El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha arrebatado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cualquier aspiración de control sobre el Consorcio de la Zona Franca (CZFB), tal vez la inmobiliaria de carácter público más importante de Cataluña. Lo ha hecho por la vía de introducir los presupuestos de la entidad de 2016 en los Presupuestos del Estado.
Ha sido la primera vez que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona se incluye como entidad en los Presupuestos del Estado. Esto quiere decir que su presupuesto se remitió al Gobierno durante el mes de julio, ya que los mismos fueron presentados al Congreso el pasado 25 de agosto. No concurre ninguna circunstancia especial para justificar el cambio: no recibe fondos del Estado, es una empresa pública con beneficios tras haber sido fuertemente saneada vendiendo activos y sus créditos no han sido apoyados con aval especial o aval público alguno. Sí hay un cambio: que Ada Colau, en su calidad de alcaldesa de Barcelona, asumió la presidencia del pleno de este ente.
El CZFB acumula un activo de 483 millones y un patrimonio neto de 472 millones de euros. Es un ente mixto, gestionado por el Gobierno central pero basado en más de cinco millones de metros cuadrados de suelo propiedad del Ayuntamiento. Por eso la gestión siempre había sido consensuada entre una presidencia del alcalde de Barcelona de carácter honorario y una vicepresidencia ejecutiva a cargo de un delegado especial del Gobierno, que ahora ejerce Jordi Cornet.
Para darse cuenta de la importancia del CZFB, basta destacar que el pleno está plagado de altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy: entre otros, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor María Calvo-Sotelo; el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Farré; el presidente de Renfe, Pablo Vázquez, o el subsecretario de Economía, Miguel Temboury. Hay, por tanto, en el pleno hombres fuertes de los cuatro ministerios económicos: Hacienda, Industria, Economía y Fomento.
Pero ni en los momentos de mayor tensión independentista se había dejado al Ayuntamiento al margen de todo, cuando el convergente Xavier Trias fue presidente del CZFB en su calidad de alcalde de la capital catalana. Ahora, Colau ha asumido la presidencia de manera formal, tal y como consta en la web del consorcio. Pero el pleno no se ha reunido, según han confirmado diversos miembros del mismo. Y tampoco ha aprobado un presupuesto que debería estarse elaborando este mes.
Atado y bien atado
Al incluir el Presupuesto del CZFB en los Presupuestos de 2016, las cuentas para ese año quedan atadas y bien atadas. O dicho de otra manera: el poder municipal de Colau no podrá meter mano en esta empresa pública. Ahora ya se sabe que en el próximo año el ente público ganará 6,9 millones de euros, un 15% más que en el año anterior, y tendrá un volumen de facturación de 46,1 millones, un 5,7% más. Las deudas se reducirán de manera notable: pasarán a ser de 86,7 millones, lo que supondrá un caída del 13%.
Ada Colau y su formación política, BCN en Comú, no se han pronunciado ante esta situación, tal y como ocurre en los últimos meses en todo lo relativo a la gestión.
Momento anómalo
Todo lo que rodea al consorcio parece anómalo. Incluso el delegado especial del Gobierno, Jordi Cornet, ejerció como director de campaña de Xavier García Albiol, en la cual, por cierto, se cosechó un resultado desastroso para los populares catalanes: perdieron ocho escaños, tal vez por tener un director de campaña a tiempo parcial.
El CZFB salió de las pérdidas gracias a una política acelerada de ventas de sus mejores activos. Muchas veces, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento, como cuando el consistorio facilitó que la Torre Telefónica dejase de ser una concesión para que pudiese ser adquirida por 107 millones por la propia Telefónica. Ahora parece que se renuncia a todas esas complicidades, pero a cambio de eso Colau y sus partidarios quedan marginados de cualquier decisión de gestión.
Aunque el grueso de la actividad del CZFB es la promoción y gestión del suelo industrial, también cuenta con potencial para desarrollar vivienda pública, precisamente una de las prioridades políticas de Colau. Sin embargo, ahora Colau y su formación deberán esperar un año hasta poder retomar el protagonismo que tradicionalmente el Ayuntamiento siempre ha mantenido en el consorcio.
Por ejemplo, uno de los proyectos pendientes del consorcio es la construcción del nuevo barrio de la Marina del Prat Vermell, un proyecto de más de 1.000 pisos que iban a ser promocionados directamente por el CZFB, dentro en un plan más amplio de 10.000 viviendas. ¿Había un entorno mejor para que la alcaldesa pusiese negro sobre blanco sus ideas sobre viviendas sociales y alquileres asequibles? Ahora, como mínimo, Colau tendrá las manos atadas hasta 2017.
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