Estaba y está....tocada.
Caja Mediterráneo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que solicitará apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras el rechazo de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria de no continuar en Banco Base.
"CAM se propone solicitar apoyo financiero del FROB", anunció la entidad en un comunicado remitido a la CNMV.
Para ello, según señaló la caja alicantina, analiza con el Banco de España la correspondiente estrategia y calendario de cumplimiento de los requisitos de capital establecidos en el Real Decreto-ley para el reforzamiento del sistema financiero, que someterá a su consejo de administración a la mayor brevedad posible.
Las opciones de asociación
El presidente de CAM, Modesto Crespo, ha convocado al consejo de administración en el que analizarán las nuevas posibilidades de asociación con otras entidades o de captación de recursos y cumplir así con los requisitos del Banco de España y del Gobierno. Aunque no hay fecha, fuentes cercanas a la entidad han apuntado que el consejo podría celebrarse este mismo viernes.
Asimismo, la entidad ha comenzado a asesorarse sobre las consecuencias jurídicas del rechazo de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria de no continuar en Banco Base y ha avanzado que efectuará "todas las reclamaciones que procedan", según ha informado la CAM en un comunicado
La fusión de Banco Base se rompe después de que su consejo de administración ratificara esta semana lo acordado por unanimidad el pasado 23 de marzo de solicitar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 2.784 millones de euros, lo que supone casi duplicar las necesidades de capital de 1.447 millones identificadas por el Banco de España.
Además, Banco Base estaba pendiente de una ayuda del FROB en forma de préstamo por 1.493 millones que quedó sin efecto al romperse la fusión.
Proceso de "nacionalización"
Antes de CAM ya habían solicitado la nacionalización parcial cuatro grupos de cajas de ahorros, que optaron por esta vía para completar de forma parcial o total las nuevas necesidades de capital que ha impuesto el Gobierno español para despejar las dudas en los mercados sobre su sistema financiero.
En caso de optar por la recapitalización pública, las entidades tienen que aceptar la bancarización y la entrada en el accionariado del Estado a través del FROB, en un proceso de nacionalización parcial y temporal (hasta un máximo de cinco años).
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