Las pensiones mínimas sufrirán más con los recortes
José Mª Camarero
Si los índices de revalorización y sostenibilidad se aplican de forma generalizada, como todo apunta, las prestaciones menos elevadas perderán mucho más poder adquisitivo. Al contrario de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora.
Los grandes titulares ya están sobre la mesa: tras la reforma de las pensiones, el ahorro para el Estado será de unos 33.000 millones de euros; con las medidas aprobadas desde 2011, las prestaciones se reducirán más de un 36 por ciento; y las pensiones no se actualizarán según el Índice de Precios al Consumo (IPC), como ocurría hasta hace poco. Pero, ¿pueden afectar todas estas medidas de la misma forma a una prestación máxima, la de 2.500 euros, que a una mínima, de apenas 600? Evidentemente, no.
Las prestaciones de menor cuantía se verán más perjudicadas tanto por el nuevo factor de actualización, que se aplicará a partir del 1 de enero, como por el de sostenibilidad (en vigor a partir de 2019); frente a las de máxima cuantía, que no sufrirán tanto los efectos de la reforma. Precisamente, al contrario de lo que sucedía en la última década.
Si analizamos la evolución de las prestaciones por jubilación desde el año 2000 hasta 2013, comprobaremos cómo las pensiones mínimas habían conseguido una revalorización media superior al 24% en ese periodo (un 2,36% desde que comenzó la crisis), si se compara con la evolución de la inflación. Por su parte, las máximas obtuvieron en esos periodos una pérdida de poder adquisitivo del 5,62% y del 4,52% por ciento, respectivamente.
Menor revalorización en las más ínfimas
Así lo explica Carlos Vidal Meliá, profesor titular del departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia. Para este actuario-consultor, «el impacto de la revalorización de las pensiones ha sido muy desigual». Desde un punto de vista técnico, «se diría que se ha ido avanzando en el grado de injusticia actuarial del sistema», indica Vidal Meliá, debido a que «en 2013 es mucho más beneficioso para los pensionistas con prestaciones más bajas que para los de las altas».
A partir de ahora, con la reforma ya aprobada, esta tendencia cambiará. Al menos, eso se deduce del anteproyecto de Ley de la reforma de las pensiones, donde se explica que el nuevo índice de revalorización servirá como referencia para incrementar las pensiones. «Se define como índice para 'incrementar' y, por tanto, no está previsto que se discrimine por tramos o importe de pensión, por lo que en principio se aplicaría a todas las pensiones por igual», sostiene Carlos Vidal Meliá. Es decir, que si finalmente se adopta este sistema y se cumple, «no se darían incrementos en las pensiones mínimas en términos reales muy por encima de lo aconsejable para el sistema, pero tampoco se producirían disminuciones injustificadas de las máximas».
Para Manuel Álvarez, director general de Particulares de Vida y Pensiones de Caser, «todavía no se sabe cuál será exactamente el criterio que se utilice a partir de ahora». En cualquier caso, Álvarez también reconoce que, hasta ahora, «si las pensiones subían, de media, un 2%, en realidad las mínimas se incrementaban más y las máximas quedaban congeladas».
Las prestaciones de menor cuantía se verán más perjudicadas tanto por el nuevo factor de actualización, que se aplicará a partir del 1 de enero, como por el de sostenibilidad (en vigor a partir de 2019); frente a las de máxima cuantía, que no sufrirán tanto los efectos de la reforma. Precisamente, al contrario de lo que sucedía en la última década.
Si analizamos la evolución de las prestaciones por jubilación desde el año 2000 hasta 2013, comprobaremos cómo las pensiones mínimas habían conseguido una revalorización media superior al 24% en ese periodo (un 2,36% desde que comenzó la crisis), si se compara con la evolución de la inflación. Por su parte, las máximas obtuvieron en esos periodos una pérdida de poder adquisitivo del 5,62% y del 4,52% por ciento, respectivamente.
Menor revalorización en las más ínfimas
Así lo explica Carlos Vidal Meliá, profesor titular del departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia. Para este actuario-consultor, «el impacto de la revalorización de las pensiones ha sido muy desigual». Desde un punto de vista técnico, «se diría que se ha ido avanzando en el grado de injusticia actuarial del sistema», indica Vidal Meliá, debido a que «en 2013 es mucho más beneficioso para los pensionistas con prestaciones más bajas que para los de las altas».
A partir de ahora, con la reforma ya aprobada, esta tendencia cambiará. Al menos, eso se deduce del anteproyecto de Ley de la reforma de las pensiones, donde se explica que el nuevo índice de revalorización servirá como referencia para incrementar las pensiones. «Se define como índice para 'incrementar' y, por tanto, no está previsto que se discrimine por tramos o importe de pensión, por lo que en principio se aplicaría a todas las pensiones por igual», sostiene Carlos Vidal Meliá. Es decir, que si finalmente se adopta este sistema y se cumple, «no se darían incrementos en las pensiones mínimas en términos reales muy por encima de lo aconsejable para el sistema, pero tampoco se producirían disminuciones injustificadas de las máximas».
Para Manuel Álvarez, director general de Particulares de Vida y Pensiones de Caser, «todavía no se sabe cuál será exactamente el criterio que se utilice a partir de ahora». En cualquier caso, Álvarez también reconoce que, hasta ahora, «si las pensiones subían, de media, un 2%, en realidad las mínimas se incrementaban más y las máximas quedaban congeladas».
¿Caso por caso o todos por igual?
Son dos las opciones que tiene el Gobierno a la hora de aplicar el nuevo factor de actualización. Por una parte, si este proceso se realiza de forma «agregada» -indica Álvarez-, «permitirán que haya un pequeño incremento en las pensiones mínimas». Pero la otra opción es aplicar la revalorización «de forma particular, según el importe de cada prestación, con lo que se añadiría más claridad y transparencia», según el responsable de Caser. Aunque, al mismo tiempo, las mínimas subirían mucho menos de forma proporcional con respecto a las máximas.
Un 2,5% menos por cada cinco años que pasen
Al igual que es probable que el factor de actualización se aplique de forma generalizada a todos los tipos de pensiones de jubilación, lo mismo podría ocurrir con el de sostenibilidad, según se desprende de los textos recientemente aprobados.
En principio, el de sostenibilidad también «afectará a todas las prestaciones por igual», indica Carlos Vidal Meliá. Este experto calcula que el impacto sería de un 2,5% menos en cada revisión». En el caso español, se realizará cada cinco años. Por ejemplo, en Suecia ya se aplica este corrector y está previsto que la pensión de 2030 sea un 9,57% inferior a la de 2010. «Allí ya se aplica anualmente, por lo que los ajustes son más progresivos y justos» de lo que serán en España, sentencia este profesor.
Son dos las opciones que tiene el Gobierno a la hora de aplicar el nuevo factor de actualización. Por una parte, si este proceso se realiza de forma «agregada» -indica Álvarez-, «permitirán que haya un pequeño incremento en las pensiones mínimas». Pero la otra opción es aplicar la revalorización «de forma particular, según el importe de cada prestación, con lo que se añadiría más claridad y transparencia», según el responsable de Caser. Aunque, al mismo tiempo, las mínimas subirían mucho menos de forma proporcional con respecto a las máximas.
Un 2,5% menos por cada cinco años que pasen
Al igual que es probable que el factor de actualización se aplique de forma generalizada a todos los tipos de pensiones de jubilación, lo mismo podría ocurrir con el de sostenibilidad, según se desprende de los textos recientemente aprobados.
En principio, el de sostenibilidad también «afectará a todas las prestaciones por igual», indica Carlos Vidal Meliá. Este experto calcula que el impacto sería de un 2,5% menos en cada revisión». En el caso español, se realizará cada cinco años. Por ejemplo, en Suecia ya se aplica este corrector y está previsto que la pensión de 2030 sea un 9,57% inferior a la de 2010. «Allí ya se aplica anualmente, por lo que los ajustes son más progresivos y justos» de lo que serán en España, sentencia este profesor.
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