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La recuperación de la actividad económica, y, en particular, el aumento de lasbases imponibles y el recorte del gasto público en términos reales provocarán en 2016 un hecho inédito desde 2007. Por primera vez desde que estalló la crisis, el sector público tendrá superávit fiscal primario. Es decir, ingresará más de lo que gaste sin tener en cuenta el pago de intereses.
El superávit apenas representará una décima del PIB, según el proyecto de la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016, que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, pero lo relevante es que marca un cambio de tendencia. El hecho de que los intereses pagados sean inferiores al déficit público significa que el sector público empieza a tener capacidad de ahorropara reducir el endeudamiento, lo que unido al avance del PIB nominal (con inflación) explica que en 2016, también por primera vez desde el comienzo de la recesión, el volumen de deuda pública vaya a bajar en términos relativos, aunque sea sólo por cuatro décimas de PIB (hasta el 98,5%).
La reducción del endeudamiento, sin embargo, tiene que ver sobre todo con lainflación. Y de hecho, el Gobierno estima que el efecto del crecimiento nominal del PIB sobre la evolución de la deuda pública será de 3,7 puntos de producto interior bruto, lo que significa que, si no fuera por los precios, el endeudamiento público habría superado en 2016 claramente el 100% del PIB. O expresado en otros términos, los precios son los que se están 'comiendo' el aumento del endeudamiento, y no el ahorro del sector público.
De hecho, entre 2014 y 2018, según las proyecciones presupuestariasenviadas a Bruselas, el crecimiento nominal del PIB será responsable de una reducción de la deuda equivalente a 15,2 puntos de PIB. El endeudamiento crece, lógicamente, en la medida de que las Administraciones Públicas no lograrán equilibrio presupuestario al menos hasta 2019.
El Gobierno, en todo caso, tendrá en 2016 un significativo margen de maniobra presupuestario derivado de factores temporales como la pronunciada caída de los precios del petróleo.
El escenario macroeconómico que se presentó a Bruselas se hizo con un precio de 61,5 dólares por barril en media anual para 2015. Pero la realidadestá siendo muy diferente. Hasta la pasada semana, y en lo que va de año, el precio medio del barril se ha situado en 57,58 dólares, prácticamente la mitad respecto de los 99,40 que se pagaron en 2014 (media anual). Y con una tendencia claramente descendente (este lunes el tipo Brent fluctuó en el entorno de los 54 dólares/barril) derivada de la menor demanda en los principales países emergentes, en particular China.
Más renta disponible
Es verdad, sin embargo, que el dólar se ha apreciado. Ha pasado de 1,33 unidades por euro el año pasado (media anual) a 1,12 hasta el pasado 24 de julio. Pero ese es, precisamente, el tipo de cambio que utilizó el Gobierno a la hora de hacer sus previsiones macroeconómicas. La consecuencia, lógicamente, será un aumento adicional de la renta disponible de familias y empresas. La parte negativa es que los ingresos fiscales por hidrocarburos disminuyen en correspondencia con las menores bases imponibles, pero el saldo final es más positivo por la propensión al gasto de los agentes económicos.
Lo que sí está claro es que en 2016 España saldrá oficialmente delProcedimiento de Déficit Excesivo –límite del 3%– si finalmente logra situar el desequilibrio fiscal en el 2,8%, aunque continuará con el ajuste estructural por razones preventivas, como obliga la UE.
Los presupuestos destinados a inversión pública, de hecho, continuarán siendo restrictivos y, según fuentes solventes, crecerán menos que la economía en términos nominales (un 3,8%). No es nada nuevo. Ya en 2015, lasinversiones reales del Estado habrán caído un 26,6% respecto a la liquidación de 2014. Y el ministro Montoro está decidido a mantener esa estrategia en los presupuestos de 2016.
Estas restricciones presupuestarias en materia de inversión son coherentes con la estrategia del Gobierno de ir rebajando el peso del gasto públicorespecto del producto interior bruto. En concreto, la estrategia fiscal en términos de ingresos y gastos para el conjunto de AAPP consiste en mantener la ratio de ingresos en el entorno del 38% del PIB, mientras que la ratio de gasto será decreciente hasta en cinco puntos de PIB, desde 43,5% de 2014 al 38,4% del PIB en 2018. Y la partida que correrá con esa política restrictiva será, fundamentalmente, la obra pública. El Gobierno espera que el gasto eninversión pública no crezca al ritmo que lo haga el PIB nominal (en torno al 4%) hasta 2017 o 2018, lo que significa que esta partida seguirá siendo contractiva.
El ministro Montoro suele repetir que tras el extraordinario proceso inversor registrado en los años anteriores a la crisis, cuando la inversión pública y privada llegó a representar el 31% de la riqueza nacional, no hay razones objetivas para seguir invirtiendo de forma significativa. El gasto en desempleo es otra de las partidas que dan margen al Gobierno para recortar el gasto, fundamentalmente por el descenso del desempleo pero también por la acelerada caída de los beneficiarios al haber agotado su prestación sin que hubieran encontrado un puesto de trabajo. Al igual que los gastos financieros, que bajarán hasta suponer el 2,8% del PIB, unos 28.000 millones de euros.
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