Sectores desmedidos...

Riesgos de una expansión sin control: la odisea del pequeño inversor fotovoltaico

El Eco

Desde el otro lado de la línea telefónica, la voz de Ángel Miralda, un pequeño productor catalán de energía solar fotovoltaica, transmite decepción por una política energética española que tuvo que cambiar el paso forzada por la prolongada recesión económica.
En 2008, año el que se prejubiló, este ingeniero industrial reunió parte de sus ahorros y la indemnización de 36 años de trabajo en IBM antes de acudir a su oficina bancaria para solicitar un préstamo con el que financiar el 70% de su inversión en un huerto solar en Benamarre, Huesca, junto con otras ocho personas en régimen de cooperativa.
"Me decidí porque el tema energético siempre me había interesado y veía que era una alternativa importante que podía contribuir al desarrollo económico de nuestro país", recuerda Miralda a Reuters.
Por aquel entonces, la todavía expansiva economía española soñaba con convertirse en referente mundial en el desarrollo de energías alternativas llegando a desbordar las expectativas de un Gobierno que no se planteó poner cupo a la expansión verde.
Precisamente, el crecimiento incontrolado y los rigores del presupuesto, combinados con el endémico déficit de la tarifa eléctrica, llevaron a los dos últimos gobiernos a recular, cambiando radicalmente las reglas del juego y poniendo en riesgo la viabilidad de miles de pequeños proyectos solares.
Tras sucesivos recortes a las primas, los ingresos que hoy recibe Miralda por su parte en la instalación de 500 kilovatios ya no bastan para cubrir los gastos de mantenimiento y pagar las cuotas de un préstamo con cláusula suelo para el que puso su propia vivienda como garantía.
Según la Asociación Nacional de Productores de Energía (Anpier), a la que pertenece Miralda, su caso ilustra la situación de decenas de miles de pequeños inversores, muchos de ellos agricultores que colocaron placas solares en sus tierras para complementar su jubilación con el aliento inequívoco del Estado y que ahora han visto desplomada la remuneración de sus "huertos" solares en un 40%.
Como el resto del sector energético, estos pequeños productores viven pendientes de la siguiente fase de la reforma que el Ministerio de Industria quiere comunicar en fechas próximas y que previsiblemente supondrá otro mazazo para las renovables, con posibles repercusiones en un sector financiero que no aún no ha acabado de sanearse.
"La situación es delicada. Si hay otro recorte no sé cómo lo haremos", admite Miralda, de 65 años.
Ramón Salvia, un técnico agrícola ilerdense de 46 años, representa la misma zozobra, aunque no se resigna a tirar la toalla. "No tenemos opciones, tenemos que terminar de pagar los créditos como sea, se tendrá que vender una finca y pagar, pero no se puede perder la planta", asegura.
"Por una cuestión de economía y de orgullo".
Salvia, con otros once socios, puso en marcha en 2008 un parque solar de 600 kilovatios en el municipio de Linyola tras desembolsar un total de 5 millones de euros, una gran fortuna para las familias de agricultores implicadas. El 80% de la inversión fue financiada con crédito bancario, dentro de los parámetros que entonces recomendaba el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito a Industria.

Hueco en la fotovoltaica

Mientras las grandes empresas apostaron por la energía eólica y la termosolar, los inversores particulares encontraron su hueco en la solar fotovoltaica, tecnología más acomodada con su perfil financiero e incentivada con generosas primas en medio de una floreciente economía anegada en crédito.
De los 25.000 millones de euros invertidos en instalaciones fotovoltaicas en España, 20.000 fueron concedidos por los bancos y de esta última cantidad, la tercera parte fue concedida a pequeños inversores, según Anpier.
Esta patronal que agrupa 4.300 miembros subraya la indefensión de un colectivo que se considera "estafado" por la aplicación de medidas "retroactivas" de los últimos Gobiernos.
A diferencia de los fondos de inversión extranjeros, los inversores nacionales en renovables no han podido instar arbitrajes internacionales y han centrado sus esfuerzos en campañas informativas y plataformas en Internet que han puesto en el punto de mira ciudadano a las eléctricas, a las que acusan de seguir aumentando sus beneficios mientras mengua el poder adquisitivo de los españoles por la recesión económica y el paro.
"Si lo que nos han recortado se lo hubiesen dado a gente que realmente lo necesita, lo aceptaría de buen grado, pero no para que las eléctricas ganen más", dice Salvia.
Tanto él como Miralda lamentan que errores de planificación energética gubernamentales hayan puesto en tela de juicio la seguridad jurídica del país, haciendo perder a España el estatus de referencia en el desarrollo de energías renovables.
"Esto es una injusticia. Te motivaron para que hicieras una inversión y están cambiando las condiciones sobre la marcha. En el plano mercantil, si tú firmas un contrato, hay que cumplirlo, y en este caso uno de los contratistas encima es el Gobierno del país", dice Miralda.