El diputado de Izquierda Unida (IU) en la Junta General del Principado Ángel González es el primer parlamentario de España expulsado de una cámara autonómica por una sentencia firme. González, que este jueves se despidió de su cargo legislativo en la misma sesión plenaria que le despidió, fueinhabilitado durante siete años por un delito de prevaricaciónadministrativa tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que el interesado recurrirá al Constitucional porque se considera discriminado ya que no ha podido apelar a un segunda instancia.
El delito de González consistió en trocear un paquete de contratos de licitación para instalar monolitos de víctimas de la Guerra Civil -lo que en términos jurídicos se denomina prevaricación administrativa- con objeto de ganar tiempo y poder inaugurar el monumento antes de que finalizara la legislatura. Según todas las fuentes consultadas, este tipo de actuación técnica suele ser bastante frecuente en todas las administraciones, pero si alguien denuncia la irregularidad, la maquinaria judicial se pone en marcha.
Ángel González fue imputado y procesado y, pese a las exigencias del resto de grupos en la Junta General del Principado, no dimitió del cargo aduciendo que su acción no podía interpretarse como un acto de corrupción, ya que "no me llevé un solo euro". El diputado de IU se rebeló contra aquellas afirmaciones que le comparaban con otros políticos imputados por recibir sobornos o por cohecho, recordando que "no todos somos iguales".
Sin embargo, a González le perdió la tradicional beligerancia de su formación política de reclamar la dimisión de todo aquel cargo público que fuera procesado por un delito de esas características. El propio diputado exigió la marcha de algún que otro adversario que hubiera incurrido en esa circunstancia.
La sentencia de inhabilitación que le impide acceder a cargo público durante siete años cayó en Ángel González y en su formación como un jarro de agua fría, pero se enrocó en la permanencia en el puesto a pesar de las demandas de mucho ciudadanos, incluso de su propio partido, al que sometió a  la contradicción de ser permisivo en unos casos e inflexible en otros.
El coordinador general de IU en Asturias, Jesús Iglesias (d), y Ángel González. (EFE)El coordinador general de IU en Asturias, Jesús Iglesias (d), y Ángel González. (EFE)
En un principio, González pretendió pasar al grupo mixto, pero un informe de un letrado de la Junta General del Principado consideró que su permanencia en el Parlamento era incompatible con la ley, y este jueves, con21 votos a favor y 21 abstenciones (las del PSOE y la propia IU), la Cámara regional procedió a su expulsión. Antes de irse intervino por última vez para reivindicar su inocencia, criticar que no tuviera ninguna posibilidad de recurrir a una segunda instancia y enumerar algunas de las fosas comunes que aún perduran en la geografía asturiana y que trató de señalizar y "dignificar".
La incompatibilidad del diputado de IU con su puesto de portavoz parlamentario tras una sentencia deviene de la modificación en el año 2011 de una ley de 1985 que trataba de impedir que cargos públicos condenados por terrorismo o rebelión militar pudieran permanecer en sus escaños tras ser sentenciados de manera firme. Hace tres años se extendió a delitos contra las administraciones públicas, que es lo que afecta a Ángel González, según explicaron a El Confidencial fuentes jurídicas.
El parlamentario expulsado de su cargo se queja de que su sentencia no es firme, ya que solo la dictó un tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Por eso recurre al Constitucional porque quiere que se clarifique desde la unificación de doctrina una serie de circunstancias que hacen que, González, el primer parlamentario expulsado de una Cámara por una sentencia, resuelva su supuesta discriminación por no poder apelar a un tribunal superior y pueda servir para los casos que se originen en el futuro en esta misma línea procesal.