España se ha sumado a este grupo excusándose en que se trata de información privada que violaría la actual ley sobre los datos tributarios, explican fuentes de Hacienda a este periódico. Y la administración española está en buena compañía. Reino Unido, Rumanía, Países Bajos y, sobre todo, Luxemburgo, tampoco han facilitado ningún tipo de documentación a los eurodiputados del Comité.
Esta misma semana, un año después de que se hiciera pública esa información, la Comisión Europea ha concretado sus propias investigaciones. Starbucks y Fiat han sido las primeras en ser multadas por fiscalidad agresiva, ya que sus acuerdos para evitar pagar impuestos en los estados miembros se considerarán ayudas de Estado. En total, más de 50 millones que deberán ser devueltos a las arcas europeas.
El Parlamento Europeo, por su parte, ha creado el citado Comité Especial para investigar los Tax Rulings de los diferentes estados, pero este grupo de trabajo no está teniendo la vida fácil. Antes que los estados, ya 14 multinacionales rechazaron comparecer en las reuniones de la Comisión.
A esta dificultad y a la falta de cooperación de algunos estados, Pierre Moscovici, comisario de Economía, intentó fijar una solución que garantizara tanto transparencia como eficiencia de la investigación. Sin embargo, debido a una normativa de 2010, cualquier documento confidencial que tenga que ser examinado necesita la autorización del estado que lo ha clasificado como tal.
Y la solución no es cómoda. Varios diputados han confirmado a este diario "las condiciones precarias" que la Comisión ha impuestos al Comité de Investigación de los 'tax rulings' para poder trabajar. Los documentos clasificados como confidenciales han sido "puestos a disposición" de los europarlamentarios en una única sala de lectura en la que está prohibido hacer copias, fotos o recibir asistencia. Los documentos, 800 páginas, quedarán en esta ‘cámara oscura’ tan solo una semana. "En un plazo de una semana y con las condiciones que nos impone la Comisión, no podremos llevar a cabo una investigación adecuada del mayor escándalo fiscal de la historia de la UE", comenta Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV.
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