Deterioro continuo de unas instituciones claves...
Sindicatos: El discreto encanto de recibir subvenciones
José Jiménez
Reciben subvenciones para todo, pero sus cuentas son opacas y han creado un sistema laboral de castas con incentivos perversos para el trabajador.
La investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla sobre una supuesta trama de facturas faltas de la UGT-A por sus cursos de formación, ha puesto negro sobre blanco sobre uno de los grandes problemas que se cierne sobre este tipo de hechos, las jugosas subvenciones que reciben los sindicatos.
En el libro "¿Hay Derecho"? (Editorial Península), publicado hace unos días bajo el seudónimo colectivo de Sansón Carrasco por los cinco editores del blog que lleva el mismo título, éstos autores reflexionan sobre los problemas y las carencias del Estado de derecho, dedicando uno de sus capítulos precisamente a las subvenciones recibidas por los sindicatos.
Desde su actividad profesional como notarios y expertos juristas, explican que "el interés que defienden hoy nuestros sindicalistas parece que tiene poco que ver con el que defendían los líderes del movimiento obrero hace décadas". Así, creen que su interés pasa por mantener una estructura burocrática subvencionada y cara en la que han encontrado acomodo "simpatizantes, amigos y hasta parientes de los dirigentes", Y han ido desarrollando todo un "tejido de intereses directa o indirectamente dependientes de fondos de financiación pública que han ido separándoles de los intereses básicos que hubieran tenido que defender".
En la actualidad, la afiliación sindical en España es muy baja y tiende a caer más aún, sobre todo desde el comienzo de la crisis. Si en 2008 un 17,4% de los trabajadores ocupados estaba afiliado a algún sindicato, este porcentaje había caído al 16,4% en 2010, sobre una base todavía más pequeña por el incremento del paro. "Esta pérdida de afiliación está siendo especialmente acentuada entre los dos tradicionales sindicatos de clase, UGT y Comisiones Obreras, lo que, en un círculo vicioso, incrementa su dependencia de la financiación pública", asegura Sansón Carrasco. Precisamente, sostienen los expertos, "la recepción de recursos públicos explica la tranquilidad con que los sindicatos contemplan esta creciente desafección de los trabajadores".
Los sindicatos más representativos, junto con las patronales, son los que han gestionado hasta ahora los inmensos recursos económicos recaudados de trabajadores y empresarios bajo el concepto "formación profesional". Estos fondos se detraen de la nóminas al aplicar un 0,7%(0,1% de la parte del trabajador y 0,6% del empresario) en la base de cotización por contingencias profesionales a la Seguridad Social. Una parte de estos recursos son gestionados por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en la que participan el Ministerio de Trabajo, la CEOE, CEPYME (por los empresarios) y UGT, CC.OO y CIG entre los sindicatos más representativos.
El problema es mayor ya que, como explica Carrasco, "los sindicatos han sido durante muchos años una verdadera rémora para la modernización de nuestra legislación laboral. Su implícito derecho de veto y la asumida convicción de que no cabían reformas importantes sin su plácet, solo permitió abrir el escape de los contratos temporales y otros tipos de contratos con derechos rebajados" en las nuevas contrataciones en las que se incorporaban las nuevas generaciones, mucho menos protegidas.
Sistema laboral de castas
La consecuencia "fue un verdadero sistema laboral de castas, con trabajadores más antiguos y muy protegidos en la cúspide y con trabajadores jóvenes y muy desprotegidos en la base, con muy diferentes derechos". Así, sigue Carrasco, "la estrategia sindical se ha centrado en la defensa de los intereses de los primeros y ha abandonado a su suerte a los segundos. De hecho, nuestro enorme paro estructural y nuestra increíble tasa de paro juvenil, "han sido otras de las consecuencias por mantener el statuo quo".
Los sindicatos no solo obtuvieron ventajas institucionales, también mucha financiación en dinero y en especie. Por ejemplo, la cesión que se les hizo en inmuebles libres de impuestos, con la justificación de corresponder a "la devolución de patrimonio incautado por el régimen franquista". También se les asignaron subvenciones fijas a cargo de los presupuestos generales del Estado. El problema, sigue Carrasco, es que "no es fácil conocer las cifras reales de las que estamos hablando, porque los sindicatos tienen la peculiaridad de haber sido, hasta hace nada, las únicas organizaciones de España que no presentaban sus cuentas a nadie". Ni siquiera han de sufrir las auditorías del Tribunal de Cuentas, que solo tiene capacidad para revisiones puntuales con motivo de alguna subvención que reciban.
Subvenciones para todo
Así las cosas, a los Presupuestos Generales del Estado se añadieron pronto "las subvenciones de todo tipo procedentes de distintas administraciones, especialmente las autonómicas, para el desarrollo de proyectos que, por lo general, nada tienen que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores", apunta Carrasco. Por ejemplo, elaboración de estudios, planes de igualdad o integración de emigrantes. Con todo, los efectos más perversos han procedido de lo que el autor denomina "financiaciones encubiertas", como la participación en consejos diversos de entidades públicas, o en los consejos de administración de las cajas de ahorro, con sus correspondientes retribuciones, donde no han tenido problemas en participar en la irresponsable gestión que llevó a la desaparición de la mayoría.
Un ejemplo puede ayudar a comprender mejor la dimensión del conflicto. Durante mucho tiempo, cuando llegaban las vacas flacas, y debido a la poca flexiblidad de la regulación laboral, las empresas no tenían más remedio que despedir a miles de trabajadores. Otras fórmulas más utilizadas en otros países (bajadas de sueldo, reducciones de jornada y otras medidas) que evitarían los despidos habrían necesitado una reforma normativa para poder haber sido aplicadas. Pero los sindicatos mostraron su más absoluta oposición, alegando motivos ideológicos o defensa de los derechos adquiridos.
Lo cierto, sin embargo, "es que tenían también para oponerse un claro incentivo económico", asegura Carrasco. Y es que hasta la última reforma laboral, los sindicatos, por su participación en los expedientes de regulación de empleo (que era obligatoria por mandato legal) "facturaban un porcentaje de la indemnización recibida por cada trabajador", explica Carrasco. Es decir, "disponían de un mercado cautivo y de un incentivo perverso para contribuir al incremento del desempleo".
Esta gestión, apunta Carrasco, "ha sido tradicionalmente muy opaca y los controles del poder público, escasos e insuficientes", como demuestran los recientes escándalos que ha afectado tanto a los sindicatos (UGT Andalucía) como a la patronal (los cursos de formación de la CEIM). Y el reparto de estos fondos cautivos ha sido "muy ineficiente", si consideramos que el objetivo era formar a los trabajadores. Así, "como era previsible, este reparto de fondos sin control se ha convertido en una forma de corrupción y financiación ilegal", apunta Carrasco.
¿Qué hacer?
Finalmente, los autores de la obra consideran que la actual situación reclama "una acción decidida para regenerar tanto a los sindicatos como a las patronales, puesto que es poco probable que lo hagan por sí mismos". Se trataría de fortalecer su independencia respecto a los poderes públicos y garantizar que vuelvan a defender los intereses de los trabajadores.
Entre las sugerencias que aportan está la "eliminación de la figura del liberado sindical a cargo de la empresa", si bien podría admitirse esta figura pero a cargo de los propios trabajadores. Igualmente, creen que los sindicatos se tendrían que financiar exclusivamente con las cuotas de los afiliados, eliminando todo tipo de subvenciones. Este es el sistema, por ejemplo, de los sindicatos alemanes. "Eso les dota de una formidable independencia del poder público y les exige la dedicación al interés de los trabajadores". Y lo mismo cabe decir de las organizaciones empresariales. Por otro lado, Carrasco propone mejorar los mecanismos de transparencia y control de cuentas.
También los cursos de formación deberían suprimirse de las partidas de presupuestos públicos, pues dicha formación tendría que pactarse libremente entre empresas y trabajadores, sin perjuicio de ser favorecidos por beneficios fiscales o en las cotizaciones sociales. Igualmente, habría que eliminar los puestos de los sindicatos en los consejos de administración de organismos públicos y entidades financieras.
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