La décima parte del rescate bancario...
La renta mínima para los hogares sin recursos costaría 12.000 millones
- PP y C's tachan la medida de "inasumible" y creen que no se podrá cumplir
- El PP no descarta que a última hora se aplique el veto por incremento de gasto
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Ayer, todos los partidos del arco parlamentario, excepto el PP y Ciudadanos, votaron a favor de la Iniciativa Legislativa Popular apadrinada por los sindicatos CCOO y UGT, según la cual, el Estado tendrá que sufragar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros.
La proposición tiene como beneficiarios a las personas de entre 18 y 65 años que residan en territorio español, que carezcan de recursos económicos y no cobren prestaciones, y que se encuentren inscritos como demandantes de empleo. La instauración de esta prestación va destinada a los más de 1.800.000 hogares cuya renta per cápita es inferior a 5.837 euros anuales.
Se trata de la segunda IPL que consigue superar las trabas del Congreso, para después pasar a la comisión pertinente y a una posterior fase de enmiendas, lo que de antemano hace farragoso y complicada la tramitación de la ley.
Más allá del resultado final, ayer, la izquierda consiguió introducir parte del espíritu de sus propuestas recogidas en los programas electorales -Ingreso Mínimo y Renta Básica Universal-, y que para populares y Ciudadanos no deja de ser una actuación "inasumible y demagógica, y una trampa para la pobreza", que puede llegar a costar entre 12.000 millones de euros -según CCOO-, concretamente algo más del 1 por ciento del PIB y, en el peor de los casos, 50.000 millones de euros, es decir, "el valor de toda la recaudación del IVA", tal y como argumenta a elEconomista Javier Santacruz, economista investigador de la Universidad de Essex.
El Grupo Socialista, el primero en defender la prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social, hace sus propias cuentas y consideran que, si el Estado destinaba 30.000 millones de euros a las prestaciones sociales, allá por 2011, y ahora solo son necesarios en este concepto 18.000 millones, dada la mejora de la crisis, la diferencia, véase, 12.000 millones, podría destinarse a este capítulo sin empeorar las arcas. Con un discurso fundamentado en la "justicia social", mantuvo que dicha cantidad no es nada "si la comparamos con los 40.000 millones del rescate bancario".
"Pero los cálculos del PSOE no son reales", sostiene Miguel Ángel Bernal, profesor y coordinador del Departamento de Investigación del IEB. "No sobran 12.000 millones de euros. No es así. Este año, España tendrá que rebajar su déficit público del 4,6% al 3,1%, y eso son unos 16.000 millones. De manera que, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? ¿Más recortes? ¿Más impuestos? Las estimaciones de crecimiento que se cotejan para 2017 rondan alrededor del 2,5%-2,6%?".
Además, añade Santacruz, "de nada vale compararse con países donde se ensaya la renta mínima, como Suecia, Dinamarca o Finlandia. Este último, detalla, el paradigma de la izquierda, en los años 90 experimentó una reforma por la cual se incluyó la renta básica, pero a cambio renunció a los servicios propios del un Estado de bienestar social, como Sanidad y Educación, que ahora pagan de sus bolsillos".
"Una bomba de relojería"
"Un brindis al sol, una tomadura de pelo", coinciden los dos especialistas consultados. "O un caladero de votos, sobre todo cuando partidos como PSOE y Podemos están en plenas primarias. Pero no nos engañemos -subraya Santacruz-, esta ley es una bomba de relojería para el mercado laboral, el sistema financiero y la economía española".
Bomba o no, la votación favorable al trámite de la ley con 176 votos a favor, tiene sus matizaciones. Podemos no se conforma con los 426 euros estipulados y pide 660 euros. El PSOE defiende la viabilidad, pero liga la ley al tiempo que el parado esté vinculado al desempleo. PNV, admitiendo la iniciativa, solicita la subsidiariedad y que se debata en el ámbito competencial. Y PDECat, antigua Convergència, pidió que la gestión corresponda a las CCAA. Luego, vendrá un tiempo de enmiendas.
De momento, PP y Ciudadanos ven largo recorrido a la ley. Los populares no descartan que a última hora se aplique el veto por incremento de gasto presupuestario a una IPL "imprecisa", ya que "lo que no podemos decir es que algo es posible cuando es absolutamente imposible". Bernal y Santacruz tampoco ven visos a la proposición, porque Europa nos llamaría la atención y porque el Gobierno dilatará los plazos, mareará la perdiz y pedirá informes al Consejo de Estado.
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