Las entidades tendrán el 40% y los fondos, el 55%
El G7 y los bonistas planean ya la firma del rescate de Abengoa
- La firma del pacto se espera para la próxima semana.
Antonio Fornieles, presidente de Abengoa. ()
La salida de Felipe Benjumea de la toma de decisiones en Abengoa ha
allanado el acuerdo entre empresa, banca y bonistas. Estos últimos
inyectarán unos 1.000 millones, se quedarán con alrededor del 55% del
grupo, los actuales accionistas mantendrán en torno a un 5% y la banca,
alrededor del 40%. La firma del pacto se espera para la próxima semana.
Los implicados de primer nivel en las negociaciones para salvar Abengoa están prácticamente alineados. Inversión Corporativa, el vehículo a través del que la familia Benjumea controla junto con otras familias andaluzas el 51% de los derechos de voto y el 19% de las acciones del grupo de ingeniería, ha aceptado una dilución total de su participación desde el 51% actual de los derechos de voto hasta el entorno del 2,5%. Los 50.000 pequeños accionistas se quedarán con otro 2,5%.
Qué aportará cada grupo de acreedores también está perfilado. La liquidez necesaria para poner en marcha su plan industrial correrá a cargo, en su mayor parte, de los bonistas liderados por Houlihan Lokey y entre los que están las gestoras BlackRock, AIG, Invesco, D.E. Shaw, Varde, Centerbridge y Elliott. Están dispuestos a poner encima del tapete unos 1.000 millones de euros. Los avales necesarios para ejecutarlo fijados por KPMG, unos 800 millones de euros para este y el próximo año serán aportados por otros bancos acreedores, incluido el G7, y participarán, previsiblemente, entes públicos como Cesce y el ICO.
Las necesidades de efectivo de Abengoa para poner en marcha su plan
de negocio son de 826 millones de euros para este año, más 304 millones
el próximo. Los avales técnicos que necesita el grupo se cifran en unos
500 millones para este ejercicio, a los que habría que sumar unos 300 en
2017 y que podrían superar los 2.500 millones en 2020. Eso sí, si el
plan de negocio de la compañía se cumple, esas necesidades de efectivo
se irán recuperando. La hoja de ruta incluye la generación de liquidez
de unos 1.000 millones de euros entre 2017 y 2020, y que a partir de
este último año Abengoa sea capaz de generar unos 700 millones anuales
de flujo libre de caja. El reparto del capital de la nueva Abengoa que
surgirá tras la reestructuración financiera aún no está escrito en
piedra y dependerá de la liquidez final que aporte cada grupo de
acreedores y el interés que cobre por ella. A lo que se sumará la
metamorfosis de 6.000 millones de deuda corporativa en acciones, de los
9.400 millones que suma esta partida. Está previsto que el precio de
conversión sea superior al precio de cotización, lo que implicará que,
en caso de venta, los bancos o los bonistas asuman pérdidas de entre el
60% y el 70%.
El borrador inicial de los acreedores contempla que los fondos de inversión tenedores de deuda se queden con un 55%, los bancos con un 40%, y que el 5% restante quede en manos del actual socio mayoritario –los Benjumea y el resto de las familias que controlan Inversión Corporativa– y de los pequeños inversores. A falta de que se cierren los últimos flecos de la negociación, fuentes conocedoras consideran posible que el acuerdo entre los primeros espadas de las conversaciones se plasme la próxima semana en un documento.
El problema es que las entidades financieras que integran el G7 –Santander, CaixaBank, Popular, Sabadell, Bankia, HSBC y Crédit Agricole– representan menos de 25% del total de los 9.400 millones de la deuda corporativa, y los bonistas, alrededor del 16%. Suman poco más del 40% del pasivo financiero y se necesita un quórum de al menos del 75%, además del visto bueno de los tenedores de tres quintas partes del pasivo total. En este último punto entran en juego los cientos de proveedores de Abengoa, con unos 4.400 millones de euros de pasivo, y a los que se ha propuesto un aplazamiento de los pagos a tres años.
El tiempo está muy ajustado para llegar a un acuerdo con los porcentajes necesarios antes del 28 de marzo, fecha en la que vencen los cuatro meses de plazo del preconcurso de acreedores.
La buena noticia es que “la expiración del periodo de preconcurso no implica automáticamente el concurso, sino que la empresa ha de pedirlo o debe ser solicitado por uno de sus acreedores”, señala Nacho Aguado, socio de Procesal de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
Santander, Bankia, CaixaBank, Popular, Sabadell, HSBC y Crédit Agricole están de acuerdo en compartir parte del aval del 25,5% en la filial de Abengoa que cotiza en Wall Street. Hasta ahora, al menos una de las entidades del denominado G7 se había negado a liberar parte de los avales, una decisión que debía tomarse por unanimidad entre los siete. El porcentaje de Yield pignorado tiene un valor de mercado de unos 430 millones de euros, frente a los 231 millones que las entidades han prestado al grupo de ingeniería. Así, tienen un colchón de más del 86% respecto al importe del crédito, frente al 65% inicial. Esto es gracias exclusivamente a la revalorización de Atlántica en las últimas semanas, que ha remontado en Bolsa en torno a un 13%.
Los alrededor de 24.000 trabajadores de Abengoa han cobrado ya sus nóminas de febrero, y sin necesidad de liquidez: “Se han realizado ajustes internos y se han retrasado ciertos abonos a proveedores”. Pero la necesidad de efectivo es perentoria y para eso se utilizarán entre 100 y 105 millones que aportarán en un primer momento los bonistas y que se descontarán de la cantidad que den en total. En función de quién ponga los avales técnicos y de la liquidez que aporte cada uno, podría haber más retoques en el reparto de las garantías de Yield entre banca y bonistas, que cuentan con deuda cotizada por un nominal superior a los 1.500 millones.
Los implicados de primer nivel en las negociaciones para salvar Abengoa están prácticamente alineados. Inversión Corporativa, el vehículo a través del que la familia Benjumea controla junto con otras familias andaluzas el 51% de los derechos de voto y el 19% de las acciones del grupo de ingeniería, ha aceptado una dilución total de su participación desde el 51% actual de los derechos de voto hasta el entorno del 2,5%. Los 50.000 pequeños accionistas se quedarán con otro 2,5%.
Qué aportará cada grupo de acreedores también está perfilado. La liquidez necesaria para poner en marcha su plan industrial correrá a cargo, en su mayor parte, de los bonistas liderados por Houlihan Lokey y entre los que están las gestoras BlackRock, AIG, Invesco, D.E. Shaw, Varde, Centerbridge y Elliott. Están dispuestos a poner encima del tapete unos 1.000 millones de euros. Los avales necesarios para ejecutarlo fijados por KPMG, unos 800 millones de euros para este y el próximo año serán aportados por otros bancos acreedores, incluido el G7, y participarán, previsiblemente, entes públicos como Cesce y el ICO.
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El borrador inicial de los acreedores contempla que los fondos de inversión tenedores de deuda se queden con un 55%, los bancos con un 40%, y que el 5% restante quede en manos del actual socio mayoritario –los Benjumea y el resto de las familias que controlan Inversión Corporativa– y de los pequeños inversores. A falta de que se cierren los últimos flecos de la negociación, fuentes conocedoras consideran posible que el acuerdo entre los primeros espadas de las conversaciones se plasme la próxima semana en un documento.
El problema es que las entidades financieras que integran el G7 –Santander, CaixaBank, Popular, Sabadell, Bankia, HSBC y Crédit Agricole– representan menos de 25% del total de los 9.400 millones de la deuda corporativa, y los bonistas, alrededor del 16%. Suman poco más del 40% del pasivo financiero y se necesita un quórum de al menos del 75%, además del visto bueno de los tenedores de tres quintas partes del pasivo total. En este último punto entran en juego los cientos de proveedores de Abengoa, con unos 4.400 millones de euros de pasivo, y a los que se ha propuesto un aplazamiento de los pagos a tres años.
El tiempo está muy ajustado para llegar a un acuerdo con los porcentajes necesarios antes del 28 de marzo, fecha en la que vencen los cuatro meses de plazo del preconcurso de acreedores.
La buena noticia es que “la expiración del periodo de preconcurso no implica automáticamente el concurso, sino que la empresa ha de pedirlo o debe ser solicitado por uno de sus acreedores”, señala Nacho Aguado, socio de Procesal de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
La banca comparte las garantías de Yield
Las entidades financieras que forman el comité negociador con Abengoa han llegado a un acuerdo para ceder parte de las garantías que tienen en Atlántica Yield. El banco que hasta el momento se había resistido finalmente ha dado su luz verde, una vez comprobada la voluntad de Felipe Benjumea de retirarse a un segundo plano y aceptar la dilución.Santander, Bankia, CaixaBank, Popular, Sabadell, HSBC y Crédit Agricole están de acuerdo en compartir parte del aval del 25,5% en la filial de Abengoa que cotiza en Wall Street. Hasta ahora, al menos una de las entidades del denominado G7 se había negado a liberar parte de los avales, una decisión que debía tomarse por unanimidad entre los siete. El porcentaje de Yield pignorado tiene un valor de mercado de unos 430 millones de euros, frente a los 231 millones que las entidades han prestado al grupo de ingeniería. Así, tienen un colchón de más del 86% respecto al importe del crédito, frente al 65% inicial. Esto es gracias exclusivamente a la revalorización de Atlántica en las últimas semanas, que ha remontado en Bolsa en torno a un 13%.
Los alrededor de 24.000 trabajadores de Abengoa han cobrado ya sus nóminas de febrero, y sin necesidad de liquidez: “Se han realizado ajustes internos y se han retrasado ciertos abonos a proveedores”. Pero la necesidad de efectivo es perentoria y para eso se utilizarán entre 100 y 105 millones que aportarán en un primer momento los bonistas y que se descontarán de la cantidad que den en total. En función de quién ponga los avales técnicos y de la liquidez que aporte cada uno, podría haber más retoques en el reparto de las garantías de Yield entre banca y bonistas, que cuentan con deuda cotizada por un nominal superior a los 1.500 millones.
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