado por el eco político del enfrentamiento por la Comunidad de Madrid. Y quien abandera ese enfrentamiento es el PP, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. Pablo Casado. (EFE) Pablo Casado. (EFE) La duda es si lo que puede ser bueno para el PP en Madrid por ese enfrenamiento lo es también en el resto de España. En la Comunidad de Madrid el victimismo del “ataque de Sánchez” podría ser rentable políticamente para Casado y, quizás, ruinoso para el PSOE que lleva mucho tiempo sin acertar en la región. La contraindicación, por tanto, sería que el PP se repliegue cada vez más en el escenario político madrileño. En eso confía Génova. Pero ni siquiera eso está claro. De hecho, un estudio de Metroscopia sobre las comunidades de Valencia, Andalucía, Cataluña y Madrid señala que esta última es la que ha tenido peor evolución en cuanto a la valoración que hacen los ciudadanos de su gestión. Señala que "la Comunidad Madrid es la que registra una caída más abrupta en la evaluación de su gestión en comparación con el resto de comunidades autónomas: ha pasado de un nivel de aprobación del 60-70%, al comienzo de la pandemia, al 10-20% en octubre. En Andalucía se produce también un descenso significativo, aunque más tardío y menos pronunciado. El Ejecutivo valenciano destaca por su estabilidad en una franja media-alta de aprobación alrededor del 60%. Algo relativamente similar ocurre con la Generalitat de Cataluña, aunque en cifras inferiores —en torno al 50%—". La "batalla de Madrid" tiene algún otro efecto colateral en el PP como el de ver a José Luis Martínez Almeida abandonar su tono institucional A Casado, Ayuso y al aparato del PP les toca machacar en la idea de que Sánchez axfisia a Madrid. Como el "España nos roba", pero sin contenido identitario y sin objetivo de independencia, pero sí con el señuelo del "unidos frente al enemigo exterior que nos confina". Para los más veteranos hay otras referencias históricas de presidentes autonómicos ejerciendo de Juana de Arco o Agustina de Aragón frente al Gobierno central, sin ir más lejos José Bono en Castilla-La Mancha contra el entonces ministro José Borrell y sus planes de infraestructuras. La "batalla de Madrid" tiene algún otro efecto colateral en el PP como el de ver a José Luis Martínez Almeida abandonar su tono institucional de alcalde que tan buen resultado le dio en el inicio de la pandemia, para ejercer de portavoz del PP y tener que decir cosas como que Sánchez ha aprobado un 155 en Madrid. ¿Beneficia al Gobierno esa polarización? Moncloa cree que sí y por eso lleva meses jugando a aumentarla y, sobre todo, situando al PP en el bloque de la foto de Colón. Para ello ha contado siempre con la inestimable ayuda de la propia dirección del PP. De hecho, la moción de censura de Santiago Abascal es vista con entusiasmo por la Moncloa, casi con la misma intensidad con que horroriza a Casado. Según el análisis del Gobierno, será pegamento para la coalición y situará tan claramente a la oposición con PP y Vox frente al resto, que Moncloa considera que puede ser un empujón para el acuerdo de Presupuestos. “O apoyáis los Presupuestos o pueden gobernar los de la moción de censura”, viene a ser el mensaje que preparan los asesores de Sánchez, casi como si fuera un debate de investidura. Casado ve "insostenible" la situación de Illa: "Hubo motivos políticos" para cerrar Madrid PALOMA ESTEBAN El líder del PP considera acreditada la "deslealtad" del Gobierno y entiende que la situación del ministero de Sanidad es "insostenible" porque el plan de la Comunidad era el correcto El estado de alarma y el enfrentamiento con el PP le perturba el calendario al Gobierno y tiene el efecto no deseado de aparecer en la Comunidad de Madrid como el agresor externo, tal y como pretende Ayuso desde hace meses. En eso, la idea fuerza de los socialistas será machacar contra lo que presentan como ineficacia en la gestión del PP en Madrid, frente al interés de Casado en situar la capacidad de gestión como su principal activo. En esa polarización política encaja la reforma del Consejo General del Poder Judicial que el Gobierno tiene preparada para activarla en cualquier momento para rebajar la mayoría necesaria para la elección de sus miembros e impedir que tomen decisiones con el mandato caducado. Es una respuesta a la decisión de Casado de bloquear esas renovaciones y, aunque presenta dudas de constitucionalidad, precisamente tiene su respaldo en el rechazo que provoca al bloque del centro y la derecha. Es otro asunto basado en el "ellos y nosotros" de la polarización y es otra bronca politica en ciernes en la que, además, el PP puede encontrar la primera bola ganadora en un asunto en el que va perdiendo argumentalmente con su decisión de bloqueo que incumple la Constitución. En esa línea, el Gobierno busca también esa polarización empujando al PP hacia Vox con iniciativas como la eutanasia, la memoria histórica o el aborto, entre otras. Hay que sumar que Unidas Podemos está necesitado de diferenciarse con asuntos como la monarquía, porque sus estudios de opinión no son excesivamente positivos y, además, ha basado su estrategia de defensa frente a las resoluciones judiciales en el ataque a la Justicia. Por cierto, que con la incomodidad creciente de ministros del PSOE. No hay que olvidar que tres miembros del Gobierno son jueces y no están cómodos con el enfrentamiento con la Justicia desde el Ejecutivo. El óleo se completa con los brochazos de la crisis de la monarquía, los enfrentamientos sobre la Justicia y Cataluña, a pocos meses de las elecciones autonómicas. En ese panorama, el oasis es la mesa de diálogo social, donde se mantiene la senda de acuerdos del Gobierno con los sindicatos y la patronal. 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