Corría el mes de mayo de 2010. Caja Madrid había lanzado la mayor emisión depreferentes para minoristas del mercado español -3.000 millones de euros- cuando estaba presidida todavía por Miguel Blesa. Aunque ya había sido sustituido por Rodrigo Rato, la CNMV detectó que había vendido estos títulos cometiendo graves irregularidades en los test de conveniencia e idoneidad y sin advertirl adecuadamente de las características del producto. Pero, en vez de sancionar a la entidad o a los responsables de estos desmanes, le envió unescrito en el que le invitaba a subsanar las deficiencias detectadas, que además le enumeraba con detalle (es decir, le indicaba lo que tenía que cambiar), y le concedía 30 días de plazo para hacerlo.
En cambio, el supervisor del mercado dispensó un trato mucho menos amable a las dos firmas perjudicadas por la supuesta trama de corrupción que investiga la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) dentro de la operación Parqué, que presuntamente concedía o retiraba licencias de forma irregular, de la que ha dado cuenta El Confidencial a lo largo de esta semana. Ni en el caso de Vetusta Wealth Management ni en el de Dracon Partners se les informó de las presuntas irregularidades ni se les dio la oportunidad de subsanarlas antes de proceder a la retirada de su licencia.
El documento remitido a Caja Madrid está firmado por Juan Alcaide Guindo, que entonces -cuando el presidente de la CNMV era Julio Segura- ya ocupaba el cargo de director de supervisión de entidades de servicios de inversión que mantiene en la actualidad bajo el mandato de Elvira Rodríguez. En él, el supervisor detectaba graves anomalías en la comercialización de preferentes, como que "su entidad no se asegura de que el cliente posea conocimientos y experiencia en instrumentos financieros complejos" o que, en el test de conveniencia (que evalúa el conocimiento del producto por parte dle inversor), "en lugar de que el objeto de las preguntas sean las participaciones preferentes", se evaluaban los conocimientos sobre mercados financieros y renta fija.
De hecho, Alcaide llegaba a concluir que "es difícil que este instrumento resulte conveniente para una mayoría de los inversores". Y lo que es más grave: acusaba a Caja Madrid de haber vendido preferentes a clientes que habían dado un resultado negativo en el test de idoneidad y deno haber incorporado las advertencias sobre la falta de conveniencia requeridas por la CNMV a la documentación que se entregaba a los clientes en la red cuando se comercializaba el producto.
Ni expediente, ni sanción, ni devolución del dinero
Pero, a pesar de todas estas irregularidades e infracciones, la CNMV no le impuso ningún tipo de sanción ni abrió ningún expediente. Es más, tampoco le obligó a anular las ventas realizadas incumpliendo las obligaciones legales, ni a devolver el dinero invertido por sus clientes. Y eso que la advertencia llegaba muy tarde, puesto que la emisión se había lanzado en mayo de 2009 y la comercialización ya se había cerrado. Como es de sobra conocido, las preferentes sufrieron enormes pérdidas para contribuir a la carga del rescate de Bankia tras su hundimiento en 2012, y los inversores sólo han podido recuperar su dinero mediante un arbitraje, si KPMG consideraba que efectivamente no eran adecuadas para ellos, o en los tribunales.
No es lo único llamativo en relación al comportamiento de la CNMV con respecto a las preferentes de Caja Madrid. También recibieron un trato de favor frente a las de otros grandes bancos españoles, ya que, en 2009, Segura no obligó a Blesa a incluir ni en el folleto informativo ni en el tríptico resumido (documentos que debía entregar al cliente) una advertencia sobre los riesgos que conllevaban estos productos complejos y perpetuos. Algo que sí hizo en otros casos como Santander, Banesto o BBVA. Por cierto, dichos documentos no se encontraban buscando "Caja Madrid " en la web de la CNMV, sino bajo el epígrafe de una filial desconocida para el gran público llamada Caja Madrid Finance Preferred.
Inflexible con Dracon y Vetusta
En el caso de Dracon Partners, una de las irregularidades que le achacaba el supervisor -y por las que ha sido multada- se refería también a los test de conveniencia e idoneidad, cuyo diseño había encargado a Deloitte la responsable de la firma, Sara Pérez de Frutos. Sin embargo, en su caso nadie se puso en contacto con ella para explicarle cuáles eran las deficiencias encontradas ni se le dio un plazo para repararlas. Directamente, se le abrió expediente con algunas acusaciones imposibles para una EAFI (entidad de asesoramiento financiero independiente), como llevarse el dinero a Rusia -las EAFI no pueden tocar el dinero de sus clientes-.
Las acusaciones de Vetusta no iban en esta dirección, pero el trato fue igual de duro: la CNMV, presidida entonces por Manuel Conthe suspendió su actividad de forma cautelar sin precisar los motivos y a pesar de admitir que no había detectado fraude ni perjuicio para los clientes. Esto le causó un daño reputacional que le obligó a cerrar. De hecho, cuando el daño ya estaba hecho, la CNMV archivó sin sanción el procedimiento de revocación de la licencia de la entidad a cambio de que Menéndez solicitase la baja voluntaria de la sociedad y la renuncia a acciones civiles contra el supervisor.
El propio Conthe ha reconocido esta semana que la CNMV "se pasó de frenada" y que actuó de forma preventiva sin la certeza de que existieran irregularidades, pero que el daño que causa a los perjudicados en estos casos es inevitable para el cumplimiento de su función pública. Asimismo,Vetusta emitió ayer un comunicado en el que recuerda que tuvo que cerrar por la presunta trama y agradece los esfuerzos de la Policía y la Fiscalía para esclarecer los hechos.
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