España: alumno aventajado del capitalismo latino
Bruno Estrada es Director de Estudios de la Fundación 1º de mayo y miembro de Economistas Frente a la Crisis.
En una olvidada carretera del sur de Italia el protagonista, un ayudante de un capo mafioso, abandona el coche de su jefe asqueado de su trabajo. Su labor consiste en engañar a los campesinos pobres de la Campania, les alquila sus tierras para enterrar ilegalmente residuos tóxicos de empresas del norte y centro de Italia que envenenan sus cultivos. El capo mafioso, indignado ante la súbita toma de conciencia ética de su subalterno, hace una esclarecedora, y a la vez estremecedora, defensa de su función económica: ellos son los que garantizar la competitividad de gran parte de la actividad empresarial italiana al ofrecer soluciones baratas, porque no cumplen la legislación, al problema de la generación de residuos tóxicos. Esta contundente secuencia pertenece a la película Gomorra de Matteo Garrone, basada en el libro del mismo título de Roberto Saviano. El autor del libro calcula que si se apilaran todos los residuos tóxicos enterrados ilegalmente por la Camorra se crearía una montaña con una base de tres hectáreas y una altitud de casi el doble del Everest.
Esta imagen es una metáfora de la principal característica del capitalismo latino: la existencia de un elevado número de regulaciones de la actividad económica pero que luego son incumplidas sistemáticamente, sin que haya un castigo penal sobre la mayor parte de los infractores. El capitalismo latino, una letal combinación entre una profusa regulación de la actividad económica y un escaso requerimiento de su cumplimiento, vendría a estar situado en una posición intermedia y pantanosa entre el capitalismo regulado renano y el capitalismo desregulado anglosajón.
En modelo de crecimiento español experimentado desde los años noventa hasta el estallido de la crisis entronca plenamente con los dos rasgos definitorios de este capitalismo latino: 1) una parte sustancial de la generación de riqueza de un país depende de decisiones administrativas discrecionales, es decir, las reglas del juego no son iguales para todos y, particularizando en el ámbito fiscal, 2) se usa la política tributaria como elemento de competitividad. Como destaca el economista Manuel Lago[1] la principal causa de caída de la recaudación del Impuesto de Sociedades en España tras el estallido de la crisis, incluso por encima de la reducción de beneficios, ha sido la exuberante ingeniería fiscal desarrollada por las grandes empresas. Hay que recordar que la perdida de recaudación de esta figura tributaria es la principal causa de la disminución de los ingresos fiscales entre 2007 y 2011. En 2011 el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de los grupos empresariales, el porcentaje de beneficios que realmente pagaban las grandes empresas, fue tan solo del 5%, mientras que su tipo nominal está en un quimérico 30%. Gran parte de las contrarreformas fiscales realizadas por el gobierno de Aznar estuvieron inspiradas por un secretario de Estado de Hacienda, que previamente parece que había participado en la redacción de un manual sobre evasión fiscal, así como en el asesoramiento tributario a importantes grupos empresariales y financieros de nuestro país para pagar lo menos posible, y que ahora está imputado en relación con el caso Bankia, de cuyo Consejo de Administración formó parte tras dejar las responsabilidades públicas.
Es evidente que ambos elementos, evasión fiscal y la discrecionalidad de la administración a favor de determinados grupos económicos, son comunes en gran cantidad de países capitalistas desarrollados, pero lo que hace que adquieran la condición de calificativo de los países del sur de Europa es la magnitud que han adquirido en ellos. La facilidad de lograr un enriquecimiento rápido para una casta con conexiones privilegiadas con un poder político no sujeto plenamente al imperio de la ley, el “capitalismo de amiguetes”, está en el núcleo de la elevada corrupción que atraviesa la política española, el segundo problema nacional tras el paro, según una reciente encuesta del CIS.
En las últimas dos décadas la constatación de que la política podía ser una “profesión” de alta rentabilidad a corto plazo fue un claro incentivo para que muchos individuos con escasa ética optaran por entrar en ella. Estos individuos eran plenamente conscientes de que los beneficios de muchas empresas privadas dependían de sus decisiones, insuficientemente sujetas al control interno de la propia administración, tanto en el ámbito local, como en el autonómico e incluso en la Administración Central. Tal vez el ejemplo que mejor ilustra esta versión castiza del “capitalismo latino” sea el hecho de que quien llegó a representar al conjunto de los empresarios de este país, a ser presidente de la CEOE, fue un individuo que forjó su fortuna a partir de las concesiones administrativas y de su cercanía con importantes dirigentes del PP, y que ahora está incurso en varias causas penales por presuntos delitos de alzamiento de bienes, evasión fiscal, estafa y apropiación indebida. Sin embargo merece la pena detenerse, para poder proponer soluciones a esta lacra que lastra nuestro desarrollo, en las especificidades nacionales de este “capitalismo latino”:
1.- Su extensión por gran parte del territorio nacional como una plaga fue posible por el poco control administrativo existente sobre las decisiones de recalificación del suelo por parte de los ayuntamientos, tras la Ley del Suelo de 1996 que fue el origen del “boom” del ladrillo. No parece que sea fruto de la casualidad que de los diez empresarios que están siendo investigados por la presunta financiación ilegal del Partido Popular ocho sean directivos de empresas constructoras.
2.- Detrás de la crisis financiera está la ineficaz supervisión del Banco de España y la CNMV, cuando no la presunta connivencia que actualmente están dirimiendo los tribunales, sobre la capacidad de crear “dinero basura” por parte de bancos y cajas de ahorro (créditos concedidos sobre activos sobrevalorados o a clientes de solvencia más que cuestionable) y empresas (emisiones de acciones, u otros títulos similares, en base a una deficiente valoración de las empresas, a una incorrecta contabilidad). Ha habido un escaso control de los riesgos inmobiliarios que asumían las entidades financieras, que los propios inspectores del Banco de España denunciaron en 2006, y una falta de supervisión de determinados productos financieros ofrecidos a los ahorradores, las famosas preferentes, sobre cuyos riesgos ya habían advertido en 2011 altos responsables de la CNMV.
3.- Por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta la gran concentración de “puertas giratorias” entre la política y unas pocas grandes empresas pertenecientes a sectores de actividad muy dependientes de decisiones del la administración, bien por ser oligopolios creados por regulaciones gubernamentales, o por su vinculación con las inversiones públicas, como son el financiero, el energético, el de las telecomunicaciones y la construcción En algunos casos el origen de estas “puertas giratorias” hay que buscarlo en los procesos de privatización de empresas y bancos públicos,. Las empresas del Ibex-35 que pertenecen a los sectores mencionados representan más del 75% del valor de todas las empresas del Ibex-35[2]:
- Los seis bancos del Ibex-35 (Santander, BBVA, Popular, Sabadell y CaixaBank y Bankinter) suponen un 36,4% del total de empresas del mencionado índice bursátil.
- Las siete empresas del sector energético (Iberdrola, Repsol, Abengoa, Gas Natural, Red Eléctrica, Endesa y Enagas) representan un 19%.
- Telefónica, la principal empresa de sector de las telecomunicaciones, representa el 14,4% del valor total en Bolsa del Ibex-35.
- Las siete grandes del sector de la construcción e infraestructuras de transporte (ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, OHL, Sacyr Vallehermoso y Abertis) suponen el 7,5%.
Resulta impresionante el elevado número de consejeros de estas empresas, algunos con nula o escasa experiencia empresarial, pero indudablemente con una abultada agenda de contactos ya que ejercieron importantes responsabilidades en la administración. En ese listado están ex-presidentes de gobierno, un Infante del Reino de España, ex-ministros, ex-secretarios de estado, ex-directivos de empresas públicas de gobiernos del tardofranquismo, del PP, del PSOE de CiU y del PNV. En suma, responsables públicos que en muchos casos han estado vinculados durante su paso por el gobierno con los sectores de actividad de los que forman parte las empresas en las que ahora ellos se sientan en sus Consejos de Administración.
La existencia de enormes y muy transitadas “puertas giratorias” entre las principales empresas españolas y el gobierno; la incapacidad de supervisión de los organismos designados para ello, por su sometimiento al poder político; el excesivo poder dado a los alcaldes, sin suficiente control administrativo en los ayuntamientos, para trocar terrenos baldíos en suelo urbanizable a precio de oro; y la permisividad en el fraude fiscal, utilizado incluso como instrumento de fomento de la competitividad empresarial, han sido las principales causas de que la corrupción esté ampliamente extendida geográficamente, que se haya hecho presente en todos los ámbitos de las administraciones públicas, y que se haya enquistado en los principales partidos con capacidad de gobierno. Pero no hay que olvidar que el “capitalismo latino”, hasta el estallido de la crisis financiera, era funcional para los capitales del centro y norte de Europa, ya que ofrecía para sus inversiones un espacio de alta rentabilidad en un marco de elevada seguridad jurídica, derivado de la pertenecía de esos países a la UE.
Resolver estos problemas, incluidos los derivados del diseño deficiente de un área monetaria común, es básico para que España pueda salir de la crisis como una sociedad moderna, esto es aquella que es capaz de movilizar ciudadanos y recursos para afrontar un reto y de volver a desplegarlos de manera continua a medida que surjan nuevas necesidades o presiones[3]. No se va a salir de la crisis remando todos en la misma dirección si quienes intentan dirigir el barco están impregnados de la nauseabunda hediondez que emana de la corrupción, de una acción metódica y persistente para favorecer la evasión fiscal y del incumplimiento sistemático de la legislación laboral, medioambiental y de protección de los consumidores.
[1] “El impuesto de Sociedades, principal responsable de la crisis fiscal española”. Nº 52 de Estudios de la Fundación 1º de mayo.
[2] A 31 de febrero de 2013 www.blog-wallstreet.com.
[3] “El sueño del imperio”. Auge y caída de las potencias globales 1400-2000. John Darwin.
Bruno Estrada es Director de Estudios de la Fundación 1º de mayo y miembro de Economistas Frente a la Crisis.
En una olvidada carretera del sur de Italia el protagonista, un ayudante de un capo mafioso, abandona el coche de su jefe asqueado de su trabajo. Su labor consiste en engañar a los campesinos pobres de la Campania, les alquila sus tierras para enterrar ilegalmente residuos tóxicos de empresas del norte y centro de Italia que envenenan sus cultivos. El capo mafioso, indignado ante la súbita toma de conciencia ética de su subalterno, hace una esclarecedora, y a la vez estremecedora, defensa de su función económica: ellos son los que garantizar la competitividad de gran parte de la actividad empresarial italiana al ofrecer soluciones baratas, porque no cumplen la legislación, al problema de la generación de residuos tóxicos. Esta contundente secuencia pertenece a la película Gomorra de Matteo Garrone, basada en el libro del mismo título de Roberto Saviano. El autor del libro calcula que si se apilaran todos los residuos tóxicos enterrados ilegalmente por la Camorra se crearía una montaña con una base de tres hectáreas y una altitud de casi el doble del Everest.
Esta imagen es una metáfora de la principal característica del capitalismo latino: la existencia de un elevado número de regulaciones de la actividad económica pero que luego son incumplidas sistemáticamente, sin que haya un castigo penal sobre la mayor parte de los infractores. El capitalismo latino, una letal combinación entre una profusa regulación de la actividad económica y un escaso requerimiento de su cumplimiento, vendría a estar situado en una posición intermedia y pantanosa entre el capitalismo regulado renano y el capitalismo desregulado anglosajón.
En modelo de crecimiento español experimentado desde los años noventa hasta el estallido de la crisis entronca plenamente con los dos rasgos definitorios de este capitalismo latino: 1) una parte sustancial de la generación de riqueza de un país depende de decisiones administrativas discrecionales, es decir, las reglas del juego no son iguales para todos y, particularizando en el ámbito fiscal, 2) se usa la política tributaria como elemento de competitividad. Como destaca el economista Manuel Lago[1] la principal causa de caída de la recaudación del Impuesto de Sociedades en España tras el estallido de la crisis, incluso por encima de la reducción de beneficios, ha sido la exuberante ingeniería fiscal desarrollada por las grandes empresas. Hay que recordar que la perdida de recaudación de esta figura tributaria es la principal causa de la disminución de los ingresos fiscales entre 2007 y 2011. En 2011 el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de los grupos empresariales, el porcentaje de beneficios que realmente pagaban las grandes empresas, fue tan solo del 5%, mientras que su tipo nominal está en un quimérico 30%. Gran parte de las contrarreformas fiscales realizadas por el gobierno de Aznar estuvieron inspiradas por un secretario de Estado de Hacienda, que previamente parece que había participado en la redacción de un manual sobre evasión fiscal, así como en el asesoramiento tributario a importantes grupos empresariales y financieros de nuestro país para pagar lo menos posible, y que ahora está imputado en relación con el caso Bankia, de cuyo Consejo de Administración formó parte tras dejar las responsabilidades públicas.
Es evidente que ambos elementos, evasión fiscal y la discrecionalidad de la administración a favor de determinados grupos económicos, son comunes en gran cantidad de países capitalistas desarrollados, pero lo que hace que adquieran la condición de calificativo de los países del sur de Europa es la magnitud que han adquirido en ellos. La facilidad de lograr un enriquecimiento rápido para una casta con conexiones privilegiadas con un poder político no sujeto plenamente al imperio de la ley, el “capitalismo de amiguetes”, está en el núcleo de la elevada corrupción que atraviesa la política española, el segundo problema nacional tras el paro, según una reciente encuesta del CIS.
En las últimas dos décadas la constatación de que la política podía ser una “profesión” de alta rentabilidad a corto plazo fue un claro incentivo para que muchos individuos con escasa ética optaran por entrar en ella. Estos individuos eran plenamente conscientes de que los beneficios de muchas empresas privadas dependían de sus decisiones, insuficientemente sujetas al control interno de la propia administración, tanto en el ámbito local, como en el autonómico e incluso en la Administración Central. Tal vez el ejemplo que mejor ilustra esta versión castiza del “capitalismo latino” sea el hecho de que quien llegó a representar al conjunto de los empresarios de este país, a ser presidente de la CEOE, fue un individuo que forjó su fortuna a partir de las concesiones administrativas y de su cercanía con importantes dirigentes del PP, y que ahora está incurso en varias causas penales por presuntos delitos de alzamiento de bienes, evasión fiscal, estafa y apropiación indebida. Sin embargo merece la pena detenerse, para poder proponer soluciones a esta lacra que lastra nuestro desarrollo, en las especificidades nacionales de este “capitalismo latino”:
1.- Su extensión por gran parte del territorio nacional como una plaga fue posible por el poco control administrativo existente sobre las decisiones de recalificación del suelo por parte de los ayuntamientos, tras la Ley del Suelo de 1996 que fue el origen del “boom” del ladrillo. No parece que sea fruto de la casualidad que de los diez empresarios que están siendo investigados por la presunta financiación ilegal del Partido Popular ocho sean directivos de empresas constructoras.
2.- Detrás de la crisis financiera está la ineficaz supervisión del Banco de España y la CNMV, cuando no la presunta connivencia que actualmente están dirimiendo los tribunales, sobre la capacidad de crear “dinero basura” por parte de bancos y cajas de ahorro (créditos concedidos sobre activos sobrevalorados o a clientes de solvencia más que cuestionable) y empresas (emisiones de acciones, u otros títulos similares, en base a una deficiente valoración de las empresas, a una incorrecta contabilidad). Ha habido un escaso control de los riesgos inmobiliarios que asumían las entidades financieras, que los propios inspectores del Banco de España denunciaron en 2006, y una falta de supervisión de determinados productos financieros ofrecidos a los ahorradores, las famosas preferentes, sobre cuyos riesgos ya habían advertido en 2011 altos responsables de la CNMV.
3.- Por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta la gran concentración de “puertas giratorias” entre la política y unas pocas grandes empresas pertenecientes a sectores de actividad muy dependientes de decisiones del la administración, bien por ser oligopolios creados por regulaciones gubernamentales, o por su vinculación con las inversiones públicas, como son el financiero, el energético, el de las telecomunicaciones y la construcción En algunos casos el origen de estas “puertas giratorias” hay que buscarlo en los procesos de privatización de empresas y bancos públicos,. Las empresas del Ibex-35 que pertenecen a los sectores mencionados representan más del 75% del valor de todas las empresas del Ibex-35[2]:
- Los seis bancos del Ibex-35 (Santander, BBVA, Popular, Sabadell y CaixaBank y Bankinter) suponen un 36,4% del total de empresas del mencionado índice bursátil.
- Las siete empresas del sector energético (Iberdrola, Repsol, Abengoa, Gas Natural, Red Eléctrica, Endesa y Enagas) representan un 19%.
- Telefónica, la principal empresa de sector de las telecomunicaciones, representa el 14,4% del valor total en Bolsa del Ibex-35.
- Las siete grandes del sector de la construcción e infraestructuras de transporte (ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, OHL, Sacyr Vallehermoso y Abertis) suponen el 7,5%.
Resulta impresionante el elevado número de consejeros de estas empresas, algunos con nula o escasa experiencia empresarial, pero indudablemente con una abultada agenda de contactos ya que ejercieron importantes responsabilidades en la administración. En ese listado están ex-presidentes de gobierno, un Infante del Reino de España, ex-ministros, ex-secretarios de estado, ex-directivos de empresas públicas de gobiernos del tardofranquismo, del PP, del PSOE de CiU y del PNV. En suma, responsables públicos que en muchos casos han estado vinculados durante su paso por el gobierno con los sectores de actividad de los que forman parte las empresas en las que ahora ellos se sientan en sus Consejos de Administración.
La existencia de enormes y muy transitadas “puertas giratorias” entre las principales empresas españolas y el gobierno; la incapacidad de supervisión de los organismos designados para ello, por su sometimiento al poder político; el excesivo poder dado a los alcaldes, sin suficiente control administrativo en los ayuntamientos, para trocar terrenos baldíos en suelo urbanizable a precio de oro; y la permisividad en el fraude fiscal, utilizado incluso como instrumento de fomento de la competitividad empresarial, han sido las principales causas de que la corrupción esté ampliamente extendida geográficamente, que se haya hecho presente en todos los ámbitos de las administraciones públicas, y que se haya enquistado en los principales partidos con capacidad de gobierno. Pero no hay que olvidar que el “capitalismo latino”, hasta el estallido de la crisis financiera, era funcional para los capitales del centro y norte de Europa, ya que ofrecía para sus inversiones un espacio de alta rentabilidad en un marco de elevada seguridad jurídica, derivado de la pertenecía de esos países a la UE.
Resolver estos problemas, incluidos los derivados del diseño deficiente de un área monetaria común, es básico para que España pueda salir de la crisis como una sociedad moderna, esto es aquella que es capaz de movilizar ciudadanos y recursos para afrontar un reto y de volver a desplegarlos de manera continua a medida que surjan nuevas necesidades o presiones[3]. No se va a salir de la crisis remando todos en la misma dirección si quienes intentan dirigir el barco están impregnados de la nauseabunda hediondez que emana de la corrupción, de una acción metódica y persistente para favorecer la evasión fiscal y del incumplimiento sistemático de la legislación laboral, medioambiental y de protección de los consumidores.
[1] “El impuesto de Sociedades, principal responsable de la crisis fiscal española”. Nº 52 de Estudios de la Fundación 1º de mayo.
[2] A 31 de febrero de 2013 www.blog-wallstreet.com.
[3] “El sueño del imperio”. Auge y caída de las potencias globales 1400-2000. John Darwin.
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