Curiosamente fue el Partido Popular el primero que a finales del pasado siglo levantó el hacha de guerra contra los salarios de escándalo que desde entonces vienen disfrutando los presidentes, consejeros y principales ejecutivos del Ibex 35. Tras cuatro años de precario gobierno en compañía de los viejos amigos nacionalistas de entonces, José María Aznar no estaba dispuesto a que nadie echara por tierra todos los esfuerzos gastados y los muchos sapos tragados a lo largo de aquella primera legislatura orientada a la conquista de una mayoría absoluta en las siguientes elecciones generales. Un objetivo irrenunciable del que salió tarifando el gran paladín de las ‘stock options’, Juan Villalonga, a la sazón presidente de Telefónica y máximo artífice del nuevo marco de retribuciones doradas importadas del mundo anglosajón con la llegada del euro.
Villalonga se negó a devolver los multimillonarios dineros, todavía en pesetas, que se había embolsado por el mero hecho de estimular la cotización en bolsa de su compañía. Apelando a la creación de valor para el accionista, el antiguo compañero de pupitre de Aznar se enrocó en su derecho a enriquecerse como principal responsable de la empresa, lo que fue utilizado por el PSOE para enarbolar su bandera populista contra el capitalismo salvaje que empezaba a asomar las orejas en el mundo de los negocios y las altas finanzas en España. Después de una batalla a pecho descubierto contra el Gobierno y sus edecanes, el rebelde presidente de Telefónica se rindió a las presiones y firmó un armisticio para abandonar la empresa con el riñón forrado y las espaldas bien cubiertas en beneficio de un hombre de toda confianza como ha resultado serCésar Alierta.
Quince años después la historia se repite y aunque el escenario derivado de la tragedia de la crisis económica es radicalmente distinto, la farsa del debate social incide de manera flagrante en los mismos supuestos que definieron los límites de la campaña electoral en el año 2000. Los codiciados sueldos de guante blanco polarizaron en aquellos momentos la estrategia de acoso y derribo emprendida por Joaquín Almunia en su papel de candidato a la presidencia del Gobierno. Al circunstancial líder socialista el tiro le salió por la culata y dimitió sin paliativos nada más conocerse la apabullante victoria electoral de Aznar, aclamado con una mayoría rotunda que le permitió pasar el rodillo a lo largo y ancho del país con una política ensoberbecida de megalomanía que derivó en nefastas consecuencias de todos conocidas.
Las ‘stock options’ de Villalonga polarizaron la campaña del 2000. Quince años después la historia se repite como farsa en medio de la tragedia de la crisis
La burra ciega de las remuneraciones, jubilaciones y demás prebendas financieras del mundo bursátil vuelven ahora al trigal de la refriega política como arma arrojadiza que los distintos partidos se lanzan entre sí para alardear gratuitamente de su sentido solidario con los estratos de población que todavía no han alcanzado un mínimo umbral de recuperación. Ante la falta de soluciones efectivas para terminar con la exclusión de los menos favorecidos, los populismos tratan de canalizar los resentimientos inflamados de la ciudadanía con soflamas baratas que no generen hipotecas a futuro en las relaciones de poder. Para ello es más cómodo incitar los ánimos generales de revancha sin proponer en ningún caso medidas severas destinadas a corregir situaciones injustas y claramente nocivas para el código de valores que debe regir las relaciones de convivencia dentro de una democracia moderna.
Luchar contra los gigantescos sueldos bursátiles equivale a enfrentarse contra los molinos de viento y para demostrarlo ahí están los últimos datos correspondientes a 2014 que el sindicato CCOO acaba de poner negro sobre blanco con un informe realmente demoledor sobre eso que denominan el buen gobierno de las sociedades cotizadas. Resulta que después de rendir cuentas a la CNMV, las grandes empresas del Ibex siguen creando mucho más valor para sus cúpulas directivas que para sus trabajadores e incluso sus accionistas. No en vano, los primeros ejecutivos del índice selectivo de la Bolsa española incrementaron su retribución un 80% durante el último año mientras que la masa anónima de trabajadores empleados en dichas compañías de postín sólo consiguió, y gracias, una subida media de sueldo del 1,8%.
No es extraño que en prevención de cifras tan elocuentes el ministro José Manuel Soria se aviniera este verano a hacer muecas con su mejor boquita de piñón cuando dentro del PP tocaron zafarrancho de combate para demostrar que el Gobierno está libre de pecado y no ha sido culpable para nada de lanzar la pedrada que ha abierto la gran brecha salarial en España. El responsable de la política industrial, en calidad de interlocutor oficial del mundo empresarial, ha tenido que salir al quite con una crítica timorata de las estratosféricas remuneraciones del Ibex, al tiempo que se lavaba las manos sobre la responsabilidad final de unos pagos que, en su opinión, dependen única y exclusivamente, faltaría más, de los accionistas de cada sociedad cotizada.
Los primeros ejecutivos incrementaron su retribución un 80% en 2014 mientras sus trabajadores sólo recibieron una subida media de sueldo del 1,8%
Las declaraciones de Soria demuestran la escasa convicción general que anima a los poderes públicos para acabar con los privilegios de la plutocracia rampante en España. Sin embargo, de modo subyacente, la intervención forzada del ministro esconde también el deseo de algunas figuras emergentes de la política española por meter la tijera en la política salarial de empresas de naturaleza privada, pero que viven en la abundancia gracias a su apelación continúa al ahorro público y amparan buena parte de sus negocios en grandes contratos del Estado. Dejando a un lado las entidades financieras, de las que ya se encarga el Banco Central Europeo, podría decirse que la mayor parte de los valores top que pueblan la bolsa son empresas ‘mediopensionistas’, herederas de antiguos monopolios y oligopolios regulados que explotan servicios básicos con un margen de beneficio previamente asegurado.
El drama de la gran recesión y el controvertido rescate bancario tendrían que haber servido para que Mariano Rajoy y su Gobierno impusieran un verdadero cambio cultural en la élite empresarial, erradicando para siempre los elementos de discriminación salarial que tienden a crear verdaderas sociedades de castas en el seno de entidades que actúan como referencia de la marca España. A cambio, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha limitado a sacudirse el polvo de las sandalias trasladando solemnemente la decisión sobre las retribuciones del Ibex al acuerdo soberano de sus juntas generales. Un brindis al sol en toda regla asentado en la falacia de esa democracia orgánica que define el gobierno corporativo de empresas presidencialistas donde los consejos de administración trabajan a instancia de parte y la masa anónima de accionistas es invocada exclusivamente a efecto de inventario.
Una pátina de frugalidad no puede esconder el empacho de abundancia con que algunos se siguen poniendo las botas en nombre de la austeridad
La alternativa de fijar techos salariales a la alta dirección de las compañías del Ibex fue acariciada con cierta ilusión por la CNMV con motivo de la reciente elaboración del ‘Código Rodríguez’. Pero el flamante recetario de buenas prácticas empresariales se ha quedado una vez más en el intento, en un quiero y no puedo que suele ser habitual en un país donde el miedo guarda la viña y los zorros dirigen los rebaños de ovejas. En el baile de máscaras que mantiene vivo el juego de las apariencias dentro de las grandes sociedades cotizadas sólo existen recomendaciones ambiguas y laxas para que cada cual se las ventile como mejor le plazca sin mayores recatos. Si acaso un poco de por favor en materia de blindajes y alguna que otra restricción de cara a la galería para que el regulador no se sienta concernido cada vez que el regulado se pone el gobierno corporativo por montera.
La devaluación interna preconizada como la quintaesencia de la actual política económica sólo se ha canalizado aguas abajo, dejando que las fuerzas del mercado hagan de las suyas a la hora de justificar las enormes compensaciones de todo tipo que se reparten los prebostes de las sociedades cotizadas. Siempre ha habido clases dentro de un capitalismo salvaje que se resiste a ceder sus últimos reductos de poder. Por eso resulta un sarcasmo queCristóbal Montoro prohíba ahora viajar en primera a los altos cargos del sector público mientras los principales directivos de las sociedades cotizadas compiten en horas de vuelo a bordo de sus ostentosos y renovados jets privados. Aunque en parte sirva de consuelo, una pátina de frugalidad no puede esconder el empacho de abundancia con que algunos se siguen poniendo las botas en nombre y al servicio de la austeridad nacional. Es la triste experiencia de la crisis, con su demagogia, su corrupción y su falta de moral.
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