La Transición Energética en España…¿Para Cuándo?
Natalia Fabra, Profesora Titular en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, es miembro de Economistas Frente a la Crisis
Los combustibles fósiles – petróleo, carbón y gas –representan más del 80%
del consumo energético mundial. Las fuertes inversiones en energías
renovables no han evitado que hoy el mundo sea más dependiente de los
combustibles fósiles de lo que lo era a principios de siglo.
Tampoco la evidencia
científica creciente – y contundente – sobre el avance del cambio
climático ha sido suficiente para frenar el avance de los combustibles
fósiles. Sus emisiones están causando el aumento en la concentración de
carbono en la atmósfera, y con ello, están contribuyendo al
calentamiento de los océanos, la disminución de los volúmenes de nieve y
hielo, y la elevación del nivel del mar. Al daño medioambiental hay que
sumar los efectos que los fenómenos atmosféricos extremos asociados al
cambio climático – sequías, inundaciones, tifones – tienen sobre el
aumento de la pobreza y los conflictos en las regiones menos desarrolladas del planeta.
Es por tanto urgente impulsar una
transición energética a escala global que reduzca nuestra dependencia de
los combustibles fósiles. Ello no implica renunciar al crecimiento
económico. Muy al contrario, las inversiones que posibilitan la
transición energética pueden constituir un fuerte estímulo económico que
nos libere del estancamiento secular en el que parecen estar sumidas
nuestras economías. ¿Qué otras actividades tienen el mismo potencial
para estimular el crecimiento económico y la generación de empleo de
forma sostenible?
La política, clave para la transición energética
Transiciones energéticas ha habido
muchas a lo largo de la historia: de la biomasa al carbón, del carbón al
petróleo, y del petróleo a la electrificación. Cada una de estas
transiciones desencadenó importantes cambios en los sistemas
productivos, de calefacción y de transporte, permitiendo la consecución
de tasas de crecimiento y niveles de bienestar antes no conocidos.
Ahora estamos ante una transición
energética de naturaleza distinta. El respeto al medioambiente es el
mayor bien público que se pueda concebir: las emisiones de cada país
afectan a todos los demás sin que ninguno de ellos de forma unilateral
tenga incentivos a reducirlas. Por ello, y a diferencia de las
anteriores, esta transición energética no se producirá de forma
espontánea, o en cualquier caso, no al ritmo que exige la urgencia de
frenar el cambio climático. Esta transición energética, a diferencia de
las anteriores, sólo tendrá lugar si hay voluntad política a escala
global y esfuerzos coordinados para que se lleve a cabo.
La transición energética en Europa… ¿y en España?
Históricamente, Europa ha sido pionera en la lucha contra el cambio climático. La estrategia Europa 2020
comprometía a los Estados Miembros con tres objetivos en materia de
clima y energía: reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto
invernadero, aumentar el peso de las energías renovables al 20% del
total del consumo energético, y mejorar la eficiencia energética en un
20% frente a los niveles de 1990. Los objetivos para 2030
recientemente aprobados – un 40% de reducción de emisiones y un peso
del 27% para las energías renovables a escala europea – aunque defraudaron las ambiciones iniciales,
mantienen a Europa a la cabeza de los compromisos frente al cambio
climático. El objetivo de reducir en un 80-95% las emisiones en el horizonte 2050
sigue estando vigente. Europa debe seguir aportando su ejemplo para que
el resto de regiones estén dispuestas a contribuir al bien público
global que supone mitigar el calentamiento global.
España, como parte de Europa, no puede
ni debe ser ajena a la transición energética. Otros países europeos ya
han acometido profundas reformas que facilitarán su transición
energética. En 2010, Alemania aprobó su Energiewende
con medidas para llevar a cabo una reducción de emisiones del 40% a
2020 y del 80% a 2050, con desglose por sectores y con objetivos
decenales. En 2011, el Reino Unido aprobó su Carbon Plan con compromisos similares a los alemanes, junto con una profunda reforma de su sector eléctrico. Más recientemente, en 2014, Francia ha aprobado su Transition Énergétique pour la Croissance Verte, calificada por su Ministra de Medio Ambiente como la “transición energética más ambiciosa en Europa”.
¿Y España? El último dato que se conoce
relativo al consumo de energía con origen renovable no alcanza el 15% de
la energía primaria. Europa anuncia sanciones
porque difícilmente cumpliremos nuestro compromiso de alcanzar el 20%
durante los cinco años que restan para 2020. Los recortes retroactivos
aplicados sobre las energías renovables ciertamente no contribuirán a
cumplir el objetivo. [1]
Poco se sabe sobre nuestros objetivos para 2030 – si es que los hay-
pero en cualquier caso habrá que cumplir con los compromisos europeos.
Es por tanto urgente definir ya una senda para la descarbonización, así
como poner en marcha medidas que la hagan posible. Quince años pueden
parecer muchos, pero la construcción de nuevas infraestructuras, la
readaptación de las existentes y el cambio en las pautas de producción y
consumo no se producen de la noche a la mañana.
La transición energética como oportunidad
Tiene que abordarse la transición
energética, no sólo por obligación comunitaria, sino sobre todo como
oportunidad para transformar nuestro modelo productivo hacia cotas
sostenibles y de mayor calidad al que alimentó la burbuja previa a la
crisis. La transición energética generaría externalidades positivas para
el conjunto de la economía al permitir la generación de empleo
cualificado y contribuir a la creación de tejido industrial y
empresarial. El fomento de actividades tales como el desarrollo y
despliegue de las energías renovables; la construcción y rehabilitación
de viviendas más eficientes desde un punto de vista energético; el
tratamiento y la gestión de residuos; la gestión forestal para el
aprovechamiento de la biomasa y la prevención de incendios, serían –
entre muchas otras – una fuente importante de nuevos puestos de trabajo.[2]
Además, estas actividades serían un buen candidato para generar empleo
en aquellas comarcas donde se concentra la extracción y combustión de
combustibles fósiles, permitiendo un cambio gradual en su modelo
productivo. El carácter distribuido de algunas de estas actividades – de
forma significativa, el despliegue de las energías renovables o la
gestión de los bosques – también favorecería el cambio estructural en
zonas rurales donde hasta hace poco dominaban las actividades agrícolas.
El papel del sector eléctrico y de las energías renovables en la transición energética
El sector eléctrico está llamado a
desempeñar un papel central en la transición energética por su potencial
para reducir las emisiones de carbono. No sólo porque genere una
importante parte de las emisiones totales y tenga por tanto recorrido
para reducirlas, sino porque además es el único sector capaz de
incorporar a las energías renovables en la dieta energética del país. La
electricidad, al ser el vector común de todas las energías primarias,
hace posible el uso de las energías renovables allí donde de otro modo
su uso sería impensable: si bien un coche no puede propulsarse sólo por
la fuerza del viento, sí lo puede hacer con la electricidad generada en
parques eólicos. Por ello, las energías renovables no sólo contribuyen a
la reducción de emisiones en la generación eléctrica, sino también en
actividades tan contaminantes como el transporte o la calefacción. La
contribución del sector eléctrico a la reducción global de emisiones se
traducirá a su vez en un aumento en la demanda eléctrica, que habrá de
ser cubierta con energías renovables y con mejoras en la eficiencia. La
conclusión no tiene matices: sin el mantenimiento de la senda de
inversión en energías renovables, no será posible profundizar en la
transición energética en España.
Las energías renovables presentan una
curva de aprendizaje con fuerte pendiente que está acercando sus costes a
los de sus alternativas térmicas. Si bien la energía solar fotovoltaica
lidera la bajada de costes, con una caída acumulada del 75% en el
precio de los módulos desde finales de 2009, otras tecnologías –
notablemente la eólica terrestre – ya han reducido sus costes medios
incluso por debajo de los costes marginales (es decir, sin incluir los
costes de inversión) de producir electricidad con gas en las centrales
de ciclo combinado. Pero para que la pendiente de esta curva se
consolide, consolidando la industria española y el tejido empresarial
que la sustenta, es necesario mantener un ritmo de inversión mínimo que
no frene la destrucción del tejido ya creado, del know-how, y
del empleo asociado. Para ello es imprescindible restituir la seguridad
jurídica de quienes invirtieron en las primeras generaciones de energías
renovables en España, seguridad que han perdido tras los sucesivos
recortes retroactivos aplicados sobre sus retribuciones. Sin esa
restitución, será casi inviable retomar la senda de inversiones iniciada
en España 2005.
En el mundo se está dedicando una cantidad creciente de recursos a la inversión en energías renovables. Según IRENA,
en 2014 se invirtieron 264.000M$ en energías renovables, 50.000M$ más
que en el año anterior. Esto ha abierto un gran mercado para las
empresas españolas que, gracias al esfuerzo inversor realizado en
España, han adquirido una ventaja competitiva, situándose en la
vanguardia mundial. Desmantelar la industria renovable en España tendría
como otro de sus costes irreparables la pérdida de esta oportunidad de
negocio y de creación de empleo para nuestras empresas.
Pero los altos precios que actualmente
se pagan por la electricidad en España no dejan mucho hueco para nuevas
inversiones. Por ello, para profundizar en la transición energética,
resulta indispensable realizar una auditoría regulatoria del sector para
identificar aquellas partidas de costes no justificadas. No cabe
alargar aquí la discusión pero sí mencionar, por su importancia, un
hecho: la regulación vigente en el mercado eléctrico español
sobre-retribuye la electricidad generada en las centrales nucleares e
hidroeléctricas. De restituirse el marco jurídico en el que se llevaron a
cabo las inversiones en estas centrales, se liberarían entre
2.000-3.000M€ anuales que permitirían retomar las inversiones necesarias
para llevar a cabo la transición energética sin presionar al alza el
coste de la electricidad para hogares e industria.[3]
El mayor peso de las renovables en el
mix eléctrico exige un cambio de paradigma regulatorio en el sector.
Bajo un mix con más del 40% renovable en 2020 y creciente en años
siguientes, el precio del mercado eléctrico – a cero la mayor parte de
las horas y seguramente muy elevado durante unas pocas – poco o nada
tendrá que ver con los costes de las distintas tecnologías que concurren
en el suministro eléctrico. Además, los incentivos para las inversiones
tanto en nueva potencia renovable, como en centrales térmicas,
necesarias como capacidad de respaldo, serán nulos o escasos. La
transición energética en España exige, no ya una transición regulatoria
en el sector eléctrico, sino un auténtico golpe de timón.
***
[1] 2014 ha sido testigo del parón de las inversiones renovables en España: sólo se instalaron 7MW fotovoltaicos y 30MW eólicos.
[2] Los informes del IDAE “Empleo asociado a las energías renovables 2011-2020” y de la Fundación Biodiversidad
“Estudio empleo verde en una economía sostenible” cuantifican,
respectivamente, el empleo generado en el sector de las energías
renovables, y más en general, en los sectores relacionados con el
medioambiente.
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