El Mundo rural a debate...

Cómo integrar a jóvenes y mayores en el mundo rural Una red centros digitales permitiría a los mileniales teletrabajar en los pueblos y ayudaría a los mayores en sus gestiones online Aurelio Medel Vicente AURELIO MEDEL VICENTE Compatir en FacebookCompatir en TwitterCompatir en LinkedinEnviar por correo 26 NOV 2021 - 07:31 CET La digitalización puede ser la gran aliada para frenar la despoblación de las zonas rurales, ya que la normalización del teletrabajo y las gestiones en remoto hacen menos relevante el lugar de residencia. El riesgo está en las personas sin habilidades digitales, los mayores, convertidos en analfabetos funcionales, en los excluidos del siglo XXI. Los fondos europeos y la colaboración entre sector público y privado brindan una oportunidad única para aprovechar la digitalización y romper las barreras. Ayer se celebró en Soria la jornada El reto de la España Interior, organizada por elDiario.es, en la que se habló extensamente de estos problemas, y donde planteé la oportunidad de crear una red nacional de Centros de Integración Digital (CID) en el ámbito rural. Estos centros se podrían habilitar en edificios públicos en desuso, como antiguas escuelas o consultorios médicos, y dotarlos de medios que faciliten el teletrabajo de la gente más joven y el desarrollo de sus ideas. A la vez servirían de centro de apoyo a las personas sin capacidad para las gestiones digitales mínimas. Un estudio reciente de la Fundación Cotec señala que el 40% de los españoles entre 16 y 74 años carece de las habilidades digitales básicas, porcentaje que se dispara en el ámbito rural, donde frecuentemente no tienen el apoyo de hijos o familia. Crear una red de centros digitales ya es posible. La banda ancha a velocidad de 100 Mbps alcanza a más del 63% de la población rural y la de 30 Mbps, al 90%. Además, Telefónica tiene el compromiso de alcanzar al 100% en 2025. Al tiempo, la pandemia ha hecho que se extienda la combinación de trabajo presencial y en remoto. En las empresas privadas es frecuente que el empleado pueda elegir teletrabajar dos días a la semana, mientras que en el sector público se va a más. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, anunció la semana pasada en el Congreso que el real decreto que regula el teletrabajo en la Administración General del Estado permitirá a partir del 1 de enero trabajar en remoto tres días a la semana. Pero lo más sorprendente es la argumentación. Con esta medida, “el Gobierno pretende incentivar que haya empleados públicos que elijan como lugar de residencia los territorios en riesgo de despoblación”, dijo. Esta declaración implica un cambio radical, ya que oficialmente rompe el estigma del teletrabajador rural, al que muchos veían como el pillo que se va al campo. Pero, sobre todo, demuestra la determinación del Gobierno de digitalizar la Administración, de lo contrario los empleados públicos no podrán teletrabajar, lo que arrastrará a las administraciones regionales y a los proveedores. Por tanto, el contexto actual, con la extensión de infraestructuras (fibra y edificios) y la normalización del teletrabajo, hace viable la creación de una red de Centros de Integración Digital que se conviertan en el centro de servicios del pueblo y faciliten la vida a sus habitantes. Un CID podría disponer de zonas separadas de trabajo, descanso y autoservicio. La primera (coworking) contaría con, por ejemplo, ocho puestos para trabajar en remoto, que solo necesitan mesa, silla y conexión a la banda ancha, y otros dos con equipo, donde la persona encargada del centro hace de lazarillo de las personas mayores por internet. El área de descanso permite interactuar (networking) entre los teletrabajadores y entre estos y los mayores, entre nativos digitales y analógicos. Los nietos podrían enseñar a los abuelos a manejar los dispositivos de manera amena e informal. La zona autoservicio podría contar, además de un office y máquinas de vending, con un módulo de recepción de paquetería y cajero automático. Los bancos han retirado 1.500 en el último año de las oficinas que han cerrado. Esta sencilla dotación cambiaría la vida a las personas mayores, que apoyadas por el guía del CID, podrían acceder al dinero en efectivo, realizar compras por internet, o a que sus hijos se la hagan y envíen al centro, sin necesidad de estar todo el día en casa pendientes del mensajero. Y lo más importante, la gestión online de la tarjeta sanitaria. Estos pueblos no tienen consultorio médico y la relación se está desplazando a la web por eficacia y falta de manos para el teléfono. Tiene sentido, pero cómo explicas a un abuelo que pida por internet una cita médica para la vacuna o que se baje un código QR. El valor de un CID es evidente y el coste escaso. El mayor gasto sería el sueldo de esa persona que va a hacer todas las funciones del centro y que dependiendo del tamaño del pueblo quizás trabaje media jornada, o se necesiten dos. Parece evidente que estos centros encajan con los propósitos y criterios del Plan de Recuperación del Gobierno, que financia la UE y su coste se podría incluir dentro de los más de 4.000 millones del programa Kit Digital para pymes y autónomos anunciado por Pedro Sánchez. Crear una red nacional de centros digitales permitiría contar con un punto de referencia muy útil para múltiples gestiones de los ciudadanos. Parece lógico que sea una iniciativa que arranque de la Administración, con un rol importante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las diputaciones, que son las gestoras de pueblos muy pequeños. Además, sería bueno que contara con la colaboración directa de empresas como Telefónica y Correos, además de bancos y energéticas. Esto es compromiso social. La integración continua para trabajar de jóvenes de diferentes empresas y disciplinas, adobados con el poso de los abuelos, puede ser el contexto ideal para generar ideas que crezcan en el campo. La digitalización es una aliada inesperada para la España vaciada; solo falta que los Gobiernos y las empresas den el empujón para que los sueños se conviertan en realidad. Aurelio Medel es doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Universidad Complutense