Javier Fernández revoluciona el área social de su gabinete
El presidente releva a los responsables de las cuatro consejerías relacionadas con el empleo y el estado del bienestar: Economía, Servicios y Derechos Sociales, Sanidad y Educación
RAÚL ÁLVAREZ
@RALLVAREZ
MARTES 28 DE JULIO DE 2015
En dos de los tres campos que él mismo ha anunciado como pilares de su segundo mandato, Javier Fernández ha decidido cambiar su Gobierno. La renovación del gabinete afecta de lleno a los departamentos encargados de coordinar las políticas industriales y de creación de empleo, por un lado, y el estado del bienestar, por otro. Aunque en la escueta nota –no ha comunicado en persona la composición de su nuevo equipo— que acompaña a los currículos de los elegidos, el presidente les agradece los servicios prestados, ha considerado que los departamentos de Economía, Educación y Cultura, Sanidad y Servicios y Derechos Sociales (antiguo Bienestar Social) necesitan nuevos aires. Ahí llegan los relevos: dos veteranos del PSOE curtidos en la gestión municipal, Francisco Blanco y Pilar Varela, y dos expertos en sus áreas de gestión sin experiencia en la primera fila de la política, los nuevos encargados de la sanidad, Francisco de Busto, y de la educación, Genaro Alonso. En sus nombramientos también puede verse la huella del pacto con Izquierda Unida para la investidura de Fernández. El acuerdo pide la potenciación de las políticas sociales y un nuevo respeto por el asturiano que Alonso, un veterano militante por la normalización llingüística, puede aportar al Ejecutivo.
Para marcar ese giro social que anunció en el debate de investidura, y que forma parte del núcleo del acuerdo con IU, que vigila de cerca su cumplimiento, Fernández se desprende de todo lo que recuerde los problemas de la legislatura anterior. En Sanidad, Faustino Blanco comenzó su mandato cuesta arriba al encontrarse con una huelga apenas aterrizado en el cargo en 2012 y, desde entonces, arrastraba una estela de conflictos con los sindicatos, la oposición y los medios de comunicación a los que consideraba hostiles cuando se referían al aumento de las listas de espera o los problemas de personal. En Educación, los enfrentamientos no alcanzaron un tono tan elevado, pero las quejas de los sindicatos ante Ana González también fueron continuas y numerosas. En Bienestar Social, Graciela Blanco llevaba poco más de medio año en el cargo, de manera interina, tras la dimisión de la anterior consejera Esther Díaz. Y en Economía, Graciano Torre deseaba apartarse la primera línea de la política.
Conflictos heredados
A sus sucesores les toca reconducir esos desencuentros heredados. El nuevo responsable de la sanidad, de 62 años, es un cirujano con amplia experiencia en la gestión de la sanidad pública. Ahora era responsable del área sanitaria de la comarca del Nalón, pero en su hoja de servicios se cuentan también etapas como alto cargo del servicio autonómico de salud (Sespa) y como coordinador de las urgencias del principal centro de la comunidad, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Siempre se le ha visto como una persona de la órbita del PSOE. No así al nuevo responsable de la educación, más cercano al perfil de profesional independiente que IU ha reclamado para los consejeros. Alonso es doctor en Filología Hispánica, catedrático de instituto, inspector educativo y un partidario decidido del asturiano. Pertenece a la Academia de la Llingua desde hace un cuarto de siglo y ahora le corresponderá poner en marcha una oficina de promoción para cumplir con las condiciones del pacto con IU. Sobre la mesa se va a encontrar ya la primera patata caliente: el polémico concurso-oposición para la contratación de profesores cuya anulación reclaman todos los sindicatos.
Pilar Varela y Francisco Blanco llegan al Ejecutivo con mucho bagaje político. Varela fue alcaldesa de Avilés desde 2007 hasta las elecciones de mayo. A finales del año pasado, anuncio que no optaría a la reelección por su imputación en el caso de las facturas falsas del centro cultural Óscar Niemeyer, aunque finalmente el juez instructor la exoneró y decidió no seguir adelante con la acusación. Ya entonces, una vez despejado su futuro, Fernández ensalzó su valía y anunció que le gustaría contar con ella. Ha cumplido y la coloca al frente de un departamento que cambia de nombre Bienestar Social para a ser Servicios y Derechos sociales, una modificación que refleja un cambio de orientación y la importancia que da el PSOE a una forma de salir de la crisis sin dejar a nadie atrás. Lo más urgente que se encontrará será la agilización de la tramitación del salario social para evitar las largas esperas entre la solicitud y la primera prestación. El departamento también tiene pendiente una ley de servicios sociales y pacificar los ánimos de las entidades del tercer sector, convencidas de que la intención del anterior equipo era privatizar la gestión de algunas tareas que el Principado les ha encomendado a ellas hasta ahora.
Prioridad al empleo
La creación de empleo en una comunidad que, según la reciente oleada de la Encuesta de Población Activa, supera los 94.000 parados y es la única que fue a peor en el segundo trimestre de 2015 supone otra de las prioridades del Gobierno. Le toca a Francisco Blanco, un profesor universitario de Economía Pública, experto en el sistema de pensiones, que ya estuvo al frente de las cuentas del Ayuntamiento de Gijón entre 2007 y 2011. Blanco, además, es un político cercano a Pedro Sánchez. Fue uno de los contados dirigentes asturianos que apoyaron desde el primer momento su candidatura a la secretaría general del PSOE en 2014.
El tercer pilar de la actuación del Principado, la regeneración democrática, queda en manos de uno de los colaboradores de máxima confianza de Fernández. Mantiene en su puesto a quien desde 2012 ha sido su vicepresidente y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que con sus 40 años es el miembro más joven del gabinete. Su departamento, que pasa a denominarse Presidencia y Participación Social, tiene pendiente la aprobación de las nuevas leyes de Transparencia y Buen Gobierno, atascadas en el Parlamento al final de la legislatura pasada, y asumir los retos enunciado por el presidente en la investidura. Uno de ellos es cambiar los requisitos de las iniciativas legislativas populares para hacer más fácil su presentación y tramitación.
Financiación autonómica
Tan cercana al máximo mandatario como Martínez es la titular de Hacienda, Dolores Carcedo, que ya fue su número dos en la lista electoral. Aunque se han hecho quinielas sobre su cambio de destino, nunca pareció probable que abandonara su cargo. Le corresponderá poner en marcha la nueva oficina de control del gasto de la Administración regional acordada con IU y esta misma semana aborda ya en Madrid un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que empezará a prepararse la reforma de la financiación autonómica, un asunto que importa y preocupa a Asturias, beneficiada por los actuales criterios de reparto. Carcedo cuenta con una buena capacidad de entenderse con IU o el PP. La oposición respeta su disposición al diálogo y su capacidad técnica, aunque cuestiones algunas de sus políticas. Como responsable de las políticas de personal del Principado, tiene ante sí el reto de cambiar los sistemas de designación de funcionarios, cuestionados por varias sentencias en los últimos años.
Repiten María Jesús Álvarez, cuyo departamento también cambia de nombre, pero sigue ocupándose del sector primario: la agricultura, la ganadería y la pesca. En el alambre hasta el final estuvo la responsable de Fomento, que recupera el nombre de Infraestructuras, Belén Fernández, tocada en las últimas semanas por la sentencia judicial que rechaza su plan de residuos, lo que en la práctica paraliza la construcción de la incineradora de basuras de Serín. IU ha conseguido que el presidente renuncie a recurrirla. Su presencia, en todo caso, redondea un ejecutivo paritario, de acuerdo con otro de los criterios que el PSOE asturiano se impuso respetar. Habrá cuatro mujeres y cuatro hombres en el gabinete. Hasta ahora eran cinco y tres. La estructura del Gobierno, en todo caso, no cambia más allá de los cambios menores en las denominaciones de los departamentos. Turismo sigue adscrito a Economía y se aleja del ámbito de la cultura, desde donde fue gestionado durante décadas y las competencias de medio ambiente siguen a medio camino entre Desarrollo Rural e Infraestructuras.
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