Prieto y Largo Caballero según A.Papell....

Prieto y Largo Caballero en la memoria histórica Sus nombres en el callejero deben permanecer Antonio PapellPor ANTONIO PAPELL 14 horas 0 largo caballer e Indalecio prietoIndalecio Prieto (i) y Largo Caballero (d) | Wikimedia Commons El Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez-Almeida a la cabeza, ha aceptado de momento, en una decisión aún no definitiva, la idea de Vox, apoyada por el PP y por Ciudadanos, de retirar a los ministros de la Segunda República, Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, del callejero de la ciudad, apelando al artículo 15 de la ley de Memoria Histórica. La corporación anterior creó en 2016 una Comisión prestigiosa y plural que obtuvo conclusiones inteligentes y realizó recomendaciones que no tuvieron votos en contra, con lo que ahora se rompería aquella valiosa unanimidad mediante un estrambote que no tiene sentido. Aquella comisión, presidida por Francisca Sauquillo y vicepresidida por José Álvarez Junco —catedrático emérito de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Políticos y Sociales en la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia de la Facultad de Ciencias Políticas, autor de varios de libros de gran resonancia, entre ellos El anarquismo español, Mater Dolorosa y La idea de España en el siglo XIX, que fue Premio Nacional de Ensayo en 2002— estuvo formada por Amalia Valcárcel, Teresa Arenillas, Andrés Trapiello, Santos Urías y Octavio Ruiz-Manjón, fue un ejemplo de ecuanimidad y realizó una labor encomiable. La ley de Memoria Histórica de 2007 fue impulsada por el gobierno de Rodríguez Zapatero con el ánimo de que todos los partidos parlamentarios la apoyaran para clausurar definitivamente los efectos morales y políticos de la guerra civil 1936-1939, que dio lugar a un régimen totalitario que duró hasta la muerte del dictador en 1975, mientras el resto del mundo se libraba de los sistemas autoritarios e iniciaba a partir de 1945 un tiempo nuevo. La ley se basaba en una previa declaración de la Comisión Constitucional del Congreso, que el 20 de noviembre de 2002 —con Aznar gobernando con mayoría absoluta— había aprobado por unanimidad una proposición de ley en la que la Cámara Baja reiteraba que ‘nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática‘. La ley tuvo el apoyo masivo del Parlamento, incluidos el PNV y CiU, salvo el PP, que consideró la propia ley un motivo de división. Las amnistías y los indultos promulgados en la etapa de interinidad que se abrió tras la desaparición del dictador fueron extraordinariamente conciliadores. Y, de hecho, el derecho internacional había ya avanzado por aquel entonces en la declaración de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que hubiera hecho imposible aplicar medidas de gracia a criminales de guerra (o de paz) que hubieran cometidos actos equiparables al genocidio. Y nuestra guerra civil, que fue salvaje, registró innumerables actos fácilmente encajables en esta categoría, desde las innumerables ejecuciones extrajudiciales en las retaguardias a las ejecuciones masivas de la posguerra (hubo más de 50.000 fusilados por el bando vencedor al concluir el conflicto). En cualquier caso, no tendría sentido destruir ahora, ni siquiera criticar con ánimo destructivo, el sentimiento de reconciliación que predominó en aquellos años de cambio de régimen, que fueron la base de la España actual. La ley de 2007, que ahora va ser complementada mediante otra norma que ya ha redactado este gobierno —la ley de Memoria Democrática—, establece en el artículo 15.1 la retirada por las administraciones públicas de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. A esta norma se pretenden acoger los partidarios de retirar del callejero a los dos socialistas, que, aunque muy distintos, guardan claras concomitancias. Ambos se apuntaron a la línea antibolchevique de Pablo Iglesias en 1921, pero mientras Prieto se negó a cualquier colaboración con la dictadura de Primo de Rivera, Largo Caballero, aparentemente más radical, ingresó en el consejo de Estado en 1924… Más adelante, sin embargo, proclamada la República, Largo Caballero aceptó cooperar con los republicanos junto a Prieto, participando ambos en los dos gobiernos de coalición formados por republicanos y socialistas entre 1931 y 1933; Largo Caballero fue además primer ministro entre septiembre de 1936 y mayo de 1937. Pese a las grandes diferencias entre ambos, los dos estuvieron juntos en la huelga revolucionaria de octubre de 1934 y en la formación del Frente Popular, y fueron los puntales políticos del socialismo durante la guerra ulterior al alzamiento militar de 1936 encabezado por Franco. En todo caso, los dos prohombres de la izquierda fueron figuras institucionales que ocuparon cargos y carteras ministeriales en un estado de derecho republicano basado en una constitución democrática, que a unos hoy parecería insuficiente pero que entonces se adelantaba a su propia época. Y la ley de Memoria Histórica pretendió, entre otras cosas, unificar el relato real de lo acontecido: una República institucionalizada, con sus carencias vinculadas en buena medida al subdesarrollo español de la época, fue derrocada por el Ejército, que defendía los valores más reaccionarios y estaba ya alineado con los movimientos europeos que se conjuntaron en la provocación de la Segunda Guerra Mundial. Mientras la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini apoyaban el alzamiento franquista, la República tuvo la inoperativa simpatía de las democracias occidentales… que sin embargo hicieron bien poco para evitar que los facciosos, bien armados por sus patrocinadores, completaran su brutal laminación de la República, de sus representantes y de todo su legado intelectual. Las Brigadas Internacionales dieron el único testimonio eficiente pero insuficiente de que la República gozaba de la simpatía de los demócratas de todo el mundo. Hay algunos episodios bien conocidos que ayudan a diferenciar el distinto talante de las autoridades republicanas y de los mandos castrenses en los primeros meses de la guerra civil. El 9 de agosto de 1936, escasos días después de la cuartelada de Franco, Prieto escribía a las milicias republicanas en El Socialista: “Por muy fidedignas que sean las terribles y trágicas versiones de lo que haya ocurrido y esté ocurriendo en tierras dominadas por nuestros enemigos, aunque día a día nos lleguen agrupados, en montón, los nombres de camaradas, de amigos queridos, en quienes la adscripción a un ideal bastó como condena para sufrir una muerte alevosa, no imitéis esa conducta; os lo ruego, os lo suplico”. “Ante la crueldad ajena, la piedad vuestra; ante la sevicia ajena, vuestra clemencia; ante todos los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa. Quienes constituimos esta generación que declina no nos podremos ir de la vida con la angustia de dejar una España endurecida de corazón, insensible a la solidaridad humana. Oídme bien; son las mías palabras reflexivas que hace tremolar la emoción, pero palabras sinceras, nacidas en lo más íntimo de mi alma. ¡No los imitéis! ¡No los imitéis! Superadlos en vuestra conducta moral; superadlos en vuestra generosidad…“. Poco después, en el lado “nacional”, Queipo de Llano se convertía en estrella de la radio sevillana, con comentarios criminales y misóginos que incitaban al odio de la forma más descarnada que pudiera imaginarse, retratando a la perfección el “ideal” que portaban los militarotes que arrasaron cualquier rastro de decencia. Una de las perlas más conocidas de aquellos inicuos discursos daba idea de su talante: “Ya conocerán mi sistema: Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello: les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos los volveré matar”. Tan brutal fue su papel que en 1938 Serrano Suñer lo exilió por vergüenza: le regalaron una gran finca de arrozales, un marquesado y un alto cargo en la legación española en Italia, con alojamiento en Roma incluido. A Queipo se le atribuyen 14.000 asesinatos directos, y su cadáver yace todavía, para vergüenza de todos, en un lugar eminente de la Iglesia de La Macarena sevillana. Arturo Barea explicó tiempo después la entrada en Sevilla del ejército rebelde: “Cuando atacaban estas tropas, no conocían límite a su venganza ante la muerte de un legionario, y degollaban a su paso a cuantos hombres encontraban hasta que se entregaba el que había cometido el crimen. Yo fui testigo ocular de su paso por barrios en los que sólo quedaron incendios y calles sembradas de hombres, mujeres y niños degollados.” Digan, pues, los de Vox lo que quieran, no hay simetría posible entre ambos bandos, lo que no significa que haya que ignorar toda la brutalidad que, en dosis diferentes, incomparables, hubo en ambos lados. No tiene, en fin, sentido, identificar el papel desempeñado por unos gobernantes elegidos democráticamente con el de unos militares golpistas que se alzaron contra las instituciones legítimas de la República. Largo Caballero tuvo etapas de peligrosa inflamación, Prieto se arrepintió en el exilio de su papel en la Revolución de Octubre, pero en cualquier caso es un disparate, que carece de toda apoyatura jurídica, histórica y moral comparar a quienes defendieron un régimen democrático con quienes acabaron con él por la fuerza. Estas reflexiones, que se basan en una copiosa bibliografía y que pretenden salir al paso de las pretensiones mendaces de los neofascistas que infortunadamente han regresado a nuestras cámaras parlamentarias y a nuestro paisaje representativo, tienen demás una irrebatible apoyatura: un informe ad hoc redactado y suscrito por decenas de profesores de Historia Contemporánea, encabezados por José Álvarez Junco, y que me complace poner a disposición del lector como un servicio público a la ciudadanía. Con este material a la vista, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, presidida por un ilustre abogado del Estado, Martínez-Almeida, tendría muy difícil acceder a la detestable y tergiversadora pretensión de Vox. En todo caso, la ley en ciernes sobre Memoria Democrática debe redactarse con las suficientes cautelas, de forma que las generaciones futuras no reciban mediante artimañas un mensaje tergiversado de uno de los periodos más negros de la Historia de España. -Informe de profesores de Historia Contemporánea sobre la retirada del callejero de Madrid de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto.