Los inspectores de Hacienda lo tienen claro. Las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) necesitan una puesta a punto urgente. Pero, en contra de lo que se cree, no lo piden pensando en que ofrecen una tributación demasiado ventajosa para los ricos, sino por las artimañas a las que recurren los altos patrimonios para reunir los requisitos que les permiten, precisamente, disfrutar del tratamiento fiscal que reciben estas sociedades por su consideración como instituciones de inversión colectiva.
La Ley del Impuesto de Sociedades y la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva establecen, de forma combinada, que mientras una sicav cuente con al menos 100 inversores podrá tributar sus ganancias al 1%. Es decir, nada de pagar el tipo vigente en el Impuesto sobre Sociedades -el 28% en 2015-, en tanto que sus accionistas también se ven favorecidos porque pueden diferir el pago de impuestos: no se las verán con Hacienda, para pagar ahora entre un 19,5% y un 23,5% por sus beneficios, hasta que no vendan las acciones de la sicav o cobren dividendos. Este aspecto es clave, porque desmiente que los accionistas solo paguen un 1%; lo que ocurre es que con la sicav se retrasa el pago de impuestos, pero al final se abona el tipo correspondiente por las ganancias generadas.
A juicio de los inspectores, la clave reside en lo que hacen muchas sicavs para llegar a esos 100 inversores. Las rellenan con inversores que en realidad ejercen como testaferros que son conocidos como 'mariachis', para cumplir con ese requisito y beneficiarse de ese tratamiento fiscal. Dado que la cifra mágica se fija en 100 accionistas, desde los inspectores se reconoce que las sicavs que cuentan con menos de 150 accionistas generan sospechas. Y no son precisamente pocas.
De las 3.308 sicavs que, según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), había en España al cierre del segundo trimestre, el 82% -2.719- contaban con menos de 150 accionistas. Es decir, las sospechas se proyectan a ocho de cada 10 sociedades. Es más, solo 24 tienen más de 500 accionistas, el número a partir del cual se disipan todas las dudas, y se da por hecho que, en efecto, esa sociedad es una auténtica institución de inversión colectiva.
En total, esas más de 3.300 sociedades suman 463.613 accionistas, lo que arroja una media de 140,1 inversores por sicav. En cuanto al patrimonio, se encuentra en máximos históricos. Alcanza los 34.400 millones de euros, que dan como media 74.193 euros por accionista.
Devolver el control de los inspectores
Las sicavs han vuelto ahora, justo a dos meses de las elecciones generales, a la arena política tras el debate protagonizado por los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, y de Ciudadanos, Albert Rivera, este domingo en 'Salvados'. Como suele ocurrir, los planteamientos se basaron fundamentalmente en ese 1%, pero los inspectores aconsejan ir más allá. "El problema son las [sicavs] fraudulentas con mariachis", afirmaba el inspector de Hacienda José Luis García Molina en su cuenta de Twitter el mismo domingo. "Es un error hablar solo del 1%, porque el foco del problema no está ahí", asegura otro inspector. "Donde está el problema es en que hay grandes inversores que revisten su patrimonio de inversión colectiva, para beneficiarse de esa tributación al 1%, cuando realmente es una inversión particular rodeada de testaferros", continúa.
Con la pretensión de centrar el foco y de luchar mejor contra el uso instrumental y fraudulento de las sicavs, los inspectores reivindican recuperar el control sobre estas sociedades, que desde hace una década se encuentra en manos de la CNMV. Ya en junio de 2014, la Organización Profesional de los Inspectores de Hacienda (OpIHE) elaboró un libro con 238 propuestas para mejorar el sistema fiscal y la lucha contra el fraude en España en el que dedicaba varias menciones y recomendaciones sobre las sicavs.
"El control fiscal del Estado lo ejerce la Agencia Tributaria con una significativa excepción, las sociedades de inversión de capital variable, cuyo control fiscal en la cuestión más significativa y clave corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores", recoge el documento. Sobre todo, los inspectores lamentan que esa transferencia a la CNMV enterró los esfuerzos que ya se venían haciendo para destapar los excesos que se estaban cometiendo con las sicavs. "En el plan de control de las sicavs realizado en los años 2004 y 2005, centenares de estas sociedades no cumplían los requisitos de 100 partícipes para ser instituciones de inversión colectiva. Es decir, muchas sociedades tributaban al 1% como colectivas, cuando eran, y son, puros instrumentos de gestión de personas o familias", denuncia. Lo que piden, por tanto, es recuperar unas competencias que les faculten para depurar cuántas de esas más de 2.700 sicavs con menos de 150 accionistas realmente están cometiendo un fraude al revestir de institución colectiva vehículos de inversión que no lo son.
Desde que se produjo esta transferencia de responsabilidades en julio de 2005,el patrimonio de las sicavs ha crecido un 37%. En el mismo periodo, y siempre con datos de la CNMV, el de los fondos de inversión ha aumentado un 14%, hasta los 222.000 millones de euros, una cifra que, además, todavía está lejos de los 277.000 millones a los que el patrimonio de los fondos llegó a escalar en 2007.
Más allá de las cifras, los inspectores lamentan varias de las consecuencias que se derivan de la situación actual. Una de ellas alude directamente al número de accionistas. Ahora, a una sicav que se sitúa por debajo de los 100 accionistas no se le obliga automáticamente a tributar como una sociedad más, sino que la Ley le concede un año para recomponer la situación. Si pasado ese tiempo no se alcanzan los 100 accionistas, la CNMV podrá retirar la licencia como sicav a esa sociedad. Desde los inspectores se entiende que es un proceso demasiado laxo. A finales de junio de este año, 82 sociedades contaban con menos de 100 accionistas.
Pero no es su única lamentación. Al mismo tiempo, critican que al permitir o, al menos, no perseguir con más ahínco, los fraudes que se cometen con las sicavs, se perjudica a los restantes contribuyentes y se genera una mayor sensación de injusticia social en favor de los más ricos.
Sobre estas premisas, formulaban dos propuestas. Una -la 84 de esas 238- afirmaba: "Se considera imprescindible la devolución completa del control fiscal de las instituciones de inversión colectiva, incluyendo el tipo impositivo y el número de partícipes a los órganos de control de la Agencia Tributaria (Inspección de Hacienda)". Ciudadanos, de la mano del inspector de Hacienda Francisco de la Torre, ha incorporado esta propuesta a su programa y se ha comprometido a "devolver el control fiscal de las sicav a la Inspección de Hacienda". En cuanto a la segunda propuesta -la 85-, el libro de la OpIHE establecía: "En consecuencia, se propone que las sicavs y los fondos de inversión con menos de 500 partícipes reales, o en donde haya participaciones significativas, tributen en régimen de transparencia fiscal, imputando rentas a los titulares de participaciones significativas".
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