¿Por qué Asturias no tiene presidente y Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha sí?
Los acuerdos entre la izquierda en las tres regiones contrastan con la velocidad de crucero de la política en el Principado
Angel Falcón-Asturias 24
Las negociaciones entre las fuerzas de la izquierda que auparon a los candidatos socialistas de Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha a la presidencia nada tienen que ver con lo que se está produciendo en Asturias. El repaso al diálogo entre Podemos y PSOE en las tres comunidades reflejan una velocidad muy superior a la de Asturias y una actividad que en el Principado no ha tenido lugar. La base de las conversaciones fueron documentos programáticos (ratificados ante notario en Castilla-La Mancha) o decálogos de propuestas promovidos por Podemos que fueron posteriormente matizados y confirmados en Aragón y Extremadura. Todo ello con encuentros públicos y publicitados: en Extremadura, los interlocutores volcaron en las redes públicas una grabación del encuentro. La comparación con lo sucedido en Asturias en estas últimas cinco semanas parece ridícula. Las medidas de acuerdo son muy similares en las tres regiones, con un gran componente social, de transparencia, recortes de privilegios y planes anticorrupción.
CASTILLA-LA MANCHA
El acuerdo entre el PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha está compuesto por 13 puntos que fueron ratificados ante notario por el presidente Emiliano García-Page y José García Molina (Podemos). El documento incorpora ayudas de emergencia social y el salario social. También un plan de rescate habitacional que prevé la paralización de desahucios de los deudores de buena fe sin alternativa, una auditoría pública con la creación de una Cámara de Cuentas similar a la Sindicatura de Cuentas asturiana y la paralización de privatizaciones de servicios. Además una auditoría de los sistemas sanitarios y de privatizaciones, una constante en el Gobierno de Cospedal.
El acuerdo incluye un plan contra la pobreza energética y la malnutrición infantil, la recuperación de empleo público en Educación y Sanidad y mejoras en la Dependencia. En materia tributaria propone una reforma tributaria que afecta al impuesto sobre patrimonio, supresión de bonificaciones en el IRPF y en el impuesto de sucesiones y donaciones.
El documento aporta múltiples avances en la Ley de transparencia. ¿Ejemplos? Una web institucional que refleje los sueldos, la ejecución presupuestaria mensual, limitación de altos cargos y contratos de alta dirección, contratos mercantiles y de libre designación. También una reforma de los modos de contratación. Y una ley de participación ciudadana, con la creación de un escaño ciudadano. El escaño ciudadano, una singularidad extremeña, prevé canalizar por vía parlamentaria las peticiones solicitadas por la ciudadanía de forma individual o colectiva, de forma directa al parlamento.
Además prevé la reforma del estatuto con la creación de figuras como el Defensor de la Ciudadanía, el Observatorio Ciudadano y la ya citada Cámara de Cuentas. Y la supresión de los aforamientos.
EXTREMADURA
Las negociaciones entre el ya presidente Guillermo Fernández Vara y el secretario general de Podemos, Álvaro Jaén, tuvieron una puesta en escena inédita. Fueron grabadas y difundidas a través de las redes sociales. Podemos envió un decálogo al PSOE con los diez capítulos básicos para un acuerdo de investidura, que Vara confirmó y complementó. Una consulta posterior online de los simpatizantes de Podemos ratificó el acuerdo con el apoyo del 44% de los votos. Al comienzo de las negociaciones, Jaén reclamó a Vara reducir su nómina y la de los altos cargos de la Junta al triple del Salario Mínimo. El acuerdo final fue rebajado: percibirán el salario medio que se establezcan en otras comunidades autónomas.
El documento final recoge muchas medidas sociales. La lucha contra los desahucios se ejecutará a través de una Ley de Emergencia Social de la Vivienda y una Ley de minímos vitales que sirva para pagar facturas de luz y agua. Respecto a la Ley de Dependencia, se creará un grupo de trabajo para aplicarla en todos los niveles. En el apartado de Sanidad, se despolitizará la gestión sanitaria y en educación se propone paralizar la aplicación de la LOMCE y la contratación de más profesores. En el área de Democracia Participativa se creará un Consejo de Participación ciudadana.
Extremadura reducirá el número de puestos de confianza. Además los cargos públicos comparecerán en la Asamblea antes de su nombramiento definitivo para responder a las preguntas que los diputados les quieran hacer sobre su trayectoria profesional. Sobre los salarios de los cargos públicos y diputados, el PSOE sostiene que deber ser "dignos y razonables" y que "nunca escandalicen". También se limitará el uso de vehículos oficiales. Vara ha renunciado a su escolta personal y vivirá en la residencia oficial de Mérida.
ARAGÓN
En Aragón, el procedimiento de acuerdo fue muy similar al de Extremadura. El socialista Javier Lambán fue elegido presidente con el apoyo de Podemos, con Pablo Echenique al frente. Un acuerdo limitado a la investidura. Echenique envió un decálogo de medidas que fue la base de la negociación posterior, que recibió apenas unos matices.
El decálogo incluye un Observatorio Ciudadano para el cumplimiento de los acuerdos, que publique informes mensuales de actualización. Además un proyecto de Ley de lucha contra la corrupción y el clientelismo. Promueve una auditoría del gasto público y que “ninguna persona implicada en casos de corrupción pueda desempeñar un puesto de libre designación". Sobre los altos cargos y sus salarios, PSOE y Podemos han llegado al acuerdo general de que éstos no pueden cobrar más que un consejero. Una norma que solo se podrá incumplir en el 10% de los casos, si las circunstancias aconsejan contratar perfiles muy cualificados.
Entre las medidas antidesahucios se prevé que las entidades financieras que suscriban acuerdos de colaboración con el Ejecutivo no podrán promover desahucios sin alternativa habitacional. El decálogo incluye un plan para adelgazar la administración de altos cargos y que el ahorro se destine a recuperar las plantillas de Sanidad y Educación y a la mejora de los derechos laborales. Entre las medidas sociales, el Ejecutivo pagará la totalidad de los retrasos en programas que tienen que ver con la dignidad de las personas y el cumplimiento de los derechos humanos.
El documento prevé la reducción de las listas de espera y sanidad universal, paralización de la LOMCE y comedores escolares dignos y el fin de la pobreza energética. El único encontronazo entre PSOE y Podemos fue la petición de estos últimos de que fuese imposible acordar el corte de suministro de electricidad o gas, especialmente en casos de pobreza sobrevenida. Los socialistas adujeron que una sentencia en Cataluña podría desestimar ese punto. La radio y televisión pública también fue un caballo de batalla. Podemos pidió la despolitización del ente y el rechazo a que los servicios informativos siguiesen externalizados. El Gobierno realizará un estudio independiente sobre el coste de esta medida para ver si es asumible.
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