Y Francisco Blanco nos echó un cable.....de acero blindado.

Abrir Menú El futuro del sector fabril Movimiento estatal de impacto para Asturias: la nueva ley que salva las ayudas al acero y el papel clave de un político asturiano La norma, cuyo proyecto fue aprobado ayer por el Gobierno, prevé protección para las fábricas electrointensivas, más PERTE y penalizaciones en caso de deslocalización de la actividad productiva Francisco Blanco, presidente de SEPI Desarrollo Empresarial (Sepides) Francisco Blanco, presidente de SEPI Desarrollo Empresarial (Sepides) / LNE Javier Cuartas Oviedo 11 DIC 2024 4:15 Actualizada 11 DIC 2024 8:53 La nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, cuyo proyecto aprobó ayer el Gobierno con la pretensión de "incrementar el peso de la industria" en la economía española mediante una estrategia de "reindustrialización", prevé "una especial protección a la industria electrointensiva" –con gran implantación en Asturias–, "contribuir a los objetivos de descarbonización" de los procesos fabriles y " medidas de apoyo a los ecosistemas industriales estratégicos". Este mecanismo de respaldo a la industria considerada como "estratégica" incluye "la posible concesión de ayudas públicas sin concurrencia competitiva" para determinados proyectos de alta relevancia. Este epígrafe es el que permitirá en su caso que el Gobierno de España, como avanzó el ministro de Industria, Jordi Hereu, el día 27, pueda mantener por tiempo indefinido la subvención de 450 millones aprobada por el Consejo de Ministros el 5 de abril de 2023 para el horno de reducción directa de mineral de hierro (DRI) –ahora paralizado– proyectado por ArcelorMittal. La siderúrgica pretendía con esa instalación sustituir el horno alto A de Gijón cuando agote su vida útil en 2026, con el fin de contribuir a la descarbonización parcial de la cabecera de la siderurgia asturiana sin perder su condición integral, única existente en España. Jordi Hereu sostuvo, tras el anuncio de la paralización del proyecto por ArcelorMittal, que el DRI es "estratégico" para Asturias y para España, y que el Gobierno mantendrá la disponibilidad de los 450 millones de subvención bien para ArcelorMittal –si reconsidera su decisión– o para otro operador, y que la ayuda estatal no tendrán fecha de caducidad pese a que los fondos del plan europeo de Recuperación, Transformación y Resiliciencia exigen su aplicación no más tarde de 2026. Esta limitación será obviada con el lanzamiento, según reiteró ayer el Ministerio, de "nuevas convocatorias de los PERTE" (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica), incluido, entre otros, el de descarbonización, que "serán financiados con los fondos europeos" de la segunda fase. Ésta, aprobada para España por la Unión Europea mediante una adenda en octubre de 2023, permitirá movilizar la totalidad de recursos asignados a España de los fondos Próxima Generación. El proyecto de ley prevé así la convocatoria de nuevos PERTE "más allá de la vigencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia". Electrointensivas Además, la generalidad de las industrias de alto consumo consumo energético –gas y electricidad–, que tienen un gran repercusión en la economía asturiana –caso de ArcelorMittal, AZSA y otras–, tendrán "una especial protección", mediante medidas de apoyo –que ayer no se desvelaron– para facilitar su descarbonización. El proyecto de ley penaliza la deslocalización fuera de la UE de actividades industriales presentes en España: les obliga a anunciarlo nueve meses antes y a negociarlo en una mesa con el Gobierno, comunidades autónomas y sindicatos. Y, si ha recibido ayudas públicas por importes superiores a los 3 millones, tendrá que devolverlas si reducen en más del 65% su producción en 500 personas o más su plantilla. Esto no sería aplicable a Arcelor si cerrase los hornos altos y trajese los prerreducidos de fuera de Europa porque, según Hereu, solo se impondrá "si se traslada toda la actividad" y no una parte.     Las empresas reclaman recursos y plazos precisos La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que agrupa a grandes sectores fabriles, como el siderúrgico, químico, cementero, alimentario y otros, calificó ayer el proyecto de ley de Industria como "positivo", pero considera que obvia "lo esencial": "Definir cómo se van a articular los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proceso de reindustrialización". La Alianza reclama que las enmiendas se consensúen y contribuyan a establecer un fondo como instrumento de financiación y concretar plazos para ello". El asturiano Francisco Blanco gestionará los futuros PERTE La empresa estatal SEPI Desarrollo Empresarial (Sepides), que desde hace un año preside el economista gijonés Francisco Blanco, se convertirá en una entidad pública empresarial y asumirá las nuevas convocatorias de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), caso de las próximas convocatorias para la descarbonización industrial, el sector agroalimentario y el vehículo eléctrico y conectado. Esta decisión supone que el PERTE para la transición verde de la industria con altas emisiones de CO2 –un sector crucial en Asturias– seguirá en manos asturianas una vez que el avilesino Luis Ángel Colunga, actual comisionado del PERTE de descarbonización, cese en esta función, como trascendió en octubre. Francisco Blanco (Gijón, 1969), profesor de Economía en la Universidad de Oviedo, fue, entre otros cargos, consejero de Industria y senador por Asturias, y ejerció en la pasada legislatura como secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. La transformación de Sepides –pasará a ser Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Estatal– es, según el Ministerio de Industria, «un paso más en la apuesta del Gobierno por la reindustrialización». «Sepides ya cuenta con una importante experiencia en materia de apoyo al sector industrial», caso de la gestión del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial_Productiva (FAIIP)», argumentó el Gobierno . La nueva Ley de Industria incorporará a su vez, entre otras novedades, una estrategia de la Industria y Autonomía Estratégica, un consejo estatal de política industrial y una conferencia sectorial de industria y pymes, así como un foro de alto nivel de la industria española.