La Herencia envenenada de Fuentes Quintana.

La ministra que encendía cerillas con las uñas

Carlos Sánchez - 03/03/2010

Hace unos días un alto cargo del Banco de España recordaba una anécdota deliciosa. Ocurrió tras las primeras elecciones democráticas de 1977, y el profesor Enrique Fuentes Quintana, a la sazón vicepresidente segundo del Gobierno, estaba dándole vueltas a cómo sacar a la economía de la crisis. Entre las ideas que barajaba estaba la posibilidad de que la compra de acciones tuviera alguna deducción fiscal con el objetivo de frenar la caída de la Bolsa.

Inmediatamente trasladó la sugerencia a sus colaboradores, y fue entonces cuando alguien sacó al palentino de su error.

- ¡Pero si los españoles sólo ahorran con la compra de un piso!, le espetó el funcionario al vicepresidente.

Fue entonces cuando se activó la intuición económica de Fuentes Quintana. En ese mismo instante, ordenó a sus subordinados que trabajaran en la idea de fijar una deducción fiscal por la compra de una vivienda. Han pasado 33 años desde entonces y ningún Gobierno ha tenido el coraje político de eliminar la desgravación, ni siquiera en los tiempos en que el precio de los pisos subía como la espuma, alentado, entre otras razones, por la existencia de esa deducción.

La anécdota pone de manifiesto hasta qué punto es fácil aprobar deducciones y desgravaciones fiscales y lo difícil que resulta eliminarlas, aunque el ciclo económico cambie. Algo parecido sucede con el gasto público. A menudo se olvida que el dinero hay que devolverlo, y así se explican los altísimos déficits generados en los últimos dos años, y cuya eficacia son muy discutibles.

El Gobierno lanza ideas que vuelven a actuar casi exclusivamente sobre la demanda, cuando este país tiene un evidente problema de oferta si lo que quiere es ensanchar su potencial de crecimiento.

Los autores del informe CESifo sobre la economía europea 2010 han publicado recientemente una tabla que merece la pena ser estudiada. Viene a decir que cuatro países son los que más dinero han gastado entre 2008 y 2009 en estímulos públicos a la actividad económica. Son, por este orden, España, Irlanda, Reino Unido y Grecia.

Se dirá que la lista es coherente con la situación de partida. Los tres primeros países han visto como se pinchaba su burbuja inmobiliaria, y eso ha obligado a gastar más dinero en sostener la economía. Hasta aquí de acuerdo, lo curioso es que en ese mismo gráfico también se detalla con precisión de cirujano qué países han anunciado que a lo largo de 2010 retirarán una parte de los estímulos económicos. Y en la clasificación vuelve a aparecer en primera posición España. Ya no están ni Irlanda ni Reino Unido, y entre los 26 países analizados en sólo once se van retirar durante este año una parte de las ayudas públicas. Y desde luego ni Alemania ni Francia aparecen en esa lista, lo que significa que la política económica remará a favor del viento y no en contra, como en España.

Remar con el viento en contra

Primera conclusión, en medio de una recesión que se alargará durante el año 2010, el Gobierno comienza a retirar estímulos, lo cual tiene un indudable comportamiento procíciclo toda vez que todavía España no ha abandonado la recesión. La causa del tal desaguisado tiene que ver con una política económica errática que parte de un diagnóstico equivocado, y que ve la crisis como un problema exclusivo de caída de demanda, lo cual es absolutamente falaz. Este razonamiento puede explicar que el Gobierno se dedicara durante los dos últimos años a poner dinero como si no hubiera que devolverlo, lo cual ha generado un gigantesco déficit equivalente al 11,4% del PIB que pesa como una losa sobre la solvencia del país. El problema no es que se haya gastado mucho (desde luego que más de lo que se tenía), sino a destiempo y probablemente de una manera inútil. El efecto multiplicador del gasto público hubiera sido más útil en 2010 que en años anteriores.

Parece evidente que en el marco de un shock de demanda como el que ha sufrido este país en los dos últimos años, había que aumentar el gasto público y dejar actuar a los estabilizadores automáticos (desempleo); pero se ha ido demasiado lejos y ahora hay que pagar la factura. Sin embargo, el Gobierno, erre que erre, insiste en esa línea y en las últimas semanas se ha dedicado a lanzar ideas que vuelven a actuar casi exclusivamente sobre la demanda, cuando este país tiene un evidente problema de oferta si lo que quiere es ensanchar su potencial de crecimiento.

Pero no sólo eso. El Ejecutivo ha llegado al absurdo de proponer medidas contradictorias que se neutralizan. Al mismo que recupera el sector de la construcción como motor del crecimiento, mantiene su idea de reducir las deducciones a la compra de viviendas a partir de 2011, y ni que decir tiene que algunas comunidades autónomas han puesto la directa para elevar en un punto el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que encarecerá la compra de viviendas. La incongruencia no acaba aquí. El Gobierno, a la vez que sube el IVA a partir del 1 de julio, lo baja para la rehabilitación y reforma de viviendas, como si el incremento de los tipos impositivos no fuera a actuar sobre la demanda agregada y por lo tanto reducirá la capacidad de gasto de las familias. Y al mismo tiempo que subvenciona la compra de coches, sube el IVA de los automóviles. Y por si esto fuera poco, retira los célebres 400 euros cuando el consumo continúa bajo mínimos.

Esta política económica contradictoria sólo puede entenderse como resultado de una estrategia destinada a ganar tiempo y a hacer una suerte de juegos de manos que recuerda a los niños que encendían cerillas con las uñas de los dedos para epatar a sus colegas. Todo antes que enfrentarse al problema real de la economía, que pasa por hacer políticas de oferta que actúen sobre los oligopolios en la prestación de servicios básicos (teléfono, electricidad o gas), sobre el mercado de trabajo, sobre el funcionamiento de las cajas de ahorros o sobre el transporte de mercancías. Y que no aborda, igualmente, una política impositiva contundente encaminada a aflorar las ingentes cantidades de dinero negro que se mueve por las cañerías de este país de la forma más grosera.

El error es todavía más evidente si se tiene en cuenta que España ha quemado algunas etapas que no volverán. Aunque la transmisión a la economía real de la política monetaria expansiva aún no está agotada, parece evidente que da sus últimas bocanadas. Y ni siquiera el sector exterior está ya en condiciones de tirar del crecimiento una vez que ha desaparecido el efecto contracíclico de las importaciones (lo que explica que España haya caído en 2009 menos que la UE). Tampoco, como es obvio, la política de gasto público tiene algún recorrido, por lo que sólo se puede actuar desde la creación de riqueza a partir de reformas que ensanchen la oferta econó