Nuevas medidas para dar un respiro a los endeudados
Esther García López
Unos las califican de medidas electoralistas y otros de
necesarias, el caso es que las normas aprobadas en el último Consejo de
Ministros van a mejorar las finanzas de numerosos colectivos de
ciudadanos como autónomos, empresarios y particulares endeudados;
familias monoparentales, desempleados, trabajadores del campo y
ciudadanos que deseen acudir a la Justicia.
Una de las medidas más aplaudidas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes fue la Ley de Segunda Oportunidad que pretende paliar la situación de quienes han contraído un endeudamiento excesivo al que no pueden hacer frente.
La norma establece un sistema para solventar la insolvencia de los particulares y empresarios con mecanismos para conseguir que puedan superar una situación de endeudamiento y volver a empezar. Se les da la posibilidad de pactar con los acreedores para que la reestructuración de la deuda sea más sencilla y, durante el plazo que se prolongue la negociación de estos acuerdos extrajudiciales, se suspenden las ejecuciones de bienes necesarios para la actividad, incluida la vivienda habitual.
También se establece un mecanismo judicial de reestructuración que permitirá a empresarios y particulares liberarse de las deudas contraídas con los bienes que tienen en el momento de llegar al acuerdo. Además, los plazos de prescripción de las deudas personales se reducen de 15 a 5 años.
«Esperamos que con la Ley de Segunda Oportunidad el fracaso no sea sinónimo de ruina, sino de aprendizaje. Los autónomos que fracasen dejarán de llevar el cartel de arruinados de por vida», asegura Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA).
Amor se muestra partidario de la ley, pero reconoce que hay que hacer «cambios y matizaciones. Esta ley debe establecer quitas en los créditos públicos, ya que los problemas con Hacienda y la Seguridad Social son los que fundamentalmente tiene un autónomo cuando se ve obligado a cesar en su actividad».
También Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), valora «positivamente» esta ley porque «mejora la situación de los autónomos». Pero asegura que la norma no cumple todas las expectativas que se habían creado al anunciarla, como que entre los acreedores con los que se puedan negociar deudas no estén los acreedores públicos como Hacienda y Seguridad Social, «lo que limita la eficacia de la ley». A su juicio, lo «más positivo es que impulsa la mediación voluntaria previa al concurso de acreedores, porque la mediación es la mejor manera de solucionar estos problemas».
La conciliación entre la vida laboral y personal de los autónomos también se potenció en el consejo al aprobar una ayuda dirigida a aquellos que necesiten reducir su jornada para cuidar de sus hijos menores de siete años o a familiares en situación de dependencia. Durante un año, se beneficiarán de una bonificación del cien por cien en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes si contratan a un trabajador para mantener su actividad. Con esta medida cada autónomo se ahorrará unos 3.000 euros anuales.
«Esta es una medida realmente importante porque nos acerca a los trabajadores asalariados en materia de protección social», asegura Amor.
Sebastián Reyna reconoce que «aunque es mejorable, consideramos que la medida es la adecuada».
RETRASO DE LOS DESAHUCIOS
Otras de las disposiciones aprobadas fueron la flexibilidad a acceder al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios y la ampliación de los supuestos de especial vulnerabilidad al incluir a los mayores de 60 años. La norma elimina las cláusulas suelo de las hipotecas para los deudores situados por debajo del nuevo umbral del código y prorroga hasta 2017 la moratoria de los desahucios de las viviendas habituales para los colectivos vulnerables.
También los nuevos contratos indefinidos disfrutarán de una rebaja de las cotizaciones. Los primeros 500 euros de salario estarán exentos y, a partir de esa cantidad, se aplicará un tipo progresivo.
Los cheques familiares de 1.200 euros al año dirigidos a familias monoparentales con dos hijos son otra de las iniciativas 'estrella' aprobadas por el Gobierno. Sin embargo, esta medida cuenta con detractores. En opinión de José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), «a nosotros, los cheques indiscriminados independientemente del nivel de ingresos de la familia, en principio, no nos parecen la mejor medida de política tributaria».
No obstante, reconoce que «una familia monoparental con dificultades para salir adelante necesita un mayor apoyo porque toda la carga de los hijos recae sobre una sola persona, en esos casos apoyamos la medida». Añade que al ser un pago indiscriminado que no tiene en cuenta el nivel de ingresos de cada familia «puede ocurrir que esa ayuda la reciban personas que no tengan esa necesidad económica».
Por su parte, los trabajadores del campo también se han visto beneficiados con las medidas del consejo, ya que se reduce de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario. El número de beneficiados superan los 56.000.
EXENCIÓN DE TASAS
Si hay una norma aprobada por el consejo que beneficiará a la totalidad de los ciudadanos es la exención de tasas judiciales. El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que las personas físicas quedarán exentas del pago de tasas judiciales en todas las instancias jurisdiccionales y en todos los órdenes, con el fin de que ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos.
Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, considera que con esta ley «gana la Justicia y ganan los ciudadanos», porque las tasas judiciales «suponían una barrera para que las personas pudieran ejercer sus derechos ante los tribunales».
Afirma que «hemos sido muchos los que hemos alzado la voz en contra de las tasas: abogados, operadores jurídicos, sindicatos, partidos, ciudadanos... y cuando tanta gente está en contra de una ley no se puede mantener porque no beneficia a nadie».
No obstante, se muestra satisfecho solo en parte, porque los ciudadanos podrán acceder sin trabas a los tribunales, pero «no las pymes» y se compromete a seguir reclamando para que «la supresión de las tasas alcance a la pequeña y mediana empresa».
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Disposiciones que benefician al bolsillo de los ciudadanos
El último Consejo de Ministros materializó algunas de las medidas que Mariano Rajoy anunció en el Debate sobre el Estado de la Nación y que contribuirán a mejorar las finanzas de una serie de colectivos.
Segunda oportunidad:
-Esta ley amplía y flexibiliza el acuerdo extrajudicial de pagos y ofrece la posibilidad de pactar con los acreedores para que la reestructuración de la deuda sea más ágil y sencilla. Podrán acogerse a esta vía empresarios, empresas y particulares.
- Permite a empresarios y particulares librarse de las deudas contraídas con los bienes que tienen en el momento de llegar a ese acuerdo con intervención de un juez. Los plazos de prescripción de las deudas personales se reducen de quince a cinco años.
- Se flexibilizan los criterios para acceder al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios.
Medidas de Empleo y fiscalidad
- Los nuevos contratos indefinidos tendrán una rebaja de las cotizaciones. Los primeros 500 euros de salario estarán exentos.
- Ayudas a autónomos para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
- Reducción de 35 a 20 el número de peonadas para acceder al subsidio agrario.
- Cheques familiares de 1.200 euros al año dirigidos a familias monoparentales con dos hijos.
Administración de justicia
- Exención de tasas judiciales de las personas físicas en todas las instancias jurisdiccionales.
Plan PIVE 7
- Se aprueba el programa de incentivos al vehículo eficiente Plan PIVE 7, dotado con 175 millones de euros.
Una de las medidas más aplaudidas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes fue la Ley de Segunda Oportunidad que pretende paliar la situación de quienes han contraído un endeudamiento excesivo al que no pueden hacer frente.
La norma establece un sistema para solventar la insolvencia de los particulares y empresarios con mecanismos para conseguir que puedan superar una situación de endeudamiento y volver a empezar. Se les da la posibilidad de pactar con los acreedores para que la reestructuración de la deuda sea más sencilla y, durante el plazo que se prolongue la negociación de estos acuerdos extrajudiciales, se suspenden las ejecuciones de bienes necesarios para la actividad, incluida la vivienda habitual.
También se establece un mecanismo judicial de reestructuración que permitirá a empresarios y particulares liberarse de las deudas contraídas con los bienes que tienen en el momento de llegar al acuerdo. Además, los plazos de prescripción de las deudas personales se reducen de 15 a 5 años.
«Esperamos que con la Ley de Segunda Oportunidad el fracaso no sea sinónimo de ruina, sino de aprendizaje. Los autónomos que fracasen dejarán de llevar el cartel de arruinados de por vida», asegura Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA).
Amor se muestra partidario de la ley, pero reconoce que hay que hacer «cambios y matizaciones. Esta ley debe establecer quitas en los créditos públicos, ya que los problemas con Hacienda y la Seguridad Social son los que fundamentalmente tiene un autónomo cuando se ve obligado a cesar en su actividad».
También Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), valora «positivamente» esta ley porque «mejora la situación de los autónomos». Pero asegura que la norma no cumple todas las expectativas que se habían creado al anunciarla, como que entre los acreedores con los que se puedan negociar deudas no estén los acreedores públicos como Hacienda y Seguridad Social, «lo que limita la eficacia de la ley». A su juicio, lo «más positivo es que impulsa la mediación voluntaria previa al concurso de acreedores, porque la mediación es la mejor manera de solucionar estos problemas».
La conciliación entre la vida laboral y personal de los autónomos también se potenció en el consejo al aprobar una ayuda dirigida a aquellos que necesiten reducir su jornada para cuidar de sus hijos menores de siete años o a familiares en situación de dependencia. Durante un año, se beneficiarán de una bonificación del cien por cien en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes si contratan a un trabajador para mantener su actividad. Con esta medida cada autónomo se ahorrará unos 3.000 euros anuales.
«Esta es una medida realmente importante porque nos acerca a los trabajadores asalariados en materia de protección social», asegura Amor.
Sebastián Reyna reconoce que «aunque es mejorable, consideramos que la medida es la adecuada».
RETRASO DE LOS DESAHUCIOS
Otras de las disposiciones aprobadas fueron la flexibilidad a acceder al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios y la ampliación de los supuestos de especial vulnerabilidad al incluir a los mayores de 60 años. La norma elimina las cláusulas suelo de las hipotecas para los deudores situados por debajo del nuevo umbral del código y prorroga hasta 2017 la moratoria de los desahucios de las viviendas habituales para los colectivos vulnerables.
También los nuevos contratos indefinidos disfrutarán de una rebaja de las cotizaciones. Los primeros 500 euros de salario estarán exentos y, a partir de esa cantidad, se aplicará un tipo progresivo.
Los cheques familiares de 1.200 euros al año dirigidos a familias monoparentales con dos hijos son otra de las iniciativas 'estrella' aprobadas por el Gobierno. Sin embargo, esta medida cuenta con detractores. En opinión de José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), «a nosotros, los cheques indiscriminados independientemente del nivel de ingresos de la familia, en principio, no nos parecen la mejor medida de política tributaria».
No obstante, reconoce que «una familia monoparental con dificultades para salir adelante necesita un mayor apoyo porque toda la carga de los hijos recae sobre una sola persona, en esos casos apoyamos la medida». Añade que al ser un pago indiscriminado que no tiene en cuenta el nivel de ingresos de cada familia «puede ocurrir que esa ayuda la reciban personas que no tengan esa necesidad económica».
Por su parte, los trabajadores del campo también se han visto beneficiados con las medidas del consejo, ya que se reduce de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario. El número de beneficiados superan los 56.000.
EXENCIÓN DE TASAS
Si hay una norma aprobada por el consejo que beneficiará a la totalidad de los ciudadanos es la exención de tasas judiciales. El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que las personas físicas quedarán exentas del pago de tasas judiciales en todas las instancias jurisdiccionales y en todos los órdenes, con el fin de que ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos.
Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, considera que con esta ley «gana la Justicia y ganan los ciudadanos», porque las tasas judiciales «suponían una barrera para que las personas pudieran ejercer sus derechos ante los tribunales».
Afirma que «hemos sido muchos los que hemos alzado la voz en contra de las tasas: abogados, operadores jurídicos, sindicatos, partidos, ciudadanos... y cuando tanta gente está en contra de una ley no se puede mantener porque no beneficia a nadie».
No obstante, se muestra satisfecho solo en parte, porque los ciudadanos podrán acceder sin trabas a los tribunales, pero «no las pymes» y se compromete a seguir reclamando para que «la supresión de las tasas alcance a la pequeña y mediana empresa».
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Disposiciones que benefician al bolsillo de los ciudadanos
El último Consejo de Ministros materializó algunas de las medidas que Mariano Rajoy anunció en el Debate sobre el Estado de la Nación y que contribuirán a mejorar las finanzas de una serie de colectivos.
Segunda oportunidad:
-Esta ley amplía y flexibiliza el acuerdo extrajudicial de pagos y ofrece la posibilidad de pactar con los acreedores para que la reestructuración de la deuda sea más ágil y sencilla. Podrán acogerse a esta vía empresarios, empresas y particulares.
- Permite a empresarios y particulares librarse de las deudas contraídas con los bienes que tienen en el momento de llegar a ese acuerdo con intervención de un juez. Los plazos de prescripción de las deudas personales se reducen de quince a cinco años.
- Se flexibilizan los criterios para acceder al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios.
Medidas de Empleo y fiscalidad
- Los nuevos contratos indefinidos tendrán una rebaja de las cotizaciones. Los primeros 500 euros de salario estarán exentos.
- Ayudas a autónomos para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
- Reducción de 35 a 20 el número de peonadas para acceder al subsidio agrario.
- Cheques familiares de 1.200 euros al año dirigidos a familias monoparentales con dos hijos.
Administración de justicia
- Exención de tasas judiciales de las personas físicas en todas las instancias jurisdiccionales.
Plan PIVE 7
- Se aprueba el programa de incentivos al vehículo eficiente Plan PIVE 7, dotado con 175 millones de euros.
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