Para Pablo Iglesias, Podemos es “el principal partido de la oposición”. Lo dijo con la boca chica en un mitin el pasado 8 de febrero en Madrid, pero el lunes lo reivindicó ya con todas las palabras en una entrevista televisiva que siguieron más de cuatro millones de espectadores (la entrevista política con más audiencia desde 2004). El líder de la formación que todas las encuestas sitúan a una mínima distancia del PP no está dispuesto a quedarse al margen del debate sobre el estado de la nación, a pesar de no contar con ningún representante en las Cortes.
La singular estrategia comunicativa para evitar este extremo pasa por programar un contradebate, que se celebrará esta tarde en el madrileño Círculo de Bellas Artes con la presencia de todos los barones territoriales de Podemos. Una iniciativa que sigue la estela iniciada por el 15M, que durante dos años consecutivos celebró en la Puerta del Sol un “debate popular sobre el estado de la nación”, con la participación de movimientos sociales y asambleas de barrio.
En la mitinera cita habrá tiempo para escenificar la unidad entre los candidatos oficialistas y críticos, el cierre de filas en torno a la cabeza de lista por Andalucía,Teresa Rodríguez y, lo más importante, suministrará las primeras píldoras de su programa: un plan de emergencia para implantar en los cien primeros días de gobierno. La candidata andaluza será la primera en presentarlo al electorado, pero será la piedra angular tanto para las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo como para las generales de noviembre. Salvando las distancias, beberá del denominado “Programa de Salónica” elaborado por Syriza.
El plan de rescate ciudadano o programa de emergencia pondrá el foco en la salvaguarda del Estado de bienestar y, más concretamente, en los sectores de la población excluidos y más castigados por la crisis, a los que se destinará“recursos de urgencia nacional”. Entre las primeras medidas de aplicación inmediata se encuentra la paralización de los desahucios, la desprivatización de servicios públicos como la sanidad o del sector energético, la salvaguarda de los “recursos vitales” para toda la ciudadanía (luz, agua, etc.) o garantizar una renta mínima de inserción.
“En menos de una semana de nuevo Gobierno griego, se ha conseguido electricidad gratuita para 300.000 personas que no podían pagarla, la suspensión de los procesos de privatización en puertos, compañía pública de electricidad y 14 aeropuertos, la recuperación de la cobertura sanitaria para todo el mundo, el reconocimiento de la nacionalidad para todos los niños independientemente del color de su piel y la readmisión de los funcionarios despedidos”, recordó el secretario general de Podemos en el mitin final de la ‘marcha del cambio’ celebrada el pasado 31 de enero. El espejo de Syriza en el que se mirará Pablo Iglesias.
Desahucios. La formación se escuda en el derecho europeo, concretamente en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre ejecuciones hipotecarias, para poner punto y final a los desahucios al día siguiente de tocar poder. Una medida de urgencia que iría acompañada de una ley para limitar el acaparamiento de viviendas.
Agua, luz y sanidad. Recuperar el control público de sectores que gestionan servicios básicos, como la sanidad, el agua o la energía, para así asegurar el acceso universal a la salud o “no dejar a ningún español sin luz ni calefacción por no poder pagarla”. Sectores que no deben convertirse en “negocio para que algunos se enriquezcan”, lo cual también es para el líder de Podemos una gestión “más ineficaz”.
Renta mínima de inserción. Una medida que ya se ha anunciado en la campaña para las elecciones ndaluzas y que están desarrollando los 150 expertos con los que Podemos cuenta para recoger propuestas programáticas. Se trata de una propuesta que Izquierda Unida ya abanderó en el Gobierno andaluz y con la que Podemos pretende “sacar a las familias más vulnerables de la emergencia social”.
Ley de segunda oportunidad. Mencionada también por Mariano Rajoy en su discurso durante el debate sobre el estado de nación, pretende limitar el endeudamiento de los autónomos y pequeños empresarios “para que salgan de la economía sumergida”, fomentar el crédito e impulsar el desarrollo económico.
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