El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no ha escuchado a la Fiscalía Anticorrupción y ha optado por citar como testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el caso Gürtel para preguntarle sobre las actividades presuntamente ilícitas de su exviceconsejero,Alberto López Viejo.

Según el instructor, la declaración es “pertinente, necesaria, útil e idónea” para el desarrollo de la investigación. Sobre todo para que la presidenta del PP madrileño explique unas afirmaciones en las que dijo que prohibió a López Viejo contratar con Easy Concept, una de las empresas del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa.

Todavía no ha fijado una fecha porque el instructor le da la opción de que declare por escrito. La Fiscalía entendió que no era necesaria su declaración porque tenía como objeto únicamente ratificar sus propias afirmaciones vertidas en varios medios de comunicación y, por lo tanto, se podría dejar para el juicio oral.

Ruz recuerda que de los informes policiales y de la Agencia Tributaria se desprende que desde el entorno de Correa se habrían efectuado cuantiosos pagos a aquél, como consecuencia de la adjudicación irregular de actos ycontratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, con el objetivo de ocultar la reiterada e incorrecta adjudicación de eventos a sociedades de Correa, facilitar el fraccionamiento de los contratos y simular una concurrencia entre distintas sociedades realmente vinculadas con el mismo grupo, se habrían utilizado mercantiles directamente relacionadas con el propio Correa.

El último informe de la Intervención General del Estado recoge que hay una constatación indiciaria de la existencia de una operativa de contratación pública llevada a cabo por diferentes entidades y consejerías de la Comunidad, y que se habrían apartado de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia. Se llevaba a cabo los trámites de los diferentes expedientes de contratación con infracción de lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El juez Ruz deja claro que de estas actuaciones no existe ningún indicio de la participación o consentimiento de Esperanza Aguirre, lo que invalida cualquier petición de que sea citada en calidad de imputada.

Sin embargo, su interrogatorio como testigo sí resulta esencial para poder incidir en la supuesta instrucción o indicación que López Viejo habría recibido por parte de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid en la prohibición de volver a contratar con empresas de Correa una vez que se conoció que estaba siendo investigado.