Con Gonzalo Olmos...de Nortes.

¿Qué opináis respecto de la polémica con Pegasus y el espionaje a políticos? Amnistía Internacional lleva trabajando en relación con la utilización de softwares usados por Estados para actividades de espionaje desde hace muchos años. Desde julio 2021, Amnistía Internacional, junto con el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, lleva trabajando en relación con el software Pegasus, que proviene de la empresa NSO Group. En este caso, ha alcanzado un grado de intensidad en su aplicación y un riesgo evidente de vulneración de DDHH que requiere, y así hemos pedido, una moratoria en su uso. La utilización del software Pegasus permite una intercepción de comunicaciones y de obtención de información tan masiva e indiscriminada, a través de los dispositivos móviles, que de ningún modo se adecúa a los criterios legales. Según la legislación en todo Estado democrático, para poder interceptar comunicaciones en el marco de una investigación penal con autorización judicial, debe partirse de los criterios de excepcionalidad, idoneidad, proporcionalidad, necesidad y especialidad. Este software no cumple con ninguno de estos estándares. El consorcio de periodistas Forbidden Stories, que destapó inicialmente este caso, y posteriormente el Citizen Lab junto con Amnistía Internacional, han demostrado que países de toda condición han hecho un uso masivo de Pegasus frente a abogados, activistas sociales, líderes sociales, jefes de Estado, líderes de oposición… Es un grado tal de erosión de derechos civiles y políticos que nos lleva a un escenario novedoso y de un riesgo impredecible para la supervivencia de la propia democracia. No hay democracia viable si aceptamos que haya un grado tal de intromisión de la vida e intimidad de las personas, además motivada por razones de naturaleza política, y que con ello desaparezca la posibilidad de realizar cualquier actuación sin el riesgo de ser espiado o vigilado. Además, el software Pegasus se ha utilizado no solo por países de trayectoria democrática dudosa, sino democracias más avanzadas. Estos son los casos de la activista saharaui Aminatou Haidar, el periodista Jamal Khashoggi, ejecutado extrajudicialmente por agentes bajo dependencia del Reino de Arabia Saudí en 2018, o el periodista mexicano Cecilio Pineda, ejecutado extrajudicialmente también. Los dispositivos móviles de cada uno de ellos fueron infectados por el software Pegasus, como se ha podido acreditar. Se ha utilizado incluso frente a abogados de DDHH, por lo que ha afectado al derecho a la legítima defensa, que es sagrado para la preservación de cualquier garantía judicial. Hay una relación causa-efecto entre el uso de Pegasus y la violación de derechos humanos, a veces de naturaleza muy grave. ¿Qué consecuencias tiene para la legitimidad de las instituciones del Estado? El Parlamento europeo ha aprobado recientemente iniciar una comisión de investigación destinada a analizar esta escalada trasnacional. Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados en los que haya indicios que realicen investigaciones imparciales y exhaustivas. Y en España, hemos pedido al Gobierno que declare con total claridad si se ha utilizado el software Pegasus u otros análogos, y cuáles han sido los criterios y limitaciones que se hayan podido adoptar. Precisamente en España, el Citizen Lab ha podido verificar, mediante laboratorios de pruebas en los que ha participado Amnistía Internacional, que determinados dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural fueron objeto de seguimiento y sus comunicaciones interceptadas a través de este software. El Gobierno español no ha aclarado bajo qué tipo de circunstancias se ha hecho y es algo gravísimo. No solo se trata de la calidad de nuestra democracia, sino que la preservación de garantías básicas está en juego.