Por " Gochos "

El Periódico de España DÍA DE LA DESERTIFICACIÓN España pagará una multa de más de 80 millones a la UE, la mayor impuesta por no depurar las aguas residuales Los planes hidrológicos de tercer ciclo destinarán 6.643,67 millones hasta 2027 en infraestructuras de depuración, pero la inversión pública todavía es un 56% inferior a los datos de 2010 Depuradora de Marbella. Depuradora de Marbella. 4 Se lee en minutos Paula Blanco Madrid 17 de junio del 2023. 06:51 Más de la mitad del territorio español está en riesgo de desertización y un 72% de su superficie está bajo estrés hídrico severo. Una de las soluciones a esta problemática es la depuración de las aguas residuales. De hecho, uno de los referentes internacionales están en España: la Región de Murcia depura el 99% de sus aguas residuales y reutiliza el 98%, especialmente para la agricultura. Sin embargo, a nivel nacional este porcentaje solo llega al 9% y la mayor multa impuesta por la Unión Europea a España es precisamente sobre el incumplimiento de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en varias aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes. Desde 2018, fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el país ha pagado más de 70 millones de euros para cerrar el expediente. Todavía quedan tres de las ocho ciudades infractoras (Alhaurín el Grande en Málaga, Barbate en Cádiz y Matalascañas en Huelva) que extenderán el pago hasta al menos 2026, cuando entre en funcionamiento la depuradora onubense. El Gobierno prevé que el total de la multa supere los 80 millones de euros. España se seca: la Península Ibérica, la región europea que sufrirá mayor desertificación Cambio climático España se seca: la Península Ibérica, la región europea que sufrirá mayor desertificación Aragón instala placas solares en 23 depuradoras de la región Depuración sostenible Aragón instala placas solares en 23 depuradoras de la región ¿Cómo se ha llegado a este punto? España cuenta con 2.232 depuradoras que tratan un total de 4.066 hectómetros cúbicos de aguas residuales, unos 245 litros de agua depurada diaria por habitante (equivalente a la capacidad de un contenedor de reciclaje que se encuentra en la calle). Aunque la sanción económica no llegó hasta 2018, lo cierto es que las autoridades comunitarias impusieron una primera sentencia en 2011 por la mala situación de la depuración de aguas residuales en 43 aglomeraciones en base a la directiva europea de 1991 que entró en vigor en 1998. En ella se establecía el año 2000 como una primera fecha límite para su corrector tratamiento. Todo se complicó en 2017, cuando todavía quedaban 17 localidades que no cumplían con los requisitos mínimos. El número de infractoras se redujo a nueve en el momento de hacer pública la sentencia un año después y la sanción se impuso sobre ocho: cuatro son responsabilidad de la Administración General del Estado y las otras cuatro son de las comunidades autónomas. El caso llegó a manos del TJUE, quien sentenció a España a pagar 12 millones de euros, así como una multa coercitiva de 11 millones por cada semestre que se incumpliese la legislación. Pese a que la sanción semestral ya se ha reducido a los 3 millones de euros cada seis meses, aún queda por resolver la depuración de aguas residuales urbanas tres localidades. “Todo indica que Matalascañas, competencia de la Administración General del Estado por ser declarada hace décadas obra de interés general, será el último incumplimiento en resolverse y, por tanto, el que determinará el final de la sanción por cumplimiento con la sentencia de 2018”, asegura Gonzalo Delacámara. Director del IE Centre for Water & Climate Adaptation. Esta urbanización costera, que lleva 28 años esperando por su depuradora, es especialmente sensible por lindar con el Parque Nacional de Doñana y haber sufrido dos vertidos fecales en 2021. La entrada en funcionamiento de su Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) está prevista para 2026, pero cabe recordar que su puesto en marcha se ha atrasado más de una vez desde 2022. Por su parte, se espera que la depuradora de Alhaurín el Grande cumpla los requisitos de la sentencia en diciembre de 2023, mientras que Barbate no lo hará hasta 2025. La sanción económica solo estará pagada una vez que se entregue la obra y pasen tres meses para evaluar la calidad del agua. Hasta entonces, la multa seguirá engordando cada seis meses. “España solo dejará de pagar multas cuando se haya logrado el pleno cumplimiento de la sentencia de 14 de abril de 2022”, apuntan fuentes de la Comisión Europea. Y de hecho, la situación se podría complicar aún más por la última directiva europea sobre este tema, aprobada en noviembre de 2022. “España se enfrenta a un nuevo procedimiento de infracción, esta vez como resultado del incumplimiento en unas 130 aglomeraciones de menos de 2.000 habitantes”, señala Delacámara. Inversiones tardías Noticias relacionadas Sostenibilidad en la banca, ¿motor de transformación o ‘greenwashing’? Puerto Banús, Isla de la Toja, Playa de Portío y Portocolom: los lugares más exclusivos para alquilar este verano Los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo (2022-2027) incluyen una partida de 6.643,67 millones de euros para infraestructuras de saneamiento y depuración. De esta inversión prevista, 476 medidas son de carácter básico y su inobservancia es susceptible de sanción por parte de la Comisión Europea, pero no sería suficiente. Según datos de la patronal de la construcción Seopan, la inversión pública en depuración y abastecimiento de agua sigue siendo un 54-58% inferior a los datos de 2010. Y según los cálculos de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Aguas Urbanas, sería necesaria una inversión anual total de 4.900 millones de euros para cumplir los objetivos de aguas residuales. Para Seopan, no se ha puesto remedio antes a la depuración de las aguas residuales porque el agua “sigue sin ser una prioridad en nuestro país”. Pero hay más razones. “Venimos acumulando un déficit inversor por el reiterado incumplimiento de los planes de cuenca aprobados en los dos anteriores ciclos”, añaden. Otra dificultad es que los gobiernos nacionales han encontrado dificultades para intervenir por no tener competencias sobre el tratamiento de las aguas residuales. La sanción se impone al Estado, que su vez solicita a las comunidades autónomas competentes la parte correspondiente. “Puede hablarse de desidia institucional durante años de modo verosímil, pero también de falta de visión estratégica en la gestión del agua y de las actividades económicas que generan presiones sobre la misma”, afirma Delacámara.