La mordida del Cine.

Las comisiones empiezan a aflorar.

COMUNICACIÓN
El Gobierno obliga a TVE y las autonómicas a elevar su aportación al cine español
Gobierno, ayudas al cine, TVE, cadenas autonómicas, Ley General Audiovisual

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (Efe).
@D.Toledo.- 30/06/2009 06:00h

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández De la Vega, no ha olvidado al cine español. Ni por un momento. El anteproyecto de Ley General Audiovisual aprobado el pasado viernes por el Ejecutivo eleva en un punto, del 5% al 6%, el porcentaje de sus ingresos que tanto Televisión Española como las cadenas autonómicas estarán obligadas a destinar para financiar obras audiovisuales españolas. Según recoge el texto, al que ha tenido acceso El Confidencial, la tasa se queda en un 5% para las privadas, pero “para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública de cobertura estatal o autonómica esta obligación será del 6%”.

En un primer momento, las televisiones privadas agrupadas en Uteca mostraron su alborozo en tanto el famoso 5% para el cine -para ellas un “impuesto revolucionario”- se desglosa en la nueva ley: un 60% del canon “deberá dedicarse a largometrajes, cortometrajes y películas para televisión”, pero el 40% restante podrán destinarlo a series de ficción, un producto que estiman más rentable y que constituía una de sus eternas reivindicaciones. Sin embargo, también el mundo del cine tiene razones para cantar victoria, ya que ha arrancado concesiones relevantes. Por ejemplo, del citado 60% para el cine español “al menos el 50% deberá aplicarse a obras de producción independiente”, como pretendía el sector.

De hecho, el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (Fapae), Pedro Pérez, aseguraba recientemente que “el talento creativo no está en las televisiones. Ni lo ha estado ni lo estará. Las cadenas privadas españolas han destacado en su gestión, pero el talento creativo está en la calle. Si se limita en una estructura… Los productores independientes deben encauzar ese talento creativo”. La propia Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ya advertía en su último informe sobre el cumplimiento de financiación de las televisiones que “las empresas productoras dependientes de los operadores de televisión año tras año incrementan su actividad, produciendo películas españolas directamente o coproduciendo con otras empresas”.

Desde una televisión privada, sin embargo, se minimiza la importancia de ese 1,5% de la inversión que tendrá que ir directamente a productores independientes y escapará del control de las televisiones. “De alguna forma ya se hacía”, apuntan, aunque Industria no facilita los porcentajes concretos en su informe. La Ley 55/2007, la polémica Ley de Cine, recogía la figura del productor independiente como aquel sin “influencia dominante” por parte de o sobre un canal televisivo. Los umbrales quedan claros. Un canal televisivo no puede poseer un 20% de capital social o los derechos de voto de una productora que se llame independiente, y viceversa. Tampoco puede obtener más de un 80% de su cifra de negocio en los tres últimos años de un mismo canal televisivo.
Aumentar la base de pagadores


Como avanzó este periódico, la otra gran vía para recuperar el dinero que el cine español dejará de recibir por no aglutinar ya ese 5% en su totalidad ha sido aumentar la base de pagadores. “También están sometidos a la obligación de financiación establecida en este artículo los prestadores de servicios de comunicación electrónica que difundan canales de televisión y los prestadores de servicios de catálogos de programas”, expone el anteproyecto de ley en su artículo 4. El Gobierno apunta a plataformas como Imagenio, de Telefónica, u Ono, cuyos servicios jurídicos ya estudian hasta qué punto tendrán que pasar por caja para abonar ese 5%.


Un nuevo varapalo a las principales empresas de telecomunicaciones resultaría paradójico en tanto implicaría que pagarían el cine español por dos vías. Y es que además de ese 5% de nuevo cuño por sus plataformas, el Ejecutivo ya les ha colocado una tasa del 0,9% de sus ingresos brutos de explotación para compensar una parte de la eliminación de la publicidad en TVE. Sin ir más lejos, Telefónica ya ha calculado que soportará un 44% de ese canon. Todo para completar un presupuesto de 1.200 millones de euros anuales para el ente público, que a su vez tendrá que destinar un 6% al cine español.



El anteproyecto de ley también recoge otras novedades en cuanto al control y seguimiento de esa obligación de las televisiones, hasta ahora y según el Real Decreto 1652/2004 dependiente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria. Miguel Sebastián, que ya había quedado apartado en toda la negociación, cede esa competencia al flamante Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, “previo dictamen preceptivo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales”. La norma también abre la mano para que televisiones y productores puedan llegar a acuerdos particulares entre ellos.