Garrigues &Co? y Las Cajas.

Garrigues defiende la naturaleza original de las Cajas, para su agrupación.

Así se evitaría la "desnaturalización" del sector

Garrigues aboga por las agrupaciones de cajas para las fusiones virtuales
El despacho de abogados Garrigues ha elaborado un informe para la CECA en el que defiende la creación de agrupaciones de cajas para articular las fusiones virtuales de entidades de ahorro. La firma arguye que sólo así se evitará la "desnaturalización" del sector.

Ángeles Gonzalo - Madrid - 03/03/2010

Guerra de informes y contrainformes. Al documento realizado en enero por Uría Menéndez, por encargo de Caja Navarra, Caja Canarias y la de Burgos -inmersas en la creación de Banca Cívica-, se une ahora otro elaborado el 22 de febrero por el despacho de abogados Garrigues. Las conclusiones de este último estudio son totalmente contrarias a las de Uría, aunque el asunto a tratar es distinto: cubrir las lagunas legislativas que implica en estos momentos la creación de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) para abordar la fusiones virtuales entre cajas de ahorros.

El dictamen jurídico de Garrigues, de 14 páginas, realizado a solicitud de la CECA y ya en poder del Ministerio de Economía y de distintas cajas de ahorros, defiende que ante la peculiaridad del sector de ahorro, ahora inmerso en una reestructuración, es necesario regular por ley el tratamiento fiscal, contable y jurídico de los SIP.

Esta es la fórmula elegida por varias cajas para fusionarse sin perder su territorialidad ni marca u obra social y salvando las trabas de los gobiernos autonómicos a las uniones interregionales plenas. Sin embargo, la escasa legislación existente en España sobre los SIP está frenando varios proyectos, que sólo esperan que se aclare su fiscalidad, contabilidad y naturaleza jurídica para la aprobación de esta vía.

Garrigues propone que se cree una nueva figura jurídica, la agrupación de cajas, sólo y exclusivamente para estas entidades, que sea la sociedad dominante y consolidable de las cajas implicadas en estas fusiones virtuales. Esta sociedad tendría categoría de entidad de crédito y estaría supervisada y controlada por el Banco de España. Esta figura ad hoc completaría así las actuales alternativas existentes para crear un SIP, entre las que destaca la constitución de un banco. Precisamente este último instrumento es lo que defiende el informe de Uría y el grupo Banca Cívica.

El régimen jurídico de la agrupación de cajas sería "afín al de las cajas". Garrigues considera que esta nueva entidad "no es contraria como indicaba Uría ni incompatible con el ordenamiento vigente".

Esta nueva figura tendría que estar dotada de personalidad propia, estar integrada únicamente por cajas de ahorros, tener como propósito exclusivo la instrumentalización de un SIP y contar con capacidad para emitir cuotas participativas.

La agrupación de cajas, además, deberá estar dotada de una organización y funcionamiento que se configure "flexiblemente a través de los estatutos". Y debe tener en cuenta desde una perspectiva "cultural" la filosofía que inspira el modelo de las cajas. Y como último punto, sus integrantes deben formar un grupo consolidable a nivel fiscal y contable. Para ello los expertos de Garrigues aseguran que esta nueva sociedad debería regularse "con rango de ley".

Desde la óptica fiscal, esta nueva entidad dominante va a tener la consideración de grupo consolidable lo que "facilitaría la tributación en régimen consolidado tanto en el IVA como en el impuesto de sociedades, pues bastaría que una norma fiscal remitiera a esta regulación de los SIP". Así, explica el informe, se asegura la necesaria neutralidad fiscal que se consigue en las integraciones realizadas a través de fusiones, escisiones y otras operaciones societarias con una mayor tradición normativa.
Castilla y León, en contra de usar fichas de bancos

El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, garantizó ayer que el Gobierno regional defiende que tanto el proyecto de fusión de Caja España y Caja Duero como la posible integración de Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia en Banca Cívica no "sea un banco" y trabaje, "por encima de todo", por los intereses de la Comunidad. Desde los sindicatos y la Confederación Española de Cajas (CECA) se ha criticado en varias ocasiones la posibilidad de utilizar fichas de bancos.
Los obstáculos de los costes fiscales

El dictamen jurídico se emite coincidiendo con la intención del Gobierno de realizar cambios normativos para desarrollar los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) y asegura que, si no se regulan fiscalmente, el coste fiscal de las fusiones virtuales podría "suponer un obstáculo casi insalvable para este tipo de integraciones".

Garrigues considera que las otras fórmulas existentes para articular los SIP "por su naturaleza más flexible, podrían destinarse a otros fines distintos del señalado". Por contra, la agrupación de cajas "podría alejar cualquier cuestionamiento que pudiera suscitarse sobre una eventual privatización de las cajas como consecuencia de su adhesión a un SIP. Todo ello con independencia de que el planteamiento de dicho supuesto fenómeno desnaturalizador pudiera efectuarse por terceros desde una perspectiva jurídica o fáctica".

El informe también detalla cómo debería ser la estructura organizativa de la agrupación de cajas. Garrigues propone que su consejo esté formado por los presidentes y directores generales de las cajas que la integran. Es decir, que imite a la CECA en lugar de replicar la composición de las asambleas generales de las cajas, donde están representados varios grupos tales como empleados, impositores y partidos políticos. De cualquier forma, el dictamen propone "cierta flexibilidad" dentro de marco de la legalidad para que se recojan particularidades. El trabajo de Uría Menéndez defiende que fijar un banco como cabecera no es la antesala de una posible privatización de las cajas, y alega que esta figura permite captar capital con la emisión de acciones o la salida a Bolsa. El dictamen de Garrigues disiente y cree que un banco deja la puerta abierta a la privatización del sector.