MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2015
RAÚL ÁLVAREZ
Javier Fernández se hereda a sí mismo en el cargo de presidente de Asturias y en el legado lleva unas cuantas urgencias. El PSOE está muy acostumbrado a gobernar en Oviedo, donde ha ocupado el poder durante 27 de los 32 años del Principado como comunidad autónoma, pero nunca lo ha hecho desde una posición tan débil como la que tiene hoy, con el apoyo de menos de un tercio del Parlamento, sin aliados estables y con cinco grupos de la oposición pendientes de sus gestos y dispuestos a elevar el tono de la crítica desde el primer día. Fernández, que nunca ha construido su larga carrera política sobre la prisa, se encuentra ahora en una situación en la que debe tomar decisiones inmediatas. IU, la única organización que le ha prestado su apoyo para la reelección, espera que los tres primeros meses de gestión marquen de forma inequívoca un tono social y de izquierdas para la nueva legislatura, entre otros motivos para justificar así ese respaldo ante los numerosos escépticos de su masa de militantes, simpatizantes y votantes. En su mesa de trabajo, Fernández encontrará un cúmulo de asuntos que se arrastran desde su anterior mandato y a los que se suman esas nuevas prioridades. Estas son algunas de ellas.
Lucha contra la pobreza y la exclusión social. PSOE e IU han asumido la expresión rescate ciudadano, popularizada por Podemos, para bautizar el paquete de medidas más urgentes del nuevo Gobierno. Las de mayor impacto serán los planes contra la pobreza energética, destinados a ayudar a los hogares más pobres a pagar sus facturas de luz, gas y agua; la malnutrición infantil; y los desahucios que dejan a familias en la calle.
Salario social. El objetivo es que ningún solicitante con derecho a percibirlo tarde más de tres meses en empezar a cobrarlo. En cartera están también una ley de garantía de los derechos sociales y otra de servicios sociales que sirvan como freno a recortes del tipo de los decididos por el Gobierno de Mariano Rajoy desde 2012.
Reforma de la ley electoral. Una asignatura pendiente que el PSOE logró aparcar en 2013, al precio de romper su entendimiento parlamentario con IU y UPyD. La demanda de los partidos más pequeños, recogida también por Podemos y Ciudadanos, no ha desaparecido, sin embargo. La división de la comunidad autónoma en tres circunscripciones y reduce su representación parlamentaria y prima a los partidos más votados. El cambio puede consistir en en elegir a 35 de los 45 diputados según el sistema de circunscripciones y reservar los otros diez para asignarlos entre todos los partidos de forma que se minimice su número de votos que no tienen recompensa. El proyecto de 2013 también incluía listas abiertas y primarias en todos los partidos.
Ley del presidente. Aunque es otro aspecto de las reformas para mejorar la calidad democrática que llevan años sobre la mesa, su urgencia nunca se había hecho tan patente como en las semanas transcurridas desde las últimas elecciones. Los partidos pretenden acabar con el sistema de elección parlamentaria del presidente, que solo permite votar a favor de un candidato o la abstención, pero impide votar no. De esa manera, hace difíciles los bloqueos parlamentarios pero puede generar gobiernos débiles e inestables. Con seis partidos conviviendo en la Junta General, sus limitaciones se han hecho más evidentes. Esa reforma es también la ocasión para introducir la limitación de mandatos.
Leyes de transparencia y participación. Forman parte del capítulo de regeneración democrática que Fernández quiere potenciar. Sus proyectos de leyes de transparencia y buen gobierno encallaron en la Junta y no se aprobaron en la legislatura pasada. IU quiere reforzarlas con disposiciones contra las puertas giratorias entre los cargos públicos y la empresa privada. También está en cartera una ley de participación que facilite las consultas a los ciudadanos y reduzca los requisitos para la admisión de iniciativas legislativas populares.
Reformas fiscales. Es uno de los aspectos menos detallados del acuerdo con IU. El PSOE ha defendido en los últimos meses retoques a la baja en los impuestos de sucesiones y en los tramos autonómicos del IRPF. IU, por el contrario, es partidaria de aumentar la capacidad recaudatoria para financiar las políticas sociales. Está por ver qué visión se impone y quién es el encargado de aplicarla. Durante las últimas semanas, se ha especulado con un cambio de cartera para la consejera de Hacienda, que puede seguir en el Gobierno pero con otras atribuciones.
Tarifas eléctricas para grandes consumidores. Fernández considera básico el fin del modelo de subastas y la rebaja de los recibos para mantener la competitividad de la industria metalúrgica asturiana. Alcoa ya llevó su fábrica de Avilés al borde del cierre el año pasado. IU está de acuerdo en ese objetivo. El problema es que introducir esos cambios excede las competencias del Principado y depende de la voluntad del Ministerio de Industria. PSOE e IU intentarán reclutar para esa causa a otros partidos y presionar al Gobierno de Rajoy con un frente común de todo el Parlamento asturiano. Con los fondos mineros y el calendario de cierre de explotaciones hulleras se seguirá una estrategia similar.
Planes de empleo. La prioridad son los mayores de 45 años. La lucha contra el paro y la creación de puestos de trabajo es uno de los objetivos prioritarios citados expresamente por Javier Fernández. Su modelo económico para Asturias mezcla las actividades industriales tradicionales, el despegue de la industria agroalimentaria y la consolidación del turismo. La oposición le reprocha que es la misma receta sin éxito que ha intentado aplicar desde 2012.
Reordenación del área central. Aunque no está en el mismo nivel ético que las medidas de rescate o de lucha contra la corrupción, es otra de las prioridades de IU para los primeros cien días. Su objetivo es reforzar la integración de los ayuntamientos y dar a los consorcios que gestionan los servicios públicos un papel destacado en esa unidad.
Gestión de las basuras. Tras la anulación en los tribunales del plan autonómico de residuos, el acuerdo entre PSOE e IU establece que el Principado no recurrirá esa decisión. De esa manera, la construcción del horno incinerador de Serín –una instalación polémica desde su concepción por sus peligros medioambientales— parece quedar bloqueada. En ese caso, sin embargo, será necesario desarrollar planes para deshacerse de los residuos y para gestionar el futuro del vertedero central, que está próximo a rebasar su capacidad.
Comisión de investigación sobre El Musel. No es una responsabilidad del Gobierno, sino de los grupos parlamentarios, pero, como máximo dirigente del PSOE asturiano, a Javier Fernández le corresponde activar la participación de su partido en aclarar unas irregularidades presuntamente cometidas durante el mandato de uno de sus anteriores presidentes, Vicente Álvarez Areces. Otra comisión con la misma finalidad funcionó brevemente antes de las elecciones sin resultados apreciables.
Comisión de estudio sobre el asturiano. Otra iniciativa para la Junta General que IU quiere ver en marcha cuanto antes. La coalición apuesta por la oficialidad de la llingua y en ese punto no hay acuerdo con el PSOE. Los dos partidos, en cambio, aceptan convocar a expertos para realizar un diagnóstico preciso sobre el estado del asturiano y sus posibilidades de futuro.
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