Un pozo sin fondo, que acabará pagando el de siempre D.Jacobo=Estado.
El 'INI autonómico' imparable: las empresas públicas regionales deben ya 13.214 millones
@C. Sánchez - 22/06/2009 06:00h
Un marino de los de antaño recordaría aquello que glosaba el poeta: ‘viento en popa, a toda vela…’ Y realmente eso es lo que está sucediendo con las empresas públicas regionales, cuyo endeudamiento crece y crece sin parar impulsado por los vientos que trae la recesión. Hasta el punto de que en el primer trimestre de este año el ‘INI regional’ tiene contraídas deudas por valor de 13.214 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 20,5% respecto del mismo periodo del año anterior.
En términos relativos, esto significa que el endeudamiento de las empresas públicas supone ya el 1,2% del PIB, justo el doble que el existente en 2002, año en el que comenzó a ser efectivo el actual modelo de financiación autonómica. A esa cifra hay que sumar otros 6,2 puntos del PIB que deben las propias comunidades autónomas por los desequilibrios fiscales generados durante años.
Esto significa que los pasivos de los entes regionales ascienden ya a 7,4% del PIB nacional, según el Protocolo de Déficit Excesivo que opera en la Unión Europea. Porque si se incorporan todas las partidas -algo que no hace la metodología de Eurostat- el endeudamiento es mucho mayor. Superior incluso al 10% del Producto Interior Bruto. O dicho en otros términos, según las Cuentas Financieras de España, la deuda en circulación emitida por los gobiernos autonómicos asciende ya a 96.293 millones de euros. Y a esta cantidad hay que añadir otros 13.214 millones generados por las empresas públicas para sufragar sus pérdidas de explotación. En total, 109.505 millones de euros al finalizar el primer trimestre de este año.
El emporio empresarial autonómico
Las reglas de Eurostat permiten a los Estados no incluir los resultados de las empresas públicas en el Protocolo de Déficit Excesivo, y de ahí que algunas comunidades autónomas, en particular Cataluña, Castilla-La Mancha y Baleares, hayan utilizado de manera profusa este instrumento de intervención en la economía. No en vano, y según los datos de los informes sobre el sector público autonómico que maneja el Ministerio de Economía, el número de entes regionales -en sus diferentes categorías jurídicas- ascendía el pasado 1 de julio a 1.875, de los que cerca de una tercera parte -511- son sociedades mercantiles.
Los diferentes gobiernos que ha gobernado la Generalitat de Cataluña son, con diferencia, quienes más han tirado de las empresas públicas para hacer política económica. Hasta el punto de que las deudas generadas en esa comunidad por sus sociedades mercantiles ascienden ya a 6.030 millones de euros, prácticamente la mitad que en el conjunto del Estado. De hecho, el endeudamiento de su sector público representa nada menos que el 3% del PIB regional de Cataluña, cuando la media nacional se sitúa en el 1,2%. Entre las sociedades mercantiles creadas en los últimos años se encuentran Cataluña de Iniciativas, Aeropuertos Públicos de Cataluña o Circuitos de Cataluña.
En el caso de Cataluña, la presencia de un sector público fuerte puede ser coherente con el hecho de que se trata de una región altamente industrializada, lo que obliga a las autoridades a intervenir de una forma más decidida en la actividad económica, sobre todo en tiempos de crisis económica. Sorprende, sin embargo, el caso de Castilla-la Mancha, cuyo sector público ha generado ya un endeudamiento equivalente al 2,5% de su PIB regional, el doble que a nivel nacional. La deuda asciende, en concreto, a 933 millones de euros, cuando hace una década era prácticamente inexistente, de apenas 17 millones de euros.
El endeudamiento de las empresas públicas madrileñas, una comunidad también altamente industrializada, se sitúa claramente por debajo de la media nacional, ya que representa el 0,6% del PIB regional, la mitad que a nivel estatal.
Las comunidades autónomas no solamente intervienen en la actividad económica a través de sociedades mercantiles de derecho privado destinadas a la producción de bienes o prestación de servicios en el mercado, sino que lo hacen también mediante otras figuras jurídicas. Y en particular destaca la creación de consorcios, que suman 567. Sorprende, igualmente, la abultada nómina de fundaciones creadas por las comunidades autónomas, cuyo número es ya de 333.
Teniendo en cuenta todas las figuras jurídicas, Cataluña es la comunidad con mayor número de entidades: 325, seguida de Andalucía, 279; Baleares, 165; Galicia, 147 y Madrid, 131.
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