La fortuna irregular de Calatrava
Javier Alfonso
7:18 - 24/03/2011
Cuando hace tres meses el juez de Mallorca que instruye el caso Palma Arena imputó al arquitecto Santiago Calatrava por presuntamente haberse beneficiado de un contrato "ilícito" adjudicado a dedo por el presidente balear para diseñar un palacio de la ópera, muchos valencianos mostraron su sorpresa: "¡Pero si eso viene ocurriendo aquí desde hace 15 años!".
El palacio no se construyó y Calatrava cobró del Ejecutivo de Jaume Matas 1,2 millones de euros, una limosna al lado de los 100 millones que puede haber cobrado del Gobierno valenciano. La cifra exacta no se conoce porque la Generalitat se niega a revelarla, alegando "confidencialidad", a pesar de las reiteradas preguntas de la oposición.
Las irregularidades en los muchos contratos que le ha otorgado la Generalitat no se circunscriben a las adjudicaciones a dedo, que la Sindicatura de Comptes -el tribunal de cuentas autonómico- ha criticado por vulnerar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ya que para proyectos singulares existen los concursos de ideas. Los informes anuales del Síndic son demoledores cuando se refieren a los proyectos del arquitecto favorito de la Generalitat, aunque nunca han motivado una investigación judicial.
Señala, por ejemplo, que al arquitecto se le paga sin IVA por facturar desde una empresa domiciliada en Suiza, a pesar de que tiene despacho en Valencia. Al respecto, afirmaba en 2005 que "podrían existir dudas en cuanto a la adecuada aplicación de las reglas de localización del impuesto previstas en los artículos 69 y 70 de la Ley 37/1992, reguladora del IVA". No hay constancia de que la Agencia Tributaria haya intervenido.
No obstante, lo que más sorprende son las condiciones de los contratos, por lo menos de algunos de ellos, redactadas de tal forma que el arquitecto sale ganando con cada sobrecoste que le aprueban. Según los contratos conocidos -la Generalitat los oculta alegando también "confidencialidad"-, Calatrava percibe un 12 o un 12,5 por ciento de cada proyecto ejecutado, porcentaje que se calcula no sobre el presupuesto inicial, sino sobre el coste final. Como el propio Calatrava es el director de obra, cada sobrecoste que él mismo introduce le beneficia indirectamente.
Cláusula perversa
Un ejemplo de esta mecánica perversa fue el edificio del Ágora, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Fijados los honorarios del 12 por ciento (7,5 por el anteproyecto y el proyecto y 4,5 por la dirección de obra), el Síndic alertaba: "Respecto a la cuantificación de los referidos honorarios, no hemos observado en el expediente documentación acreditativa de su determinación o de su adecuación al mercado, ni documentación soporte de las negociaciones previas que podría haber habido al respecto.
Adicionalmente, el importe de estos honorarios podrá incrementarse por las modificaciones propuestas por el propio director de obra, circunstancia ésta que entendemos debería haber sido tenida en cuenta". No se tuvo en cuenta, y el sobrecoste de la obra es ya del 86,2 por ciento -no está terminada-, lo que supone para Calatrava un ingreso extra de 4,28 millones.
Quien podría poner coto al genio es la Generalitat, que debe supervisar cada modificación. Sin embargo, según denuncia el Síndic, muchas adendas se aprueban "una vez se han ejecutado obras", lo cual es ilegal. Así ocurrió, por ejemplo, con una de 45 millones en el Ágora y con el primer modificado del puente de Serrería, de 11,2 millones, el 50 por ciento del presupuesto.
A este respecto, el vicepresidente económico de la Generalitat, Gerardo Camps, que en privado no se muestra muy feliz con los dispendios del arquitecto, respondía así en las Corts en 2005 a las críticas de la oposición: "Cada modificación y cada obra accesoria tienen que venir determinadas por la dirección técnica de las obras. Y sí que es verdad, el gobierno de la Generalitat podía no haberlas aceptado, pero entendíamos que cuando la dirección técnica lo pedía, estaba suficientemente fundamentado para mejorar el proyecto".
Denuncia de Esquerra Unida
La ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia es el gran proyecto de Calatrava en la Comunitat -1.282 millones se llevaban invertidos hasta 2009, la gran mayoría en edificios diseñados por él-, pero no el único.
La complacencia del Ejecutivo de Camps va a llegar pronto a los tribunales. Animado por lo ocurrido en el caso Palma Arena, Esquerra Unida va a presentar mañana una denuncia ante la Fiscalía del TSJ por un proyecto que no pertenece al complejo de Valencia, casi concluido, sino a Castellón. Se trata de un proyecto, encargado por la empresa pública SPTCV también a dedo, para la construcción del Centro de Convenciones de Castellón, con un presupuesto estimado de 60 millones.
A Calatrava se le aseguraba un 4,5 por ciento por el anteproyecto -2,7 millones-, un 4 por el proyecto y otro 4 por la dirección de obras. Sin embargo, el arquitecto presentó un anteproyecto mucho más voluminoso del acordado y con un presupuesto de 100 millones. La empresa pública lo rechazó y Calatrava exigió cobrar los 2,7 millones íntegros.
El enfrentamiento entre ambas partes duró varios meses, hasta que el arquitecto advirtió a Francisco Camps de que iría a los tribunales. Poco después, los dos responsables de SPTCV fueron destituidos y en diciembre de 2009 Calatrava cobró los 1,35 millones que le faltaban del anteproyecto. Eso sí, SPTCV le avisó de que pagaba como "gesto de buena voluntad" y que no daba por cumplido el contrato.
El hecho de que se pague a una empresa sin que haya cumplido el contrato cuando miles de pymes valencianas acumulan retrasos de meses y años en los pagos de la Generalitat es motivo suficiente para la denuncia, según Esquerra Unida. El despacho de Calatrava se ha defendido argumentando que el aumento de volumen del proyecto fue solicitado por el Ayuntamiento de Castellón, aunque no era éste el promotor de la obra, sino SPTCV. Igual que en Palma Arena, el edificio no se ha construido.
La de Castellón no es la única obra proyectada y no ejecutada de Calatrava en la Comunidad Valenciana. Con la Ciudad de las Ciencias prácticamente acabada -encargada por Lerma y reformada por Zaplana-, Francisco Camps decidió poner su impronta y encargó a su paisano dos elementos nuevos, el Ágora -aún no se sabe qué hacer con ella, además de un torneo de tenis y un desfile- y un complejo residencial singular compuesto por "tres torres y un edificio en disposición horizontal". El presupuesto estimado de las torres era de 335 millones y los honorarios de Calatrava, sólo del anteproyecto, 15,07 millones. La maqueta la presentó Camps en 2005 a lo grande y Calatrava cobró al menos 2,59 millones.
La foto salió tan cara que le valió a Camps otra reprimenda del Síndic, que además de las habituales críticas al pago sin IVA y la ausencia de concurso público, mostraba sus dudas sobre la necesidad de este costoso encargo, teniendo en cuenta "las dificultades existentes para la ejecución del proyecto, desde el punto de vista urbanístico, de servidumbres aéreas y de disponibilidad de suelo".
La Generalitat no pudo acometer el proyecto y además dejó una cláusula que obligaba a un tercero, si se vendían los terrenos a promotores privados, a ejecutar el proyecto con Calatrava como director de obra y a pagarle su caché. Si se hubiera hecho, habría percibido un total de 42 millones. Antes de sobrecostes, claro.
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