El arquitecto municipal levanta su vista del montón de planos y papeles y exclama indignado: “El patrimonio está en manos de la Justicia, porque en las de los políticos no duraría. Son su peor enemigo”. Y vuelve a su tarea, en su estudio del centro de la ciudad. Busca los detalles del proyecto de Canalejas, que supuso un hito en la destrucción del patrimonio histórico de este país. El Banco Santander, antiguo propietario de los edificios de la céntrica manzana madrileña, logró que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid descatalogaran de la carta de Bienes de Interés Cultural (BIC), donde este conjunto único figuraba desde 1999.
Gracias al movimiento el banco se lo vendió a Juan Miguel Villar Mir (por 215 millones de euros), que lo está vaciando para construir tras la cáscara viviendas, un hotel y un centro comercial. El pelotazo inmobiliario sentó un precedente contra la herencia cultural de los españoles, que empezamos a ver las consecuencias. La política vuelve a interesarse por el patrimonio y el edificio de España es el nuevo damnificado.
¿Cómo consiguen el gobierno regional y municipal devolver un hito emblemático y protegido al mercado? Como adelantó este periódico, la Comisión de Patrimonio (compuesta por miembros de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento) ha aceptado el trámite la rebaja de nivel de protección de grado estructural a grado parcial. Esto permitirá al nuevo propietario a quien se lo venda el Banco Santander a hacer lo que guste con el edificio, respetando sólo su fachada principal.
El escándalo ya ha movilizado a más de 21.000 personas, que han firmado en la plataforma Change.org contra el derribo
Tal y como ha podido saber este periódico, la consulta -realizada a mediados de marzo- se convoca en la sede de la Comunidad de Madrid, en la calle Arenal, 18, y la sesión se levanta con un dictamen: tramitar un expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbanística para rebajar la protección del inmueble. El expediente o proyecto –diseñado por los arquitectos Norman Foster y Carlos Lamela- todavía está pendiente de ser presentado por el Banco de Santander.
Los derribos, hechos consumados
Desde el Ayuntamiento aseguran a este periódico que, tras la decisión de la reunión de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, “se da por hecho que los derribos se pueden hacer, de no ser así lo habrían rechazado”. En el informe se puede leer que es “un edificio muy degradado en los últimos años debido a su inactividad”.
La aprobación final de la operación inmobiliaria estará sobre la mesa de Jaime Ignacio Muñoz Guinasch, Director General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, quien ha declinado responder a este periódico sobre la decisión de poner en marcha el cambio del Plan, que pone en peligro uno de los hitos arquitectónicos de la ciudad. A pesar de que la Comisión se citó en la sede de la Comunidad, el departamento de prensa de ésta asegura a El Confidencialque “la Comunidad no se ha reunido con la Comisión Local”.
Paz González, la Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, también ha preferido guardar silencio ante el escándalo que ya ha movilizado a más de 21.000 personas, que han firmado en la plataforma Change.org contra el derribo.  
Los jueces, la última esperanza
“Está ocurriendo algo que no había pasado antes, ahora las protecciones se levantan y no pasa nada”, explica Amparo Berlinches, arquitecta especialista en patrimonio, vocal del Consejo Regional de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (por invitación de UPyD). “La crisis ha permitido al Ayuntamiento aplicar una política liberalizadora del suelo, que deja sin patrimonio a los madrileños. Las alegaciones se desestiman sin problemas. Sólo nos queda el recurso de los tribunales”.
La especialista explica a este periódico que el proyecto de derribo pretende convertirlo en un cubo rectangular gigante, quepasaría de 10.000 a 15.000 metros cuadrados en su área comercial. Denuncia que en el catálogo de edificios protegidos de Madrid el siglo XX es menospreciado, porque de los 229 protegidos por esta clasificación, del siglo pasado sólo 4 están socorridos y 9 incoados.  
César Heras, Presidente de la Junta Directiva de la Sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid, no oculta su irritación ante la noticia. El doctor en Antropología Cultural, Arqueología e Historia explica que los empresarios acuerdan con los políticos y miembros del Comité el futuro de la ciudad al desterrar de la carta de protección estos edificios.
La asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio asegura que nada está protegido, y que si llega alguien muy poderoso puede hacer lo que quiera“Hay causas que se pueden aducir, como el deterioro. Si logran justificar la razón y la mayoría vota a favor, el edificio está sentenciado”, explica. ¿Cómo han logrado que las decisiones interesadas se conviertan en interés general? Heras señala que han eliminado filtros con especialistas independientes. Ahora todo depende de la Comisión, formada en su mayoría por cargos políticos de los departamentos afectados. “Generan una arbitrariedad absoluta, lo que interesa hoy puede dejar de hacerlo mañana. Han convertido el Bien de Interés Cultural y el catálogo en una figura retórica y antes no era así”, añade.
La política de la ruina
“Lo envuelven de libertad y hemos perdido un índice de participación muy alto. Me duele muchísimo la desprotección del patrimonio cultural que estamos viendo”, prosigue Heras en su amarga queja. El especialista advierte que el edificio representa la imagen del despegue de España en Europa. “No es sólo la fachada”, y enumera las escaleras, vidrieras, enrejados, las soluciones arquitectónicas… “No podemos permitir que los intereses particulares alteren nuestras leyes”, en alusión al grave cambio que debería ejecutarse sobre el Plan General de Ordenación Urbanística.
Presentación de la copa del mundo de baloncesto 2014Presentación de la copa del mundo de baloncesto 2014
Para legitimar el abandono del patrimonio en manos privadas basta con que sus dueños lo abandonen. Por eso la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, puesta en marcha el pasado mes de octubre, ya está recurrida como inconstitucional ante el Tribunal Constitucional, que la ha aceptado a trámite. Entre los nuevos artículos aprobados ha sido eliminada la obligación del propietario –entre ellos, la Iglesia- a hacer público el Bien de Interés Cultural en su poder. Ahora, es imposible revisar el estado o la alteración del bien.
Desde la activa asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio denuncian que la Comunidad y el Ayuntamiento deja el legado artístico e histórico de todos a decisiones privadas. “Nada está protegido. Si llega alguien muy poderoso puede hacer lo que quiera con nuestro patrimonio”, dice su presidente, el prestigioso arquitecto Vicente Patón.
El edificio destaca porque su estructura de hormigón se convirtió en pionera al ser la más alta de Europa construida hasta entonces. “Se hizo así porque en España no había hierro”, explica Patón. Si todo sale como Ignacio González yAna Botella planea este país volverá a ser pionera, esta vez en la confirmación de la falta de escrúpulos en hacer del pasado un engorro.