Caja Navarra se sdelanta un siglo en su pretensión de despolitización.
El atrevimiento de Caja Navarra
Publicado el 25-06-2009 , por Michela Romani
En los últimos años Caja Navarra (CAN) se ha consolidado como una de las cajas más atrevidas, con respecto a temas como la Obra Social o la relación de los clientes.
Ahora ha dado un paso más, en un aspecto clave para el futuro: la despolitización. Su presidente, Miguel Sanz, que también preside la Comunidad Foral de Navarra, ha anunciado la apertura del proceso de reforma estatutaria, con el objetivo de reducir el peso de los políticos en los órganos de administración y avanzar hacia la profesionalización de la entidad.
La reforma de los Estatutos de CAN seguirá las indicaciones de un documento de grupo de juristas que la caja puso a trabajar para que encontraran la fórmula para avanzar hacia los objetivos propuestos, respetando, al mismo tiempo, las particularidades que tiene Caja Navarra como entidad de una comunidad aforada.
Las principales novedades de este documento son el establecimiento de una incompatibilidad de los cargos públicos electos para participar en los órganos de administración de la caja. En esta línea, desaparecen los “cargos natos”: el presidente de la Comunidad ya no presidirá la caja, ni tampoco el alcalde de Pamplona la Comisión de Control. Se les reserva un puesto, con la creación de la Junta de Entidades Fundadoras, un órgano que servirá de conexión con la caja, pero que sólo tendrá funciones consultivas.
Si finalmente estas modificaciones se llevan a cabo tal y como se han anunciado, y no se ponen trabas en el camino, se podrá decir que Caja Navarra indica una vía que muchas entidades deberían seguir. También hay que destacar que la entidad de Pamplona parte de una situación distinta de las otras cajas, ya que es la única de España que no se rige por la ley estatal del sector (Lorca), sino por un régimen especial pactado entre Navarra y el Gobierno central.
De hecho, como es preceptivo, Sanz ha ido esta misma semana a Madrid a ver a la ministra de Economía, Elena Salgado, para anunciarle los cambios que se preparan para los Estatutos de CAN. Al parecer, a la ministra ha valorado como muy positivo el paso dado y ha expresado el deseo de que otras cajas lo sigan. Una reacción ante la cual, evidentemente, muchos se han preguntado por qué, entonces, el Gobierno no mete mano a la Lorca para que todas las cajas puedan y deban reducir el peso político en sus consejos, como viene pidiendo desde hace tiempo la patronal del sector, Ceca, y la mayoría de los actores implicados en el sector.
Las polémicas de índole política en las que se han visto envueltas muchas cajas, junto con la crisis que obligará a muchas a contar con dinero público para seguir adelante, aconsejarían al sector que diera pasos hacia su profesionalización. Esta, y no las buenas palabras, sería la mejor forma para defender el modelo de los ataques privatizadores.
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