El nuevo Gobierno acumula sus primeras decisiones pendientes
El conflicto con los maestros de infantil, la financiación autonómica y las medidas sociales pactadas con IU esperan al aterrizaje de los altos cargos recién designados
RAÚL ÁLVAREZ
@RALLVAREZ
DOMINGO 23 DE AGOSTO DE 2015
Para las administraciones públicas, agosto ya no es el mes en blanco de hace 30 años, pero sí un periodo en que la actividad se reduce de manera acusada por las vacaciones del personal. Esa circunstancia, unida al prolongado periodo para la segunda investidura de Javier Fernández, que ha tenido como consecuencia un retraso en la formación del nuevo Gobierno, cuyos altos cargos aún están incompletos casi tres meses después de las elecciones autonómicas del pasado mayo, hace que se acumulen en los despachos del Principado asuntos pendientes que los consejeros deberán abordar con urgencia en cuanto sus departamentos recuperen el ritmo habitual. El conflicto laboral –y político, dadas las críticas de la oposición— por los recortes en las plantillas de la escuelas infantiles, la estrategia contra el techo de déficit impuesto por el Ministerio de Hacienda y la preparación de la difícil negociación de la nueva financiación autonómica y las discrepancias sobre el funcionamiento del sistema de ayudas a la dependencia se han arrastrado en las últimas semanas y requieren atención urgente.
Los consejeros directamente afectados por esos problemas no podrán esperar a la comparecencia ritual en el Parlamento autonómico –la forma tradicional de asumir el cargo con una explicación a los diputados del programa y los retos para la legislatura— para empezar a tomar decisiones. El Gobierno ha solicitado fechas para que todos sus integrantes comparezcan ante las comisiones correspondientes a partir del Día de Asturias, es decir, no antes de la segunda semana de septiembre. Para entonces, ya habrá comenzado el curso escolar y el reencuentro de los profesores de los alumnos más pequeños, los del ciclo de 0 a 3 años, reactivarán con movilizaciones que ya se anuncian un malestar que ha ido al alza en agosto entre los maestros, los padres y los ayuntamientos que gestionan las aulas. El Principado ha decidido acometer un recorte de personal ante la caída de las matriculaciones y la comunidad escolar ha reaccionado en contra de esa política.
Para el nuevo consejero de Educación, Genaro Alonso, no ha habido un aterrizaje tranquilo. Se estrenó con una reunión con el ministro Íñigo Méndez de Vigo y, a la semana siguiente con la sectorial en la que las comunidades y el Gobierno central acordaron ralentizar algunos aspectos del desarrollo de la polémica ley educativa heredada de José Ignacio Wert. Al mismo tiempo, la decisión sobre el ciclo de 0-3 ha saltado del ámbito de la relación con los profesores al debate político. IU asegura que la continuidad de las plantilla está garantizada por el acuerdo para su apoyo a la elección de Javier Fernández y Podemos ya considera las intenciones del Principado un incumplimiento de ese documento con la coalición.
El propio presidente ha salido ya a la palestra para fijar la posición del Principado sobre el debate de la financiación con el Gobierno central y el resto de las comunidades. Con las elecciones catalanas fijadas para finales de septiembre y buena parte de las comunidades más ricas del arco mediterráneo, además de Madrid, aliadas para pedir una revisión del sistema, la posición de Asturias es difícil. “Nunca una comunidad ha perdido” con los cambios, advierte Fernández. La titular de Hacienda, Dolores Carcedo, será la encargada de conseguirlo.
El Gobierno central, además, mantiene otros enfrentamientos con Asturias y con el conjunto de las comunidades. La número dos del Ministerio de Sanidad avivó este viernes un nuevo frente al acusar a los gobiernos autonómicos de no justificar el destino del dinero que reciben del Estado para mantener el sistema de ayudas a la dependencia y asegurar que el Ejecutivo central desconoce en qué se lo gasta. La nueva responsable de la remozada área de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, tendrá que apagar ese fuego.
La consejera ha anunciado este mismo mes de agosto el refuerzo del personal del área para agilizar el reconocimiento de las prestaciones tras la ampliación a 6.500 nuevos usuarios. De su departamento también depende el cumplimiento de puntos cruciales del acuerdo con IU, como la recolocación en pisos públicos de la familias desahuciadas o las mejoras en el salario social, que Gaspar Llamazares considera esencial ver en marcha en los primeros tres meses de funcionamiento del Gobierno. El PSOE veía factible llevar a cabo esos compromisos en agosto, pero la espera por la designación de altos cargos complica el calendario. Solo quedan seis días laborables antes de que se acabe el mes.
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