Dos años de aire.

La reforma que permitirá prorrogar dos años, la presentación de la suspención de pagos, dará mucho aire al sector inmobiliario.

Medida
Las inmobiliarias admiten que la reforma mercantil salvará empresas
El sector inmobiliario ha acogido con entusiasmo contenido la reforma mercantil aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros. La medida exime a las compañías por dos años del requisito de afrontar una ampliación de capital, que antes sí era obligada, cuando la depreciación de activos era tal que podía provocar su disolución.

Dos días después de que fuera publicado en el BOE el real decreto que suspende temporalmente la obligatoriedad de disolver una compañía ante un acusado desequilibrio patrimonial, empresas, abogados y consultoras analizan sus efectos. La primera impresión es que evitará la quiebra de inmobiliarias. Otra cosa es si ese efecto positivo se mantendrá en el tiempo o si, incluso, incrementará la insolvencia de algunas compañías.
En Martinsa Fadesa, que en julio presentó concurso de acreedores, la lectura inicial del Real Decreto 'es positiva', señalan fuentes cercanas a la inmobiliaria. 'Pero hay que ver la letra pequeña', comentan. 'Si ahora no hay que provisionar por depreciación de activos, ¿qué sentido tiene hacer valoraciones anuales o semestrales?; la medida ¿es retroactiva?, si nosotros ya hicimos provisiones, ¿podremos retirarlas a final de año?' se preguntan las mismas fuentes.
'La depreciación de activos deberá provisionarse igual que antes', afirma un portavoz del Ministerio de Economía. Lo que las empresas podrán eludir será la obligación de ampliar o reducir capital si dicha devaluación estrecha los márgenes de su patrimonio neto. Algo que sí estaban obligadas a hacer hasta ahora y que podrán evitar hasta 2010.
El balón de oxígeno para las inmobiliarias, que han visto cómo en los últimos meses la depreciación de sus activos desplomaba su patrimonio neto (ver cuadro adjunto), tiene fecha de caducidad. El ajuste de la legislación mercantil les da dos años para recomponer su equilibrio patrimonial, pero si persisten las disfunciones después de 2010 ya no habrá red de seguridad.
'La medida tiene un claro efecto positivo para las empresas que atraviesen por una delicada situación patrimonial' por la atonía del mercado, explica Victor Alió, socio del despacho Audalia, 'pero también puede tener un efecto negativo importante para las que no sean capaces de recuperarse. Es muy probable que su situación financiero-patrimonial sea peor que antes, con perjuicio para sus acreedores'.
El mercado, de momento, ha premiado especialmente a Realia, una de las inmobiliarias más estables del mercado, que ayer subió un 10,17% hasta situar su acción en 1,95 euros.
'La solución aprobada por el Gobierno', asegura Álvaro Baíllo, abogado experto en derecho mercantil del despacho Osorio & Asociados, 'es contraria a la reforma contable aprobada en 2007, aumentará la opacidad y sólo beneficia a las grandes promotoras'. '¿Por qué la medida tendrá aplicación sólo hasta 2010, que pasará después?' se pregunta el abogado.
Desde el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España se sugiere que las auditorías señalen cuando una firma se ha visto beneficiada por este cambio transitorio 'para mantener la transparencia del mercado'.
Pedro Pérez: 'Un remedio simple y fiable'
El secretario general del Grupo de Inmobiliarias por la Excelencia, Pedro Pérez, considera que el Real Decreto aprobado el viernes supone una medida 'excepcional para una situación excepcional'. En su opinión, el Gobierno 'ha apreciado que era indeseable no hacer nada' y ha optado por este cambio legislativo para impedir que empresas que podían subsistir a pesar de la caída de sus activos inmobiliarios entraran en concurso. 'Es un remedio simple y fiable, no altera la imagen real de la compañía y das un tiempo para tratar de poner remedios necesarios', comentó en una charla telefónica mantenida con este diario. Preguntado sobre si no es posible que la Comisión Europea considere que la norma lesiona la competencia entre inmobiliarias españolas y otras europeas, el secretario general del G-14 indicó que otros países, tanto Estados Unidos como miembros de la Unión Europea, han promovido cambios legislativos similares. 'En determinados momentos han suspendido transitoriamente principios de competencia cuando ha desaparecido el mercado', dijo. El G-14 expresó a principios de este mes la necesidad de abordar medidas urgentes por parte del Ejecutivo para mejorar la situación del sector. 'A la vista de la muy negativa evolución del paro en nuestro país, y de la fuerte reducción en el número de viviendas iniciadas que se viene registrando desde hace más de un año, desde el G-14 se vuelve a insistir en la urgente necesidad de restaurar los flujos de financiación a los demandantes de vivienda y de introducir incentivos fiscales adicionales de carácter temporal que ayuden a traducir en adquisiciones la demanda de vivienda actualmente embalsada', informó en un comunicado.