Cinco claves del preacuerdo entre PSOE e IU en Asturias
Una batería de medidas sociales, de regeneración democrática y de transparencia centran el pacto que los militantes de IU deben votar este fin de semana
ÁNGEL FALCÓN
@ANGELFALCON24
MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2015
El preacuerdo alcanzado ayer por el PSOE e IU reproduce sintéticamente el espíritu de los programas electorales de ambas formaciones. El resultado final pone el foco en el calado social de la crisis y propone una batería de medidas para paliar las dificultades económicas de miles de asturianos. Y de paso hace hincapié en la regeneración democrática y la transparencia, un leit motiv de los partidos en los últimos meses.
MEDIDAS SOCIALES
El listado de proyectos es amplio. Contempla un plan de pobreza energética que permita financiar los suministros de agua, luz y gas de los hogares con bajos ingresos. También la disponibilidad de una vivienda en caso de pérdida por desahucios o falta de recursos y planes contra la malnutrición infantil. En el caso del salario social, una iniciativa en la que Asturias fue pionera, se pretende que las solicitudes se puedan resolver en menos de tres meses. Como refuerzo a lo anterior, el Gobierno aprobará un proyecto de Ley de Garantía de Derechos vitales y una nueva ley de Servicios Sociales que garantice prestaciones. Respecto a la ley de dependencia, se exigirá al Estado financiación suficiente y su universalización, para revertir los recortes que el PP ha emprendido en los últimos años.
REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
La prioridad legislativa. Se trata de la primera iniciativa que deberá abordar Javier Fernández si finalmente es elegido presidente. El acuerdo prevé reformar la Ley Electoral presentada en la pasada legislatura y que no fue aprobada. Hay que recordar que el documento elaborado por el PSOE, UPyD e IU mantenía las tres circunscripciones aunque de manera ponderada y apostaba por listas abiertas y por la celebración de primarias en los partidos. El documento incluye un dato fundamental, que sea aprobado por los tres quintos de la Cámara, la “mayoría suficiente” que siempre exigió el PSOE y que provocó la ruptura del pacto.
Además el acuerdo presta atención a la futura Ley de Transparencia. Para ello se prohibirán las puertas giratorias de políticos a empresas, se reforzará el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos, que deberán pasar por controles previos a su nombramiento. Además se creará un órgano para que la ley se cumpla y una oficina independiente con autonomía de investigación de los casos de corrupción. Y se aportarán más recursos para la Administración de Justicia. El objetivo a corto plazo es el caso El Musel: hay un compromiso para crear una comisión de investigación.
Todo ello se completará con más participación ciudadana, con la realización de consultas en asuntos de competencia del Principado. Un par de propuestas que también tienen hondura política: se limitará los mandatos del presidente a ocho años y se reformará la ley de designación de senadores para que no recaigan como hasta ahora en las dos fuerzas que cuenten con más diputados. Los aspirantes serán votados en la Junta.
SERVICIOS PÚBLICOS
El acuerdo vuelve a hacer hincapié en que los servicios públicos deben tener carácter universal, un dogma de la izquierda asturiana. Para ello es necesario una plantilla de trabajadores a la altura. El documento apuesta por reducir la interinidad y ampliar la calidad del empleo. En materia sanitaria se incide en la atención primaria, en potenciar el Instituto de Silicosis, el programa de Cáncer y el plan de salud mental. Y se pone en solfa la actuación futura de GIspasa. Y en materia educativa, se apuesta por ampliar la cobertura de la red 0 a 3 años, exigir una moratoria de la LOMCE y abordar la financiación de la Universidad, la eterna asignatura pendiente.
Una de las patatas calientes del acuerdo recae en el apartado medioambiental. IU renuncia a recurrir la depuradora de Serín. Se ejecutará por tanto la reciente sentencia del TSJA que anuló el Plan de Residuos del Principado. Ambas fuerzas han justificado este punto en un hecho: el recurso paralizaría dos años cualquier solución a un problema acuciante. Se opta así por operatividad o el realismo político. Además se impulsará el Área Metropolitana Central a través de mecanismos de gestión pública con consorcios: una vieja cantinela que nunca ha llegado a buen puerto hasta ahora. Se pretende su aprobación antes de que finalice 2015.
El acuerdo en materia fiscal es sumamente difuso y muy generalista. “Se mantendrá y reforzará un sistema basado en los principios de progresividad y suficiencia y se intensificarán los programas de lucha contra el fraude fiscal”, asegura el documento.
ECONOMÍA Y EMPLEO
Los planes de empleo antepondrán la contratación de jóvenes sin experiencia laboral, personas de baja cualificación y mayores de 45 años. Además se impulsará la ventanilla única, una Mesa del Autónomo y una línea de créditos para facilitar la incorporación de nuevos socios a cooperativas. Además se pretende el retorno de jóvenes que protagonizan el exilio laboral y medidas en el medio rural que potencien el sector agroganadero: producción ecológica, modernización, concentraciones parcelarias, nuevas actividades empresariales.
Además se abrirá un frente común frente a las políticas del Gobierno Central que atañen a varias cuestiones.Una de ellas es una obsesión recurrente de Javier Fernández, la garantía de suministro eléctrico competitivo para la industria, que evite la deslocalización y atraiga inversiones. A su lado, la minería, con una ofensiva para evitar el cierre y garantizar el pago de los fondos mineros pendientes. Y plasmar acuerdos en la financiación autonómica y en la finalización de todas las infraestructuras que están en el aire o a medio camino. Desde la Variante de Pajares a la autovía Grado-La Espina pasando por la prolongación a Cangas del Narcea.
DISCREPANCIAS CULTURALES
El acuerdo también reproduce el desacuerdo, paradójicamente. “Las fuerzas firmantes mantienen importantes discrepancias en torno a la necesidad de una reforma estatutaria como de la cooficialidad de la lengua asturiana. Sin embargo compartimos que las fórmulas elegidas para garantizar la protección de los derechos lingüísticos y de nuestro patrimonio cultural exigen amplios consensos que superan el marco de un acuerdo de investidura”. Para ello PSOE e IU crearán una comisión de estudio sobre el régimen de protección del asturiano y sus distintas alternativas.
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