Santos Ruesga: Reducir las cotizaciones haría caer las pensiones automáticamente
José Luis Galende
Santos Manuel Ruesga, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, fue el experto que votó en contra del factor de sostenibilidad. Rechaza su aplicación en 2014 porque ya hay en marcha otro ajuste del sistema.
Fue el único entre doce que dijo 'no' a la propuesta sobre el 'factor de sostenibilidad' de las pensiones que un comité de expertos elaboró por encargo del Gobierno. El profesor Santos Manuel Ruesga argumenta que aplicarlo desde el año que viene, cuando estaba previsto para 2032, no está justificado por motivos coyunturales. Además, critica, diseñar un segundo factor, el de 'revalorización anual', no estaba previsto en el momento de crear el comité. Próximo a la ideología socialista, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid alerta de que con la propuesta de los expertos cualquier rebaja de cotizaciones repercutiría de manera automática en una reducción de la pensión.
-¿Puede resumir los motivos por los que votó en contra de la propuesta del comité?
-Hay varios elementos. Esto en principio iba a ser un análisis del factor de sostenibilidad, de largo plazo, y se ha mezclado con un ajuste acorto plazo, de coyuntura. Para esto último se ha introducido el factor de revalorización anual, que busca una reducción del gasto en pensiones y del déficit público, compromisos del Gobierno. Los problemas del corto plazo están en buena medida cubiertos con el Fondo de Reserva; no debieron introducir estas prisas. Se debían haber contemplado otros escenarios. Juntar la coyuntura con el largo plazo es mal negocio.
-¿Entonces, qué objetivos debieron abordarse?
-Yo creía que íbamos a desarrollar la reforma de 2011, que se ha empezado a aplicar este año. Así lo propuso el Gobierno al convocar al comité de expertos; es decir, se trataba de desarrollar el factor de sostenibilidad desde la perspectiva de la esperanza de vida. Pero me encontré sobre la mesa el factor de revalorización anual, ligado a elementos demográficos y económicos. Se introdujo este elemento, que no estaba en la Ley de 2011, por la Secretaría de Estado a los dos días de constituida la comisión, lo que ha predeterminado el proceso. A partir de ahí, apareció una propuesta básicamente igual a la que ha salido.
-¿Cuáles son sus planteamientos alternativos?
-En cuanto a la sostenibilidad ligada a la esperanza de vida, la construcción realizada me parece bien. Pero defiendo no introducirla desde 2014, porque doblaría la carga del ajuste respecto a la pensión media, dado que ya se está aplicando el de la reforma de 2011. Habría que posponerlo hasta 2030/32, como dice la Ley. Y tampoco comparto que ese factor se aplique directamente a la prestación, a la base reguladora, cuando hubiera sido mejor dejar abiertas otras posibilidades, como a la edad de entrada en la pensión, al periodo de cómputo o a la carrera de cotización, y que quien tenga que tomar la decisión opte por uno de ellos. El mayor problema seguía siendo el traerlo al año 2014.
-¿Y con respecto al factor de revalorización anual?
-Mi hipótesis era que con la aplicación del primer factor y una serie de medidas que aparecen en la Ley se podrían conseguir ahorros adicionales. Con la reforma de 2011 se consigue rebajar en tres puntos de PIB el gasto en pensiones a la altura de 2050, que pasaría del 17%, en el caso de que no se adoptara ninguna medida, a un 14%. Además, la aplicación del parámetro tal como está diseñado en la Ley añadiría medio punto más, y estaríamos en un 13,5% del PIB, que está en el entorno de la media de la UE-27, y un poco por debajo de las estimaciones para la eurozona. Ahora bien, el problema es de sostenibilidad y con las proyecciones utilizadas tendríamos un déficit estructural 2/2,5 puntos de PIB.
Pensiones más bajas
-¿Y cómo puede salvarse ese escollo, que es fundamental para la sostenibilidad del sistema?
-La opción que toma la mayoría del comité es crear el factor de revalorización anual, que supone reducir a largo plazo el gasto en pensiones y la prestación media, porque reduce la tasa de sustitución (relación entre pensión y salario). Podríamos llegar a hacer el sistema sostenible cargándolo todo sobre el valor de la pensión. Así llegaríamos al horizonte de 2050 con unas pensiones bastante más bajas de las que tenemos actualmente. Y ahí yo discrepo. Ya estamos reduciendo con la reforma en vigor 3,5 puntos de PIB en el gasto de ese año y creo que el resto tiene que ir con cargo a la solidaridad de los activos: ingresos que se transfieran desde otros ámbitos, subida de topes de cotización, o lo que sea. El comité optó por un mecanismo automático que hará difícil tomar en el futuro las medidas de solidaridad que propongo.
-¿En esa suficiencia de ingresos se tuvo en cuenta la promesa del Gobierno de bajar las cuotas empresariales a la Seguridad Social?
-No. Si se toma una medida de ese tipo, con el factor de sostenibilidad diseñado, el efecto automático en corto periodo de tiempo sería bajar más las pensiones. Si reduces los ingresos del sistema, como el ajuste recae en la pensión media, ésta baja.
-¿Con la caída de la ocupación que sufrimos, qué papel ha jugado la previsión de empleo en el estudio?
-A largo plazo se puede hacer una estimación razonable. El empleo no va a seguir estando así toda la vida. Si sigue así cinco años más, mejor cerramos el país y nos vamos; no habría ni pensiones ni nada.
-¿El factor de sostenibilidad aumenta o reduce la contributividad del sistema?
-No lo hemos estudiado, pero este problema tiene mucho que ver con la división en regímenes del sistema actual. En la medida en que el factor de esperanza de vida reduzca las pensiones, puede elevar la contributividad en la zona baja, pero no está claro. Aumentaría mucho más si se aplicaran al régimen de autónomos los criterios del régimen general, cosa que ahora no ocurre. No obstante, no estoy de acuerdo en llevar la límite el factor de contributividad, porque se llegaría a un cálculo actuarial que reduciría la solidaridad del sistema.
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