Las candidaturas municipalistas “del cambio”, que han conquistado grandes ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña, Zaragoza oCádiz, cumplen dos meses de Gobierno con luces y sombras a sus espaldas. A falta de que se consumen los cien días de cortesía institucional para valorar su gestión, todos ellos han dado cuenta de sus pretensiones políticas a corto y medio plazo, han apurado una serie de medidas programáticas, muchas de ellas estéticas, éticas y, sobre todo, de “rescate social”, y han mostrado el trasfondo lo que entienden como “nueva política”. Cuestiones todas ellas que permiten hacer un primer balance de urgencia tras sesenta días en las instituciones.
Salarios y racionalización de las administraciones
Los códigos éticos que previamente a las elecciones firmaron todos los candidatos de estas fuerzas políticas establecían una limitación salarial muy por debajo de las disfrutadas por los anteriores representantes públicos. El sueldo medio de estos concejales se estableció, de media, entre tres y cuatro veces el salario mínimo interprofesional, mientras que los alcaldes rebajaron sus emolumentos entre un 50 y 25% en comparación a los ingresos de sus antecesores.
La alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, cobrará 45.402 euros brutos anuales, frente a los 100.000 que percibía su antecesora. Sus homólogos en Valencia, Joan Ribó, y Barcelona, Ada Colau, cobrarán unos 80.000, lo que supone una rebaja del 27 y el 20%, respectivamente. El sueldo de Pedro Santisteve, el alcalde zaragozano, será de 75.000, un cuarto menos que su predecesor, y el del coruñés Xulio Ferreiro se situará en los 40.000 euros. Por su parte, el gaditano José María González 'Kichi' cobrará lo mismo que como profesor, unos 1.800 euros mensuales.
El ahorro en los salarios está siendo acompañado también de una racionalización del peso de las administraciones, disminuyendo los cargos eventuales y evitando la duplicidad de salarios. Así, por ejemplo en Madrid, los miembros de Ahora Madrid que ocupen puestos de administración en empresas públicas no obtendrán una remuneración extra por ello, al tiempo que se renunciará a los privilegios propios en empresas como Ifema o el Club de Campo.
Colocación de familiares
La racionalización de las administraciones ha ido acompañada de una cierta polémica por la colocación de familiares directos. En el caso del consistorio madrileño, el sobrino político de Manuela Carmena, Luis Cueto, fue nombrado coordinador general de la Alcaldía, con numerosas competencias y parcelas de poder que se extienden a través de tres secretarias generales técnicas. Con una retribución anual bruta de 89.750 euros, su sueldo es el mayor de toda la corporación, doblando incluso al de la regidora. Eso sí, por sus funciones al frente de Ifema no cobrará ninguna cantidad adicional, lo que ahorrará al Gobierno municipal el sueldo de 120.000 euros que ingresaba Álvarez del Manzano.
La alcaldesa de Barcelona también ha estado salpicada por este tipo de polémicas, al fichar a su marido, el economista Adrià Alemany, pocos días después de tomar posesión de su cargo. Tras hacerse público que sería responsable de relaciones políticas e institucionales, Colau aclaró que el fichaje no provenía del Ayuntamiento sino de su propio partido, Barcelona en Comú. “No hay nada ilegal ni inmoral” en la contratación del economista, aseveraba en un comunicado, por lo que calificaba de “injusto” que una persona “sea vetada o difamada por el mero hecho de ser mi compañero y padre de mi hijo”.
Desahucios, un drama en extinción
Por otro lado, todos estos gobiernos están cumpliendo la promesa de ofreceralternativas habitacionales a aquellas familias desahuciadas, mediante diferentes fórmulas que van desde la cesión de viviendas vacías por parte de los bancos al pago de alquileres. Medidas que desde distintas plataformas de afectados por la hipoteca han criticado por obviar la dación en pago. Stop Desahucios ha sido especialmente beligerante con los nuevos gobiernos de Madrid y A Coruña, principalmente por una supuesta falta de interlocución.
Privatizaciones
La remunicipalización de los servicios públicos que habían sido privatizados durante los últimos años fue una de las medidas estrellas de todas las candidaturas de unidad popular. Unas pretensiones que se están viendo rebajadas, tanto por las dificultades jurídicas de revertir concesiones, la mayoría blindadas durante años, como por el vaciamiento de las arcas públicas. Los distintos equipos jurídicos municipales se están centrando en encontrar la forma legal de revisar e intentar rescindir estos contratos, pero de momento entienden en que lo más realista es negociar con las adjudicatarias para mejoren los servicios.
Especialmente polémica ha sido la privatización en Madrid de un polideportivo municipal, situado en el centro de la capital. La primera gran privatización firmada por un gobierno municipalista, en cuyo programa se especificaba como objetivo prioritario “parar la privatización de los servicios públicos, la externalización de servicios municipales a grandes empresas y la venta de patrimonio público”. El centro, situado encima del Nuevo Mercado de Barceló, una de las grandes obras de remodelación del barrio de Justicia, fue adjudicado por la mesa de contratación formada por los miembros de Ahora Madriddurante 25 años por un canon de 608.000 euros.
Tauromaquia
La práctica totalidad de las candidaturas de unidad popular y fuerzas progresistas como Podemos o Compromís llevaban en sus programas la retirada de subvenciones a la tauromaquia. Allí donde han ganado las elecciones se afanan en darle rápido cumplimiento. A Coruña, Valencia, Palma de Mallorca, Gandía o Ciempozuelos han sido los primeros en mover ficha, mientras que en otros territorios como Huesca, Alicante o Sueca se celebrarán referéndums sobre su prohibición. Entre medias, gestos como el de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ya ha anunciado su intención de no acudir alpalco VIP reservado en Las Ventas para las autoridades del consistorio.
El ahorro de fondos públicos, para destinarlos a otras causas sociales, así como la defensa del derecho de los animales son los principales argumentos que rodean a estas medidas. Sin embargo, para los defensores de la tauromaquia, en pie de guerra, se trata de “demagogia”, y entonan aspectos económicos, de impulso del turismo y empleo, para defender el mantenimiento de los actos taurinos.
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