El pasado siempre vuelve. Diez años después, una causa que parecía enterrada toma cuerpo de forma indirecta. El juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha dado con un hilo que lleva a una madeja superior en la que el Banco Santander aparece como protagonista de tres operaciones inmobiliarias por importe de 96 millones de euros con Leopoldo Arnáiz, el arquitecto contratado por Boadilla del Monte para desarrollar el PGOU que reclasificó los terrenos adquiridos por el banco para su complejo financiero. Una transacción vinculada a esas operaciones entre empresas pantalla y administradas por testaferros ha terminado con el arquitecto imputado por blanqueo de capitales tras ser delatado por un apoderado.
“Se trata de constituir una sociedad que se va a dedicar a comprar unos terrenos en Boadilla del Monte que son del Banco Santander y tú vas a ser el administrador si te interesa”. Con esta frase, el abogado Constantino Díaz González empezó su relato ante el titular del juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, en el que compareció en condición de imputado por fraude fiscal junto a su esposa. En su intención por eludir responsabilidades, destacando su condición de hombre de paja de una de las sociedades infractoras (Beltraex Nexo), el testimonio de este letrado de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid terminó destapando una trama superior.
“Los socios dirigían esta sociedad, si quiere le digo el nombre de los socios, señoría. Están unos arquitectos bastante importantes que son los hermanos Arnáiz, Leopoldo Arnáiz y Juan Arnáiz”. Trece minutos de declaración bastaron para apuntar al entramado societario vinculado al arquitecto Leopoldo Arnáiz Eguren, burgalés de 64 años, a través del cual canalizó los pagos recibidos del Banco Santander, a pesar de que este conocido urbanista fuera contratado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para diseñar su plan urbanístico, el mismo que reclasificó los terrenos adquiridos por el Banco Santander en este municipio madrileño para levantar la Ciudad Financiera.
El juzgado número 35 de Madrid trabaja con las pruebas que demuestran la relación existente entre el Banco Santander y el arquitecto que cambió la utilidad urbanística de las más de 230 hectáreas compradas anteriormente a precio de suelo rústico. Esa vinculación, por la que Arnáiz ya fue denunciado e imputado en 2001, dio pie al conocido como caso Ciudad Financiera, del que fue absuelto en octubre de 2010. Sin embargo, esta nueva derivada judicial ha tenido acceso a nuevas pruebas, entre otras las aportadas por su antigua socia Rosa Llano, prima del testaferro delator, imputada también por blanqueo de capitales en la causa que se resuelve en este juzgado.
Sobre este punto, un portavoz oficial del Banco Santander prefierió no hacer declaraciones, al considerar que se trata de una causa sub iúdice, en la que además ya han participado como testigos las personas de la entidad que han sido requeridas por la juez. Del mismo modo, un responsable de Arnáiz Consultores evitó manifestarse sobre este asunto en concreto, un caso que además considera ya viejo y que todavía está pendiente de resolverse en los juzgados.  
El caso que ahora se dirime en el 35 se remonta a una inspección rutinaria de la Agencia Tributaria, que detectó ciertas irregularidades en Beltraex Nexo, empresa tapadera de Leopoldo Arnáiz. Creada en 2002, esta sociedad vendió meses después, en febrero de 2003, sus acciones a otra empresa, Fersa Gestión, administrada por Félix Ruiz Salinas (otro testaferro) y controlada a su vez por otra firma (Gloser) vinculada al urbanista. En esa transmisión de acciones, tanto el vendedor como el comprador defraudaron 811.000 euros, según el Ministerio de Hacienda, delito que dio lugar a la denuncia de mayo de 2009 que inicia toda la causa posterior, con Constantino Díaz y Félix Ruiz imputados por fraude fiscal.
Préstamos en efectivo y facturas al Banco Santander
La investigación de Hacienda también detectó que durante 2003 Beltraex Nexo ingresó en efectivo dos préstamos de 1,26 millones de euros, “aparentemente sin causa justificada”, según reza el último auto de la Audiencia, y emitió cuatro facturas por valor de 1,9 millones a una filial del Banco Santander llamada Cezosa, la sociedad creada por la entidad para comprar los terrenos que albergan su Ciudad Financiera. A Hacienda no le cuadraron esas facturas tan importantes para una empresa sin empleados, emitidas por unos trabajos de asesoría urbanística. A partir de ese punto, la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Delitos Económicos se personaron en la causa y Constantino Díaz se sintió acorralado.
Según recoge el sumario del caso, el 2 de febrero de 2010, delante de juez, el testaferro explicó que los trabajos facturados los hizo “la familia Arnáiz”, unos “arquitectos muy importantes” que gestionaban “un gran grupo societario”. Constantino tiró de la manta y señaló también a su prima, la empresaria Rosa Llano, a quien responsabilizó de meterle en este lío. Este testimonio dio pie para que el urbanista y su exsocia fueran imputados y llamados a declarar. El arquitecto burgalés se negó en primera instancia, pero su antigua colaboradora descubrió ante la juez la guerra judicial que mantenía con Arnáiz, a quien había denunciado en 2009 en tres juzgados (el 4 y el 11 de lo Mercantil y el 39 de Instrucción) por un delito societario y para impugnar las cuentas de ocho empresas donde compartían intereses, aunque eran administradas por testaferros.
Antes de llegar al Banco Santander y a su Ciudad Financiera, el juzgado número 35 de Madrid descubrió el verdadero sentido dentro de la trama de Beltraex Nexo, en la que Constantino Díaz, aunque era el administrador, sólo tenía el 0,0083% de las acciones. El 74% de la sociedad era de Leopoldo Arnáiz; un 10% de su hermano Alfonso; otro 4,99% de otro hermano, Juan; y el 10% restante de Rosa Llano, la denunciante en las otras causas. La empresaria se había querellado porque la sociedad, controlada por el arquitecto, había realizado unas operaciones sin que ella como socia minoritaria tuviera voz ni voto.
Esa pelea entre socios por las operaciones de Beltraex Nexo lleva a la juez hasta la Ciudad Financiera. La sociedad pantalla pagó 3,1 millones de euros para comprar tres parcelas propiedad de Cezosa, la filial de suelo del Banco Santander, entre 2003 y 2006. Estas parcelas sumaban 26.600 metros cuadrados y eran restos de la nueva sede corporativa de la entidad. Todo cambió en 2008, cuando Beltraex revendió esas tres parcelas por 2,2 millones a Gamavila, sociedad que entonces administrabaCarlos Serrano Altimiras, otro testaferro de Leopoldo Arnáiz imputado por estafa en otro juzgado de Madrid, y que ahora lleva su hermano Juan. Esa nueva sociedad pantalla estaba a su vez participada por Gamayalde Sociedad Consultora, de la que el urbanista de Boadilla del Monte llegó a controlar el 90% del capital, pero donde su exsocia ya no participaba.
El traspaso de activos tenía un sentido. Gamavila no se quedó con las tres parcelas. Dos de ellas (números 22.445 y 22.439 del Área Boadilla Sur) fueron vendidas en mayo y septiembre de 2008 al propio Banco Santander, su dueño original, por 18,6 millones de euros (a Beltraex le costaron 1,8 millones). Mientras, en la tercera parcela (finca 22.444), Gamavila construyó un edificio (Alhambra), que en mayo de 2012 fue vendido a otra empresa filial, Santander Global Facilities, por 77,6 millones. En total, a través del entramado de sociedades pantalla, Leopoldo Arnáiz facturó 96 millones al Banco Santander con tres operaciones de activos que antes fueron de la entidad.